El juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, absolvió al enfermero Eduardo Meléndez Velázquez de todos los cargos criminales relacionados con la muerte del biólogo Roberto Viqueira Ríos, ocurrida el 15 de julio de 2025 en la urbanización Estancias de Yiomar, en Yauco.
Durante la lectura de su fallo, el juez explicó que el análisis de los vídeos de seguridad fue determinante para establecer la secuencia de los hechos y la conducta de las partes involucradas.
Según expuso, la evidencia visual demuestra que la víctima no ingresó a la residencia del acusado y que los disparos se realizaron desde la vía pública.
“Se entiende inequívocamente que la víctima en este caso estaba mirando a la otra parte mientras se dirigía hacia la acera. El video se desprende bien claramente que nunca entró al patio, fue una entrada de la jugosplayera, salió hacia la calle, tocando acera hacia la calle, y el ángulo de los disparos se ve claramente que la víctima en este caso disparó tres veces, con el ángulo hacia el acusado”, expresó el juez al detallar su evaluación de la prueba visual.
El tribunal también abordó el uso de armas de fuego por ambas partes y señaló que estas se encontraban legalmente autorizadas conforme a la legislación vigente en Puerto Rico. En ese contexto, el juez explicó que el hecho de que ambas armas fueran letales no altera el análisis sobre la conducta defensiva del acusado.
“Teniendo en consideración que tenemos dos armas legales en Puerto Rico… Una Glock 40 es un arma letal, la otra arma también es letal, de hecho es el arma que se le asigna a la policía de Puerto Rico”, indicó el juez antes de anunciar su determinación final .
“El tribunal estaría en todos los cargos, acudiendo a la defensa, planteada defensa propia, y lo estaría absorbiendo de todos los cargos”, declaró el juez.
Previo a la lectura formal del fallo, la sala tuvo que entrar en receso luego de que la viuda del biólogo, Moshayra Vicente Cruz, reaccionara de forma emocional cuando el juez adelantó parte de su análisis. La mujer rompió en llanto y gritó que acudieron al tribunal en busca de justicia, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el proceso.
El caso surgió tras una disputa vecinal de años entre la víctima y el imputado, relacionada con conflictos por ruidos, la construcción de una verja y otros incidentes ocurridos desde 2020 y 2021, los cuales se ventilaron previamente por la vía civil sin querellas criminales. El día de los hechos, el altercado se originó por la colocación de una bocina en el techo de la residencia del acusado que emitía sonidos de coquíes.
Durante el juicio, el patólogo del Instituto de Ciencias Forenses, Carlos Chávez, testificó que la víctima murió de forma instantánea y que el examen toxicológico reflejó un nivel de alcohol de 0.19 % en su organismo.