El representante por acumulación Ramón Torres Cruz afirmó que, de no acoger el Departamento de Justicia la solicitud para designar un Fiscal Especial Independiente (FEI) en la investigación relacionada con presuntas irregularidades en un centro de inspección de vehículos en Yabucoa, acudirán a otros foros con jurisdicción.
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Las expresiones de Torres surgieron luego de que, junto a la representante Swanny Vargas Laureano, entregó una carta a la secretaria de Justicia solicitando una investigación criminal ante alegaciones públicas sobre posibles conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada por parte de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, en un centro de inspección regulado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Durante entrevista en Metro al Mediodía, el legislador cuestionó que la gobernadora haya delegado inicialmente la pesquisa al DTOP, al entender que esa agencia es parte del asunto.
“La gobernadora designó al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas para que trabajase esta situación y ciertamente no es el Departamento de Transportación y Obras Públicas quien viene llamado a investigar”, sostuvo .
Torres argumentó que el DTOP regula los centros de inspección, impone multas y ha intervenido en el caso, por lo que, a su juicio, no debe ser la entidad que conduzca la investigación.
“Ciertamente, la secretaría de justicia es quien por ley y por constitución viene llamada a hacer todo y cada una de las investigaciones que tengan que ver con las alegaciones que hay aquí”, añadió.
El representante también hizo referencia a una declaración jurada que circula públicamente y que, según dijo, menciona posibles delitos adicionales, incluyendo alegadas represalias contra la persona que investigó inicialmente el caso.
“Para disipar toda duda, toda sombra que ha generado toda esta situación y que sea el país el que se entere de lo que está pasando, mi contención es que sea la secretaría de justicia junto con los fiscales, los que investiguen, determinen si hay delito envuelto y si lo hay, radiquen los cargos. Pero si no lo hay, que también lo digan al país y liberen de cualquier culpa a cualquier persona”, expresó .
No obstante, Torres fue enfático en que la solicitud al Departamento de Justicia no es la única vía que contemplan.
“No solamente la secretaría de justicia tiene jurisdicción, aquí hay jurisdicción de ética gubernamental, de la Oficina de la Inspectora General, del propio Departamento de Justicia Federal, porque las transacciones se hacen a través del internet. Así que no descartamos que en un momento dado, si (justicia) no recibe la solicitud, el curso que entendemos debe tomar es hacer referidos a otros tipos de agencias”, indicó.
El legislador reiteró que, aunque confía en que Justicia actuará, no permanecerán inactivos si la agencia decide no investigar.
“Pero queremos, confiando en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, confiando en la Secretaría de Justicia, que sea ella la que comienza la investigación”, sostuvo .
Además, confirmó que paralelamente radicaron una resolución de investigación en la Cámara de Representantes.
“Paralelo a lo que hicimos hoy en el Departamento de Justicia, (radicamos) una resolución de investigación para investigar esta situación en la cámara. Las consecuencias son totalmente distintas. Justicia investiga para erradicar, nosotros lo investigamos para legislar que no vuelva a suceder”, explicó.