Luego de casi cuatro meses desde la muerte de Joan Ivette Meléndez Vega a manos del convicto Hermes Ávila Vázquez, todavía no hay una auditoría final sobre cómo este obtuvo la libertad por un privilegio del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo la Ley 25 para personas con condiciones terminales de salud.
Según la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, UTI Corp, la empresa a cargo de la auditoría al proveedor privado para servicios médicos, Physicians Correctional Services (PCS), todavía no ha culminado el proceso de análisis del expediente médico del asesino. Además, la funcionaria no cuenta con información que le asegure la finalización de la auditoría.
“Son 50 tomos de expedientes médicos que tiene (UTI) confinado hasta el momento de su reingreso, verdad. Y dentro de esos expedientes médicos ellos han estado trabajando duramente con finalizarlo. Hasta el día de hoy yo no tengo información que me certifique que lo han culminado”, explicó Escobar.
UTI Corp, además, trabaja simultáneamente una auditoría sobre los casos de convictos que habían participado del beneficio de pase extendido por condición de salud bajo la Ley 25.
La secretaria aclaró que “cualquier información que surja con relación al caso de Hermes Ávila Vázquez se estará compartiendo directamente con el Departamento de Justicia”. De hecho, la auditoría preliminar de la empresa, que contó con los primeros expedientes analizados, fue referida directamente por UTI a Justicia, a través del DCR. Todavía falta el referido final de la auditoría en curso.
El DCR no es el único ente con dilaciones en el proceso sobre Ávila Vázquez, pues en la vista de antelación celebrada el pasado 18 de julio, fiscales le informaron a la jueza Heidi Kiess que todavía esperaban informes y resultados provistos por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), por lo que la jueza emitió órdenes para facilitar la entrega de estos informes.
“Hay un informe de la sección de análisis y reconstrucción sobre una evaluación y una evidencia que levantaron y (también) una comparación que falta de la sección de serología. Dependiendo cuál sea el informe, hay estudios que conllevan más tiempo, otros que conllevan menos tiempo. Obviamente, tenemos que ser conscientes de eso”, explicó el fiscal Juan Ayala a los medios de comunicación.
Metro Puerto Rico se comunicó con una portavoz del Departamento de Justicia, pero no quiso ofrecer detalles sobre el caso del convicto hasta “luego de que finalice” la pesquisa.
“No tengo información del caso actual que se está ventilando en el Tribunal de Arecibo. La información que tengo es sumamente escasa”, confesó la secretaria de Corrección.
La jueza Kiess convocó otra vista de antelación al juicio el 6 de agosto a las 9:30 a.m.
¿Cambio previsto?
A preguntas de Metro sobre la posibilidad de un cambio de compañía de servicios de salud correccional —Physicians Correctional Services— Escobar Pabón detalló que el DCR se encuentra bajo un proceso de análisis con relación a recomendaciones emitidas por UTI Corp y la investigación administrativa que realizó la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional.
“En ambos casos las recomendaciones van dirigidas a asuntos y aspectos puramente administrativos. Una de las cosas que estamos trabajando actualmente es la redención de posibles enmiendas a las cláusulas actuales o contractuales del contrato que tenemos con Physicians Correctional…y si nosotros encontramos y tenemos hallazgos que vayan a evidenciar una violación u omisión de cumplimiento de esas cláusulas contractuales, pues obviamente estaremos en disposición de requerrir la cancelación del contrato o presindir del mismo….obviamente no presindes de un contrato si no tienes evidencia sustancial de que ha habido una violación”, concluyó.
De vuelta tras las rejas
El pasado 27 de junio, el DCR informó que de los 21 casos de confinados que para abril pasado disfrutaban de un pase extendido bajo la Ley 25, nueve reingresaron al sistema correccional, luego que Ávila Vázquez asesinara a Meléndez Vega. Según Corrección, hasta el día de hoy no han reingresado nuevos confinados.
Además, desde el fatal desenlace, a los participantes del Programa de Pase Extendido por Condición de Salud se les instaló brazalete electrónico.
Según la agencia, como parte de las acciones correctivas a raíz del caso que conmocionó la isla, se constituyó un Comité Evaluador en la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios para analizar los reglamentos y normativas vigentes sobre el privilegio de Ley 25.