La gobernadora Jenniffer González Colón sometió el lunes a la Legislatura un proyecto de ley para enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, con el fin de simplificar y modernizar el proceso de reglamentación en las agencias del gobierno.
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El Proyecto de Administración 107 enmienda la Ley 38-2017, que rige la adopción de reglamentos en el gobierno de Puerto Rico, y busca establecer cambios al trámite vigente para aumentar la participación ciudadana, reducir costos administrativos y uniformar los procesos de publicación y revisión de reglamentos.
La medida propone la creación del Boletín de Reglamentos y del Código de Reglamentos de Puerto Rico, como plataformas digitales centralizadas para la publicación de avisos reglamentarios y la compilación de todos los reglamentos vigentes en un solo compendio.
Entre los cambios incluidos en la legislación se establece el requisito de una Declaración de Costos Estimados cuando un reglamento tenga impacto fiscal sustancial, afecte la competitividad de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones o incida sobre el sector privado. En esos casos, se aplicaría un proceso alterno de reglamentación negociada.
El proyecto también incorpora el mecanismo de reglamentación negociada, mediante el cual las agencias podrán sostener un diálogo estructurado con los sectores impactados antes de la publicación de un reglamento, así como medidas para reforzar el cumplimiento del deber de revisar periódicamente los reglamentos vigentes.
Además, se establece un proceso expedito para la derogación de reglamentos mediante notificación formal al Departamento de Estado, la adopción por referencia de regulaciones federales, requisitos de lenguaje claro en los reglamentos y límites a la discreción reglamentaria de las agencias conforme a su ley habilitadora.
La medida dispone que los ciudadanos podrán solicitar vistas públicas sobre reglamentos propuestos y emitir comentarios dentro de un término máximo de 30 días, quedando la celebración de la vista a discreción de la agencia.
El proyecto fue desarrollado como parte de las iniciativas de revisión reglamentaria y eficiencia gubernamental impulsadas bajo la Orden Ejecutiva OE-2025-009 y queda ahora bajo consideración de la Asamblea Legislativa.