En vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado la presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, recomendó ajustes para aclarar disposiciones del Proyecto del Senado 912.
Álvarez Rubio señaló que el Artículo 1 creó una inconsistencia en las fechas de vigencia sobre el tratamiento contributivo de las compañías de responsabilidad limitada de un solo dueño, por lo que solicitó unificar el lenguaje para evitar contradicciones en su aplicación.
La medida forma parte de la segunda fase de la reforma contributiva presentada por la gobernadora.
En cuanto al Artículo 9, Álvarez Rubio advirtió que la exención contributiva a las distribuciones del Plan de Aportaciones Definidas para servidores públicos tendría efecto retroactivo a 2025, cuando ya se realizaron retenciones y se encontraban en proceso los informes informativos. Ante ese escenario, recomendó que el Departamento de Hacienda emitiera guías claras y concediera un plazo de entre 45 y 60 días a los agentes pagadores para ajustar sus sistemas de reporte conforme a los cambios que se adopten.
Durante el intercambio con los legisladores, la senadora presidenta de la Comisión, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó sobre el balance entre la medida y la competitividad fiscal.
Álvarez Rubio sostuvo que “lo que pasa es que el sector aumenta una tasa y va a ir dirigido a volvernos menos competitivos para ese sector en particular. Puede no destacar y desincentivar que personas sujetas a ese renglón puedan quedarse en Puerto Rico”.
Por su parte, la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino consultó si resultaba necesario extender el periodo de radicación de planillas ante los cambios propuestos.
El asesor de la Asociación de Bancos, Ángel Morales, respondió que “si van a haber cambios en la planilla, que van a necesitar que Hacienda no pueda hacer programaciones internas, va a ser necesario probablemente extender la planilla, pero esta es una opinión particular mía, habrá que esperar a ver qué cambios se hacen”.
Aval del sector contable y recomendaciones para la reforma
En la misma vista compareció como deponente David Rodríguez Ortiz, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, quien avaló el proyecto con enmiendas.
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“El Colegio de CPA está de acuerdo con el propósito general de este proyecto de ley y recomienda su aprobación, aunque reconoce que no constituye una reforma contributiva integral la cual se limita a beneficios a individuos, sin atender las contribuciones de corporaciones y otras entidades”, expresó.
Rodríguez Ortiz planteó que la medida representó un paso intermedio mientras se trabajaba una reforma más amplia y estructurada que atendiera de forma balanceada a individuos, corporaciones, entidades conducto, impuestos al consumo y contribuciones municipales. Entre las recomendaciones, indicó que cualquier incremento en la tasa máxima debía acompañarse de salvaguardas claras que promovieran estabilidad normativa y una evaluación periódica de su impacto sobre la inversión y el crecimiento económico.
Asimismo, sostuvo que el financiamiento de la reforma no debía recaer de forma desproporcionada sobre un solo grupo contributivo.
“Se sugiere que el financiamiento de la reforma no descanse de manera desproporcionada sobre este grupo, sino que se complemente con ahorros estructurales en el gasto público, revisión de exenciones ineficientes y mejoras en la captación del recaudo existente”, afirmó.
El deponente también subrayó que la redistribución de la carga contributiva debía balancearse con el desarrollo económico. “Si bien aliviar a la clase trabajadora y a la clase media es una meta legítima y necesaria, ese alivio no debe lograrse a expensas de erosionar la base de contribuyentes de altos ingresos que, además de aportar una porción significativa del recaudo, suelen ser motores de inversión, creación de empleo y actividad empresarial”, explicó.
En otro turno, el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago preguntó cuánto tiempo adicional se requería para trabajar las planillas bajo los ajustes propuestos. Rodríguez Ortiz respondió que no contaban con información suficiente para establecer plazos específicos.
“Sabemos que para el 15 de abril, con la información que tenemos, no es razonable, porque nosotros tenemos que instruir claramente a los contribuyentes sobre cuáles son las reglas. Hasta que nosotros no tengamos una ley final y firme, no podemos decir qué es lo que hay que hacer”, detalló.
Impacto económico y empleo según la Junta de Planificación
Desde el ámbito gubernamental, el presidente de la Junta de Planificación, el licenciado Héctor Morales Martínez, informó que la agencia no tuvo objeción al proyecto desde el punto de vista macroeconómico. Explicó que la inversión asociada al costo de la reforma contributiva para 2026 tendría un impacto directo, indirecto e inducido de $1,413 millones en producción local, la creación de 9,139 empleos y un ingreso salarial de $388.9 millones.
Morales Martínez indicó que la inyección económica impactaría sectores como servicios y gobierno, con la creación de 2,294 y 5,277 empleos directos, indirectos e inducidos, respectivamente. Además, sostuvo que la reforma contribuiría a mantener la estabilidad de los recaudos, ingresos y operaciones gubernamentales.
El funcionario añadió que las nuevas tasas contributivas beneficiarían a unas 790,000 familias, lo que representó cerca del 99.8 por ciento de los contribuyentes en Puerto Rico, con mayor alivio para la clase media y trabajadora.
Respaldo jurídico y deferencia del Departamento de Justicia
La medida también recibió respaldo del Departamento de Justicia. La licenciada Ketsy García Rosario compareció en representación de la agencia y concedió deferencia a los análisis presentados por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, por tratarse de entidades con peritaje técnico y fiscal.
Desde el plano jurídico, García Rosario expresó que “el P. del S. 912 se inserta adecuadamente dentro del marco normativo del Código de Rentas Internas”. Añadió que las enmiendas propuestas no crearon un esquema contributivo paralelo ni desarticularon la estructura existente, sino que atendieron aspectos específicos para precisar su alcance y viabilizar su ejecución administrativa.
Ante una pregunta de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, sobre la posible extensión en la radicación de planillas, la representante del Departamento de Justicia reiteró la deferencia a Hacienda.
“Es un asunto técnico y solamente ellos saben si el tiempo que resta va a ser suficiente para poder lograr todos los ajustes necesarios. En términos jurídicos sobre el particular no tenemos comentarios al momento”, concluyó.