La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, informó que la Cámara de Representantes federal aprobó un tercer paquete de asignaciones para el año fiscal 2026, el cual refleja un acuerdo bipartita entre los comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado.
El paquete incluye las leyes de asignaciones de Servicios Financieros y Gobierno General (FSGG) y de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados (NSRP), proveyendo fondos para agencias federales claves responsables de la política fiscal, la seguridad pública, justicia, la protección de fronteras, el combate al crimen transnacional y el liderazgo de Estados Unidos en la protección del hemisferio.
En cuanto a Puerto Rico, Boffelli destacó la asignación de $20 millones para la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA) destinados a continuar la construcción del anexo al la Corte Federal Clemente Ruiz-Nazario y Federico Degetau en Hato Rey, una infraestructura crítica para la operación segura y continua del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Esta asignación forma parte de un esfuerzo legislativo sostenido liderado por la gobernadora Jenniffer González Colón desde su tiempo en el Congreso.
Durante su gestión como comisionada residente, la gobernadora abogó y logró asegurar un total de $50.766 millones para este proyecto. Específicamente, en el año fiscal 2022, mediante la Consolidated Appropriations Act, 2022 (Ley Pública 117-103), el Congreso asignó $22.476 millones para trabajos de diseño y preparación del terreno. Posteriormente, en el año fiscal 2024, a través de la Proxima ley de asignaciones para el año 2024 (Ley Pública 118-47), se asignaron $28.29 millones adicionales, que incluyeron $3.02 millones para costos adicionales de diseño y $22.743 millones en financiamiento parcial para la construcción, entre otros gastos asociados. La asignación incluida en el presupuesto de 2026 da continuidad directa a este tracto legislativo y reafirma la prioridad federal de fortalecer la infraestructura judicial y la seguridad física de las instalaciones federales en Puerto Rico.
El proyecto de ley de FSGG provee $26.5 mil millones a nivel nacional, incluyendo $13.063 mil millones para el Departamento del Tesoro; $9.69 mil millones para el Poder Judicial federal, incluyendo $6.127 mil millones para tribunales de distrito y apelaciones y $892 millones para seguridad judicial; y $1 mil millones para la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA), con fondos dirigidos a desarrollo empresarial como es el State Trade Expansion Program (STEP por sus siglas en inglés), préstamos para pequeñas empresas, asistencia por desastres y programas para veteranos y empresarias mujeres. El programa de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario (CDFI) cuenta con un financiamiento de $188 millones beneficiando a nuestras cooperativas.
Asimismo, se asignan $299 millones para el programa de Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA) y $109 millones para el programa Drug-Free Communities, ambos esenciales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que impactan directamente a Puerto Rico y la región del Caribe. También se incluyen $416.122 millones para la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), $312.360 millones para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), y $45 millones para el programa de Subvenciones para la seguridad electoral de la Comisión de Asistencia Electoral
En el ámbito de seguridad nacional y política exterior, la ley de NSRP asigna $50.014 mil millones para las operaciones del Departamento de Estado y programas relacionados, incluyendo $16.6 mil millones para operaciones diplomáticas, $23.35 mil millones para programas de salud global, asistencia humanitaria e inversiones de seguridad nacional, y $8.9 mil millones para programas de asistencia de seguridad, de los cuales $1.4 mil millones se destinan a control internacional de narcóticos y cumplimiento de la ley, incluyendo $45 millones para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.
Boffelli resaltó que, como parte de los National Security Investment Programs, el Congreso incluyó fondos estratégicos para apoyar programas de democracia ante regímenes autoritarios y comunistas en el hemisferio. Estos incluyen $50 millones para Venezuela, $15 millones para Nicaragua y al menos $25 millones para Cuba, dirigidos a promover la libertad religiosa, fortalecer la sociedad civil y apoyar a prisioneros políticos y defensores de los derechos humanos. Estas inversiones reflejan una política exterior firme que defiende los principios democráticos y la estabilidad regional frente a amenazas a la seguridad nacional de la nación.
“La aprobación de este paquete es otro paso en la dirección correcta para financiar programas federales clave para Puerto Rico. Con la inclusión de $20 millones adicionales para el anexo a la Corte Federal Clemente Ruiz-Nazario y Federico Degetau, el Congreso reconoce la importancia de la continuidad a los esfuerzos de la gobernadora Jenniffer González Colón desde su tiempo como comisionada residente. Desde Washington, esta administración seguirá impulsando las iniciativas y programas federales que ayudan a nuestra gente”, expresó la directora ejecutiva Gabriella Boffelli.