El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó a las fiscales Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón para iniciar una investigación a fondo sobre posibles actuaciones de la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, relacionadas con el uso indebido de fondos públicos, trascendió el miércoles, 28 de enero de 2025.
La designación se produjo luego de que el Panel acogiera la recomendación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, tras la culminación de una investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, conforme a la Ley 2-1988.
La investigación preliminar tuvo su origen en una comunicación remitida el 29 de mayo de 2025 al Departamento de Justicia por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, en la que solicitó investigar un posible uso indebido de fondos públicos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones.
Según la información provista, el señalamiento está relacionado con el pago de una bonificación única y no recurrente a 65 empleados exentos de la Comisión Estatal de Elecciones durante el mes de abril de 2025.
Concluida la investigación preliminar y tras evaluar la prueba recopilada y el derecho aplicable, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor determinó que existe causa suficiente para creer que Padilla Rivera incurrió en conducta constitutiva del delito de malversación de fondos públicos, según tipificado en el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.
Asimismo, se determinó que existe causa suficiente para creer que la entonces presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones incurrió en una violación al Artículo 4.2(b) de la Ley Número 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
El Panel facultó además a las fiscales designadas para proceder conforme a derecho respecto de cualquier otro funcionario que, como resultado de la investigación, surja que pudo haber incurrido en violaciones de ley relacionadas con estos hechos. La presidenta del Panel, Ygri Rivera Sánchez, no participó de este asunto.