La Legislatura Municipal aprobó una ordenanza mediante la cual el municipio expresa su respaldo oficial a una iniciativa de ciudadanía española reparatoria para los puertorriqueños, y exhorta al Gobierno de España y a su Parlamento a considerar una medida de reconocimiento histórico.
La acción de la asamblea municipal de Aguadilla fue justificada en el marco del 250 aniversario de la fundación del pueblo.
La ordenanza, presentada por el legislador municipal Rafael Valle Ortiz, fue aprobada el 4 de noviembre de 2025 y firmada por el alcalde Julio Roldán Concepción al día siguiente, según consta en la certificación oficial emitida por la Legislatura Municipal.
El documento declara el apoyo del municipio a una propuesta que busca reconocer a los puertorriqueños como descendientes directos de ciudadanos españoles, en virtud de los lazos históricos, culturales y genéticos entre Puerto Rico y España, y en atención a la pérdida de la ciudadanía española tras el Tratado de París de 1898, firmado sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño.
Como parte de la ordenanza, se autoriza al alcalde a enviar copia certificada de la medida al Embajador del Reino de España en Estados Unidos y al Consulado General de España en Puerto Rico, como muestra del respaldo institucional del municipio a la iniciativa.
La legislación municipal sostiene que Puerto Rico y España comparten más de cuatro siglos de historia común, idioma, religión y tradiciones culturales, y cita estudios genéticos contemporáneos que apuntan a un alto grado de ascendencia española en la población puertorriqueña, particularmente de regiones como Andalucía, Castilla, Canarias y Galicia.
El respaldo del municipio se produce en momentos en que desde la academia se impulsa una propuesta para que España evalúe una Ley de Nacionalidad Reparativa para Puerto Rico, inspirada en la legislación aprobada en 2015 para los descendientes de judíos sefardíes.
El planteamiento ha sido promovido por el jurista y académico Rafael Maldonado de Guevara, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, quien ha argumentado que el Estado español tiene una responsabilidad moral con los puertorriqueños desnaturalizados tras 1898.
Según ha explicado el académico en entrevistas previas, la propuesta permitiría, de forma voluntaria e individual, que los descendientes de puertorriqueños de esa época soliciten la nacionalidad española sin renunciar a la ciudadanía estadounidense, tras demostrar su vínculo genealógico y cumplir con requisitos básicos de conocimiento sobre España.
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas en Puerto Rico. Una de las voces que rechaza la iniciativa es la del abogado, Gregorio Igartúa.
La ordenanza aprobada en Aguadilla aclara que su alcance es simbólico y de reconocimiento histórico, sin efectos legales vinculantes ni relación con debates de estatus político o soberanía, y que forma parte de los actos conmemorativos del aniversario del municipio.
