Durante casi siete décadas, Cuba no ha sido simplemente una excepción ideológica en el hemisferio occidental. Ha operado como un adversario estratégico persistente: socavando los intereses de Estados Unidos, exportando autoritarismo, desestabilizando gobiernos democráticos y sirviendo como plataforma para potencias hostiles que buscan influencia en nuestra región.
Hoy, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de presión sostenida que, si se mantiene con claridad y determinación, puede finalmente lograr lo que generaciones de cubanos han sido privados de alcanzar: el fin de una dictadura fallida y una verdadera transición hacia la democracia. Con Venezuela ya neutralizada como principal patrocinador regional, Cuba se perfila como la segunda ficha de dominó y su caída transformaría profundamente el equilibrio geopolítico de las Américas.
Desde la toma del poder en 1959, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha estado guiada por un objetivo estratégico claro: negar legitimidad, recursos e influencia regional a un régimen cuya ideología, conducta y alianzas son incompatibles con las normas democráticas y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Las sanciones y el aislamiento diplomático no fueron concebidos como castigos, sino como instrumentos de política exterior destinados a limitar a un gobierno que eliminó el pluralismo político, reprimió a su pueblo y se alineó sistemáticamente con los adversarios de Estados Unidos.
Durante décadas, el régimen cubano sobrevivió no porque su sistema generara prosperidad o libertad, sino porque fue subsidiado por patrocinadores externos. Primero por la Unión Soviética y, más recientemente, por Venezuela bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A cambio de petróleo subsidiado, Cuba exportó servicios de inteligencia, operadores políticos y asesoría en seguridad interna, reforzando regímenes autoritarios más allá de sus fronteras mientras evitaba asumir las consecuencias de su propio fracaso económico.
Ese sistema de apoyo externo se ha derrumbado.
El colapso económico de Venezuela provocado por la corrupción, la mala gestión y el autoritarismo, cortó la principal línea de vida de Cuba. Estados Unidos ha reforzado esta realidad al cerrar vías de suministro energético ilícitas, sancionar intermediarios y eliminar mecanismos de evasión. El resultado es evidente: escasez crónica de combustible, apagones generalizados, contracción económica y una población cada vez más consciente de que los fracasos del régimen son estructurales, no impuestos desde el exterior.
Algunos críticos sostienen que la presión genera sufrimiento. Pero ese argumento pasa por alto una realidad fundamental: el Estado cubano no es una víctima pasiva de las circunstancias. Es un actor activo en la desestabilización regional.
Durante décadas, Cuba ha entrenado y apoyado movimientos revolucionarios, interferido en los asuntos internos de países soberanos y sostenido regímenes autoritarios en América Latina y otras regiones. Ha dado refugio a fugitivos de la justicia, facilitado rutas de narcotráfico y permitido redes de trata de personas que explotan a poblaciones vulnerables. Sus servicios de inteligencia han cooperado durante años con Rusia y, más recientemente, con China, otorgando a potencias adversarias acceso estratégico en el Caribe, a apenas 90 millas de las costas estadounidenses.
Estos no son agravios históricos. Son hechos actuales con consecuencias reales para la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.
Lo que distingue este momento de intentos anteriores es el apalancamiento estratégico. Cuba ya no cuenta con un benefactor capaz de sostener su disfunción. El antiguo pacto del régimen estabilidad mínima a cambio de obediencia política se ha desmoronado. Lo que queda es represión sin recursos, ideología sin credibilidad y poder sin legitimidad.
La historia demuestra que los sistemas autoritarios rara vez caen únicamente por elecciones o diálogo. Caen cuando la realidad económica expone las mentiras políticas, cuando las élites se fragmentan y cuando los ciudadanos superan el miedo. Esa convergencia ya es visible en Cuba.
Las consecuencias geopolíticas de un éxito serían profundas.
Una Cuba democrática fortalecería de inmediato la seguridad nacional de Estados Unidos al eliminar una plataforma hostil de inteligencia y presencia militar en el Caribe. Interrumpiría redes criminales transnacionales que han utilizado la isla como corredor permisivo. Reduciría de forma significativa la proyección estratégica de Rusia y China en el hemisferio occidental, en un momento de creciente competencia entre grandes potencias.
A nivel regional, desmontaría el mito de que el socialismo autoritario es inevitable o permanente en América Latina. Daría impulso a reformistas, desalentaría movimientos revolucionarios y reafirmaría que la libertad, el Estado de derecho y los mercados abiertos, no la represión, son la base de la prosperidad y la dignidad humana.
Y, sobre todo, permitiría al pueblo cubano recuperar su futuro. Una Cuba postdictadura podría convertirse en un socio, no en un adversario: integrada a la economía hemisférica, gobernada por instituciones democráticas y basada en el respeto a la libertad individual y los derechos humanos.
Este momento exige determinación. La presión sin propósito fracasa. Pero la presión basada en principios, alineada con una estrategia clara y acompañada de una visión de transición democrática, puede cambiar la historia.
La caída de la dictadura cubana marcaría el fin de uno de los regímenes adversarios más longevos de las Américas. Confirmaría el compromiso de Estados Unidos con la libertad no solo como discurso, sino como política. Y enviaría un mensaje inequívoco: el hemisferio occidental pertenece a los pueblos libres, no a ideologías fracasadas.
Ahora no es el momento de retroceder.