Representantes de la industria solar, el sector industrial y la construcción coincidieron en que el Proyecto de la Cámara 1014, mejor conocida como la ‘Reforma Contributiva’, tendría efectos adversos en el acceso a la energía renovable, el costo de la vivienda y la actividad económica, al proponer la eliminación de exenciones contributivas actualmente vigentes.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico respaldó la reducción de tasas contributivas como principio general, pero recalcó que debe hacerse como parte de un análisis completo del sistema fiscal. En su ponencia, el grupo planteó que la eliminación de exenciones contributivas sin un análisis integral del impacto económico podría trasladar costos adicionales a consumidores y empresas.
“La Asociación de Industriales respalda la reducción de tasas contributivas, pero ello debe ser hecho como parte de un análisis del sistema completo de Puerto Rico, cónsono con nuestra posición institucional”, expresaron en su memorial.
Los industriales aconsejaron contra la redistribución de cargas contributivas hacia sectores productivos y contra el aumento en costos asociados a tecnologías limpias.
“Objetamos la redistribución de cargas impositivas a renglones de contribuyentes que aparentan ser los renglones productivos. Objetamos que se incremente el costo de adquisición de equipos solares y vehículos eléctricos”, plantearon.
La organización sostuvo que cualquier reforma debe preservar incentivos que promuevan la inversión, la competitividad y la sostenibilidad económica.
“Apoyamos un proceso de reforma contributiva que pueda incluir asuntos cubiertos en esta medida, pero que preserve incentivos fiscales que favorezcan la inversión productiva, promuevan la competitividad y vincule la política tributaria con objetivos de sostenibilidad”, indicaron.
Por su parte, la Asociación de Constructores advirtió que los altos costos contributivos y municipales continúan siendo una barrera para la producción de vivienda asequible en la Isla. En su ponencia, señalaron que la disponibilidad de viviendas existentes no responde a las necesidades reales del mercado.
“Aunque pensemos que hay una gran cantidad de viviendas desocupadas, la inmensa mayoría de las mismas no cumplen con requisitos de códigos y habitabilidad y por ende no representan opciones financiables o seguras para lo que esperan y necesitan nuestras familias”, expuso la organización.
Los constructores identificaron como factores principales el alto costo de construcción, la escasez de mano de obra y el encarecimiento del financiamiento, al tiempo que subrayaron que el gobierno sí tiene margen para revisar la política contributiva local.
“Puerto Rico no puede controlar ni mitigar costos de importación de materia prima, aranceles federales, el costo del mercado de la mano de obra y muchas otras variables. Pero el gobierno de Puerto Rico sí puede reformular la ley y la política pública vigente, para diferir, uniformar y reducir los cargos y costos estatales y municipales aplicados a la vivienda”, sostuvieron.
La entidad planteó que, en muchos municipios, la ausencia de proyectos de vivienda formal responde precisamente a la carga contributiva vigente.
“Nos debemos cuestionar si seguiremos aplicando una carga tan onerosa de arbitrios y cargos a los proyectos de desarrollo, en una estructura que desalienta la inversión de capital y el financiamiento de los mismos”, añadieron.
En cuanto a los cambios propuestos al sistema contributivo individual, la Asociación de Constructores expresó respaldo parcial.
“Vemos muy positiva en la legislación propuesta, la reducción en la carga contributiva de individuos trabajadores que ven reducida su tasa contributiva en el presente proyecto de ley”, indicaron, al destacar que mayores ingresos disponibles fomentan el consumo y dinamizan la economía.
No obstante, rechazaron medidas que alteran la política pública energética, como la eliminación de incentivos relacionados a energía solar y vehículos de energía alterna.
“Se deja sin efecto, a partir del 1 de julio de 2026, el reintegro de arbitrios sobre vehículos impulsados por energía alterna o combinada. Ciertamente, esto es un cambio en la política pública energética del gobierno que no favorecemos”, afirmaron.
“A la vez, se elimina la exención contributiva vigente del IVU a los equipos, piezas y accesorios de energía solar. Esto es, igualmente, un cambio en la política pública energética del gobierno que no podemos favorecer”, añadieron.
Anteriormente, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) había advertido ante la Comisión de Hacienda en el Senado que aunque respalda el objetivo general de reducir la carga contributiva para la clase trabajadora y la clase media, ese propósito no debe financiarse mediante nuevos impuestos a tecnologías de energía renovable
En este ocasión, indicó que el proyecto deroga la exención al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) aplicable a la venta y arrendamiento de sistemas solares y baterías, lo que, a su juicio, encarecería una tecnología que ya funciona como un servicio esencial para miles de familias.
“El objetivo general de establecer tasas contributivas más justas y progresivas es un fin que todo el pueblo apoya. No obstante, ese buen fin no puede estar financiado imponiendo impuestos a las ventas ni los arrendamientos de sistemas solares, sus baterías y demás componentes”, expuso Javier Rúa Jovet, primer oficial de política pública de SESA.
La entidad sostuvo que, de aprobarse la medida según redactada, un sistema promedio con baterías podría aumentar su costo en miles de dólares, afectando particularmente a familias de ingresos bajos y moderados. Según la organización, cerca del 60% de los hogares con sistemas solares pertenecen a ese renglón económico.
“Los sistemas solares con baterías son un bien de primera necesidad en Puerto Rico. Es un servicio crítico mediante el cual la gente salva sus vidas y sus economías de una red inestable y cara”, señaló Rúa Jovet.
SESA también alertó sobre el impacto en los contratos de arrendamiento solar, utilizados por la mayoría de los clientes. La organización indicó que imponer IVU a esos contratos representaría aumentos mensuales que se extenderían por décadas, alterando acuerdos ya firmados.
SESA recalcó que el sector solar ha generado una inversión privada estimada en miles de millones de dólares y sostiene miles de empleos directos en la isla, por lo que imponer nuevas cargas contributivas podría desacelerar una de las pocas industrias en crecimiento.
El Proyecto de la Cámara 1014 continúa bajo evaluación legislativa como parte del proceso de discusión de la reforma contributiva.