En el inicio de la nueva sesión legislativa, La Fortaleza remitió a la Legislatura la segunda parte de la propuesta de Reforma Contributiva de la gobernadora Jenniffer González Colón, una medida que, según González Colón, busca reducir la carga impositiva de la clase media trabajadora y dejar más dinero en el bolsillo de los contribuyentes de cara al ciclo de radicación de planillas de abril.
La propuesta contempla duplicar la deducción por dependiente de $2,500 a $5,000, reducir las tasas contributivas aplicables a la clase media sin eliminar beneficios vigentes y limitar la tasa marginal más alta, de 33%, únicamente a ingresos mayores de $150,000. De acuerdo con el gobierno, esta última disposición impactaría a menos del 0.2% de la población.
El proyecto también plantea la simplificación del sistema contributivo mediante la eliminación de reglas consideradas complejas y propone que las rebajas se sostengan con medidas de ahorro en el gasto público.
No obstante, desde el sector académico se levantaron advertencias sobre el alcance real de la propuesta. El economista Heriberto Martínez sostuvo que la medida “no constituye” una reforma contributiva estructural, sino principalmente un ajuste de tasas.
“Esto no es necesariamente una reforma contributiva. Esto es más un ajuste de tasa”, explicó.
Martínez reconoció que la reducción de tasas puede beneficiar a familias trabajadoras, pero advirtió que el proyecto incorpora disposiciones que generan preocupación, como la eliminación de la exención del IVU a placas solares y baterías, lo que, a su juicio, encarece la transición energética y contradice objetivos de desarrollo económico y sostenibilidad.
“Muchas familias de segmentos menos están utilizando financiamiento para poner placas solares en los techos de sus casas, para poner baterías en las marquesinas y de ese modo protegerse de la incertidumbre, del alto costo energético, a la misma vez que se protegen de la incertidumbre energética, porque no sabemos cuando se nos pueda ir la luz. Y por otro lado, tenemos también entonces la situación de que no incentivamos esa transición energética y lo que tenemos entonces es que pareciera haber una política pública en función de continuar quemando combustibles fósiles, cuando la realidad es que en Puerto Rico no tenemos petróleo, no tenemos gas y tenemos sol, todo el aire”, continuó el economista.
El economista también subrayó que cualquier reducción en los ingresos del gobierno debe estar acompañada de recortes claros y sostenibles en el gasto público, particularmente bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal (JCF). A su juicio, primero debió definirse el excedente real entre ingresos y gastos antes de rediseñar las escalas contributivas.
“Aquí lo que se debió haber llegado fue un acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico de cuánto ha sido el superávit o el excedente relacionado con los ingresos de contribuciones con los gastos del gobierno. Entonces, esa diferencia, determinar qué parte podemos ponerla en los bolsillos de los contribuyentes y a base de ese número creamos las nuevas escalas contributivas. Me parece que presentar primero el deseo de reducir las escalas contributivas sin presentar primero cuánto es el número que tenemos en exceso para poder distribuir no me parece que sea sano”, añadió.
Sobre el impacto inmediato para los contribuyentes, Martínez aclaró que, dado que la medida aún debe pasar por el trámite legislativo y la evaluación de la Junta, las planillas que se radiquen en abril deberán utilizar las escalas contributivas vigentes.
Sin embargo, de aprobarse la reforma en tiempo récord, la nueva estructura aplicaría al año contributivo 2025 y se reflejaría en las planillas que se radicarían ahora en abril.
Por su parte, desde el sector de los contadores públicos autorizados, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CPA), David Rodríguez, reconoció que la propuesta atiende reclamos históricos sobre las tasas contributivas y ajustes por inflación.
“Definitivamente sí hay una alternativa de unas reducciones en la responsabilidad contributiva que van a tener a través de los años, a través del tiempo, y eso nos agrada mucho”, indicó.
Rodríguez destacó que el proyecto también corrige distorsiones acumuladas por la inflación y atiende asuntos técnicos pendientes en el Código de Rentas Internas.
“Había unas exenciones, unas reducciones que a través de los años existían, pero la cantidad era fija. No importaba cuánto el dinero hubiera cambiado a través de la inflación. Ahora este proyecto atiende esa preocupación”, explicó.
Sobre la viabilidad de que la reforma aplique en este mismo ciclo de planillas, el CPA sostuvo que, según expresiones del secretario de Hacienda Ángel Pantojas, el escenario es posible.
“(El secretario de Hacienda) entiende que sí es viable, que posiblemente estarían dispuestos a extender el periodo de radicación por un tiempo adicional para poder cumplir con los cambios adicionales que se están tomando en la ejecución de los proyectos”, señaló Rodríguez.
Asimismo, el presidente del Colegio también reconoció que la reforma conlleva costos y cambios de política pública, particularmente en áreas como energía y arbitrios.
“Toda reforma va a tener un costo. No podemos cegarnos a eso. Aquí siempre hay unos ganadores y unos perdedores”, expresó.
Mientras tanto, Rodríguez recomendó a los contribuyentes comenzar el proceso de preparación de planillas bajo las reglas actuales, independientemente del resultado final del trámite legislativo.
“Hoy tenemos una ley, así que ya usted debe buscar su CPA, recopilar toda esa información financiera y tener su paquete ready. Luego usted decide si radica de inmediato o espera a que este proyecto se convierta en ley”, indicó.