La discusión sobre una reforma contributiva no admite liviandad ni improvisación. Se trata de uno de los temas más sensibles y estructurales para cualquier país, pues impacta directamente la estabilidad fiscal, la competitividad económica y la vida cotidiana de ciudadanos y empresas. Por eso, abordar este asunto desde la lógica del vaivén político o del cálculo electoral sería un error grave y una falta de responsabilidad con el país.
Puerto Rico necesita una reforma contributiva real, pensada a largo plazo y diseñada con seriedad técnica. Un gobierno electo tiene la potestad de adelantar su política fiscal, pero no basta con anunciar propuestas atractivas o con prometer alivios contributivos. Requiere que se explique con claridad cómo se compensarán los ingresos que el Estado dejaría de recibir. La discusión debe centrarse en datos, proyecciones y análisis responsables, no en consignas ni en narrativas diseñadas para ganar titulares.
En ese contexto, le corresponde al gobierno un deber ineludible: demostrar que cualquier propuesta contributiva es fiscalmente responsable, sostenible y compatible con la realidad financiera del país. Eso incluye, necesariamente, evidenciar que la reforma cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, entidad que hoy tiene un rol determinante en la política fiscal y presupuestaria. Pretender avanzar una reforma sin ese respaldo no solo es irreal, sino que genera incertidumbre, desconfianza y es irresponsable.
De igual forma, la oposición y los distintos sectores económicos y sociales tienen la responsabilidad de evaluar la propuesta con seriedad y sin apasionamientos políticos. Una reforma contributiva no debe ser rechazada o apoyada automáticamente por su origen partidista, sino por su contenido, su viabilidad y su impacto real en el desarrollo económico y la justicia contributiva.
Convertir este debate en un balón político sería hacerle un flaco servicio al país. La experiencia reciente demuestra que las decisiones fiscales tomadas sin análisis serios, sin rigor técnico y sin visión de futuro terminan profundizando los problemas que pretendían resolver. Si realmente aspiramos a un Puerto Rico más competitivo, justo y estable, la reforma contributiva debe ser tratada como lo que es: un asunto de país que exige madurez, compromiso y responsabilidad institucional. Veremos si cada quien asume su responsabilidad.
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