Monday, December 22, 2025
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Victoria Ciudadana rechaza ley que reconoce al no nacido como persona natural


Eva Prados Rodríguez, coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) (Dennis A. Jones)

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), junto a su Red de Salud Integral y Red de Género, rechazaron la firma por parte de la gobernadora, Jenniffer González Colón, del proyecto de ley que reconoce como persona natural, a efectos civiles, a todo ser humano concebido en el útero materno, sin importar la etapa de gestación.

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Según dijo el MVC en declaraciones escritas, la nueva ley limita los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y representa un retroceso en el marco de derecho, lo que generará conflictos jurídicos y en servicios de salud.

Eva Prados Rodríguez, coordinadora general de la colectividad, puntualizó lo siguiente: “La firma de la gobernadora al PS 504 es un error jurídico y político que tendrá graves consecuencias en la práctica de la medicina y en nuestro sistema legal. No sólo interfiere con los derechos humanos de las mujeres sino con la práctica médica, viola principios básicos de autonomía corporal y abre la puerta a litigios costosos que terminará pagando el pueblo de Puerto Rico. Así lo advirtió la comunidad jurídica en una carta firmada por más de 50 profesores de Derecho y la médica con la carta enviada por más de 300 ginecólogos, pediatras y profesionales de la salud”.

Por su parte, Diana de La Paz, médica de familia de la Red de Salud Integral, expresó: “Es muy peligrosa la legislación que se acaba de aprobar y sobre 300 médicos se lo advertimos a la gobernadora en una carta que incluía más de 10 ejemplos concretos de los impactos en la práctica de la medicina y servicios de salud para las mujeres. Desde los casos de embarazos no viables o con malformaciones letales, donde la medida podría dar paso a que parejas o exparejas interfieran en decisiones médicas necesarias, obligando a continuar gestaciones que impactan la salud física y emocional de la persona embarazada. De igual forma, el riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por razones médicas y destacan que la medida podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en casos de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante”.

De la Paz también sostuvo que “esta ley expone a profesionales de la salud a procesos penales y administrativos por ejercer su criterio clínico, creando un efecto de miedo que limitará el acceso a servicios médicos esenciales. No se llevaron a cabo vistas públicas, ni se consultó a la comunidad médica ni jurídica. Sabían que no pasaba el cedazo de lo que un servicio de salud debe proveer a una mujer embarazada en cuanto a seguridad y prevención de enfermedad y muerte. Eso no es gobernar: es legislar desde la ignorancia y el fanatismo.”

Por su parte, Alice Pérez, psicóloga y portavoz de la Red de Género, afirmó que el Proyecto del Senado 504 carece de fundamentos científicos y de un análisis serio de su impacto legal, ignorando advertencias de sectores médicos, de salud mental, legales y de derechos civiles.

“Es totalmente falso que este tipo de medidas tenga el efecto de proteger la familia y mucho menos la vida. Atenta contra las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir sobre sus cuerpos y su salud, mirándolas como máquinas de reproducción en un país que no puede asegurarle ni siquiera los servicios esenciales para cuidar de un embarazo. Aquí lo que vemos es a grupos particulares imponiendo sus creencias religiosas y obligando a través de leyes a los que no creen igual sin importarle las consecuencias”, señaló Pérez.

Prados además catalogó como un “engaño al país” que el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobara esta legislación, ya que esto no era parte de su programa de gobierno.

“La mayoría del pueblo de Puerto Rico no votó por este ataque directo a nuestros derechos más básicos y eso quedó demostrado por la oposición generada a esta medida”, aseguró la licenciada.

Finalmente, el MVC, a través de su Red de Género y su Red de Salud, reiteró su compromiso de denunciar esta pieza legislativa en todos los foros necesarios y de acompañar las acciones legales y comunitarias que surjan.

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