La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés), Annette Martínez Orabona, reiteró la oposición de la organización al Proyecto del Senado 923, que enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para redefinir el concepto de “ser humano” como el “concebido en cualquier etapa de gestación”, y exhortó a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar la medida.
Aunque el proyecto fue enmendado durante su trámite legislativo para especificar que la nueva definición no debe alterar el derecho al aborto en Puerto Rico, la ACLU sostuvo que mantiene su rechazo a la medida por entender que no contó con una discusión adecuada ni con la participación de todas las partes afectadas.
“Aunque el Proyecto del Senado 923 fue enmendado como parte de su trámite expedito en la Legislatura, para especificar que la alteración en la definición de ‘ser humano’ en nuestro Código Penal aplica a instancias que no deben alterar el derecho al aborto en Puerto Rico, la ACLU de Puerto Rico mantiene una postura en contra de esta medida y exhorta a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar el proyecto”, dijo Martínez Orabona.
Martínez Orabona señaló que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de forma expedita y sin celebrar vistas públicas, lo que, a su juicio, coarta el derecho participativo y deja al país sin un historial legislativo claro que permita interpretar correctamente la intención de la ley en un tribunal. Indicó que, de surgir controversias judiciales, debería constar de manera oficial que el proyecto no tiene relación con el derecho al aborto, responsabilidad que —afirmó— el liderato legislativo no cumplió.
“El Senado, como ha hecho costumbre desde el pasado año, aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas. Igual proceder tuvo la Cámara de Representantes, añadiendo enmiendas de forma apresurada (…) Este proceder no solo coarta el derecho participativo que enmarca la democracia, si no que nos deja desprovistos de un récord o historial legislativo que recoja de forma oficial esas expresiones”.
La directora ejecutiva de la ACLU advirtió además que, aunque el proyecto plantea en su exposición de motivos la intención de armonizar disposiciones civiles y penales, su efecto real ha sido generar incertidumbre y confusión jurídica. Recordó que, tras la radicación de la medida, la propia gobernadora expresó públicamente su intención de retirarla al entender que se había presentado por error y que el asunto ya estaba cubierto por la legislación que se buscaba armonizar.
“Aunque el Proyecto del Senado 923 busca, según su exposición de motivos, mantener coherencia entre disposiciones civiles y penales, el efecto real es haber creado incertidumbre y confusión (…) La gobernadora tiene ante sí los elementos suficientes, incluyendo su propio récord público, para vetar este proyecto”, concluyó.