En días recientes, la Legislatura de Puerto Rico aprobó un “alivio contributivo” de aproximadamente $500 millones. Este se presenta como un bono de consolación luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ilustrara al gobierno lo ridícula que era la mal llamada “Reforma Contributiva”. Para muchos, recibir un cheque de $500 o $1,000 en el correo parece una victoria, pues se interpreta como un alivio; en realidad, es un anuncio políticamente atractivo, pero fiscalmente irresponsable. Tal como ha advertido Proyecto Dignidad, esta reforma es un “desastre fiscal” en potencia: no es fiscalmente neutral y provoca una pérdida permanente de ingresos sin identificar mecanismos recurrentes para compensarla. Es un error clásico de gestión de las administraciones pasadas: ¡estamos quemando el capital de inversión en gastos corrientes!
En la industria, cuando existe un sobrante de fondos, la gerencia tiene dos caminos. El primero es repartir un bono especial único. El empleado se alegra y normalmente lo usa en un tiempo corto, pero el lunes regresa a la planta con las mismas máquinas viejas, procesos ineficientes y costos operacionales que suben cada mes. Peor aún, esta improvisación viola la Sección 204(c) de la Ley PROMESA y pone en riesgo el Plan de Ajuste de la Deuda. Un gobierno que juega con las finanzas públicas pone en peligro los servicios esenciales y las pensiones, como ya ha sucedido varias veces en el pasado.
El segundo camino es reinvertir ese dinero en mejor mantenimiento, automatización o reingeniería. Esto es lo que garantiza que el negocio sea sostenible, que bajen los costos de producción y que el empleado tenga un salario competitivo de forma continua, no por unos pocos días.
Puerto Rico se encuentra hoy en esa misma encrucijada. Repartir $500 millones en cheques one-time es, técnicamente hablando, un desperdicio de energía. Es un parcho para mitigar el dolor de una economía asfixiada por un sistema eléctrico poco confiable y una burocracia municipal redundante. Tirar ese dinero a gasto es como llenarle el tanque de gasolina a un motor que tiene una fuga de aceite: tarde o temprano, terminará “desvielado”.
Si aplicamos la visión de Reingeniería del Gobierno que establece el Plan de Gobierno de Proyecto Dignidad, esos $500 millones no deberían ser un regalo efímero. Ese dinero puede ser el capital semilla necesario para costear la transición hacia la regionalización. Rediseñar el país para consolidar 78 estructuras administrativas en menos regiones eficientes tiene un costo inicial, pero el ahorro recurrente permitiría una baja de contribuciones real, profunda y para siempre. No podemos seguir administrando la escasez; tenemos que administrar la eficiencia.
Devolverle al ciudadano un cheque de $500 mientras se le sigue cobrando una de las tarifas de luz más caras del mundo por un servicio mediocre es, en esencia, devolverle una pequeña fracción de lo que el propio sistema le roba por su ineficiencia. En ingeniería, el que gasta su capital de inversión en gastos corrientes está firmando el cierre de su empresa a largo plazo. Puerto Rico no necesita “bonos de consolación” que sigan hipotecando el futuro; necesitamos un rediseño total para transformar el motor de nuestra administración pública. Con una quiebra ya es suficiente. Es hora de que la ejecución venza a la retórica y que la responsabilidad fiscal sea la brújula que guíe nuestra reconstrucción.