Un colectivo de organizaciones urgió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a rechazar el aumento en la tarifa básica solicitado por LUMA Energy, que podría representar hasta $40 mensuales adicionales en la factura eléctrica, al considerarlo injusto para residentes, comercios e instituciones del país.
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Mediante un comunicado, el Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida sostuvieron que los abonados no deben ser penalizados por la incapacidad de LUMA de cumplir con sus objetivos de mejorar el servicio, reducir costos operacionales y modernizar la red eléctrica mediante el uso de fondos federales.
“El Negociado debe evaluar si el proceso de privatización ha cumplido con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir los costos de la tarifa, particularmente ante las reiteradas deficiencias en la coordinación entre LUMA, Genera y la AEE”, indicaron las organizaciones en comentarios públicos sometidos el 18 de diciembre ante el NEPR.
“Surge del récord de las vistas evidenciarias, particularmente de empleados de Luma, que a pesar de la disponibilidad de fondos federales para modernizar la red eléctrica y cubrir proyectos que Luma propone sufragar con dinero de los abonados, la empresa ha demostrado una falta sistemática de planificación y manejo de la gestión de dichos fondos”, aseveraron las organizaciones.
Añadieron que lo que sucede es que el operador carece de procesos claros y tiene deficiencias administrativas.
En los comentarios, los grupos expresaron preocupación por hallazgos surgidos en las vistas evidenciarias que apuntan a que la privatización ha resultado en más apagones, fallas operacionales persistentes, aumento de gastos e ineficiencias que afectan a los clientes, retrasan proyectos esenciales, limitan el acceso a fondos federales y erosionan la confianza ciudadana.
También denunciaron que LUMA pretende que los clientes prepaguen costos de trabajos y mantenimiento que podrían cubrirse con fondos federales, lo que podría constituir una doble compensación.
“Esto es éticamente inaceptable y contrario al deber de Luma de proveer un servicio asequible, eficiente y confiable. Por lo tanto, el NEPR debe rechazar cualquier intento de trasladar costos a los abonados y exigir que Luma maximice el uso de fondos federales antes de aprobar aumentos tarifarios, garantizando así transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos energéticos del país”, reza el escrito de Resumen de Comentarios Públicos.
Afirmaron que el Negociado debe rechazar una propuesta de Luma para eliminar la supervisión del ente rector sobre enmiendas presupuestarias y reasignaciones superiores al cinco por ciento de cualquier partida lo que le habría permitido que Luma mueva fondos a su antojo y altere los presupuestos aprobados. Dijeron que tanto Luma como Genera han mostrado patrones de ineficiencia y sobrecostos, por lo que la falta de control facilitaría desvíos de fondos y justificación de aumentos tarifarios. Rechazaron la petición del operador de reducir los informes trimestrales a tres, por ser contrario a los valores de transparencia y adecuada supervisión de las actuaciones del operador. Asimismo, aseveraron que el Negociado debe negar otra solicitud de Luma para que no haya análisis y seguimiento adicional de datos porque limitaría los procesos de fiscalización y monitoreo.
“Fue precisamente la falta de fiscalización y monitoreo uno de los factores que contribuyó al mal manejo y a reformas fallidas en el pasado”, puntualizaron.
Las organizaciones solicitaron que el Negociado incluya criterios para priorizar y evaluar proyectos que requieran fondos del gobierno federal o del pago de los clientes que se distancien de la Política Pública Energética de Puerto Rico que implica el mandato de que el 100 por ciento de la energía se produzca de fuentes renovables para el año 2050.
Plantearon que el Negociado no debe retroceder en el cierre de las Unidades 7-10 de la Central Termoeléctrica de San Juan—proyecto previamente rechazado también por el Departamento federal de Energía —porque reactivarlas implicaría una obra altamente onerosa e injustificada estimada en $125 millones. Mencionaron además que la estructura administrativa de Genera crea un conflicto de interés al beneficiarse directamente de la compra de gas metano “mientras se obstaculiza y retrasa la transición hacia energía renovable”.
“De no atender estas preocupaciones, los abonados seguirán asumiendo cargas financieras u operaciones de una red eléctrica obsoleta. Las organizaciones indican que, a través de este caso el NEPR, debe asegurarse que los abonados tengan acceso a energía confiable, asequible y resiliente. Reiteraron que un estudio de Queremos Sol de Cambio y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) confirmó que es posible maximizar el uso de techos para conseguir 75% de energía mediante generación distribuida (placas solares en techos en conjunto con baterías) sin la dependencia de combustibles fósiles que elevan las facturas y contradicen el mandato de Política Pública.
Reclaman más vistas públicas
Las organizaciones objetaron que el NEPR solo haya programado cinco vistas públicas, excluyendo regiones clave como el sureste, el oeste, la zona central y las islas municipio de Vieques y Culebra, pese al impacto económico y social del asunto.
Las vistas se celebrarán la primera semana de febrero en los siguientes municipios: 2 de febrero en Vega Alta, 3 de febrero en Cidra, 4 de febrero en Fajardo, 5 de febrero en San Juan (presencial y virtual) y 6 de febrero en Yauco.
Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a participar en las vistas y a someter comentarios en o antes del 6 de marzo, fecha límite establecida por el Negociado. Para ello, indicaron que está disponible una plantilla en el enlace https://linktr.ee/QueremosSolPR. Las personas interesadas en participar en la vista híbrida deberán registrarse el día anterior, 4 de febrero.
Las organizaciones cuentan con el apoyo legal de Earthjustice, la licenciada Ruth Santiago y Pedro Saadé Llorens.