La jueza federal Laura Taylor Swain extendió hasta el 15 de abril de 2026 el plazo para que reclamantes vinculados a la fase de daños del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación informen si aceptan o rechazan la oferta de acuerdo presentada en el proceso de quiebra del gobierno bajo el Título III de PROMESA.
La determinación surge de una orden emitida el 15 de enero de 2026 en el caso del Estado Libre Asociado ante el Tribunal de Distrito federal para Puerto Rico, mediante la cual se modifican los términos originalmente establecidos para contestar la propuesta económica.
El nuevo término vence a las 11:59 p.m. (AST) del 15 de abril de 2026. Conforme a la orden, cualquier respuesta recibida después de esa fecha será considerada como un rechazo de la oferta.
La propuesta, autorizada previamente por el tribunal en 2025, reconoce una reclamación permitida de $25,000 por familia —no por individuo— sujeta al tratamiento dispuesto en el Plan de Ajuste confirmado en el proceso de quiebra. Al tratarse de una reclamación general no asegurada, la cantidad efectiva a distribuir dependerá del porcentaje aplicable bajo el plan vigente.
Procedimiento adicional para quienes no acepten
La orden también autoriza la implementación de un mecanismo de validación para los reclamantes que no acepten la oferta. Esas personas deberán completar una Solicitud de Información de Educación Especial, mediante la cual tendrán que proveer documentación que sustente su reclamación.
Entre los documentos solicitados podrían incluirse evidencia del programa educativo individualizado (PEI) u otra certificación profesional relacionada con el diagnóstico, descripción de servicios alegadamente no provistos y estimación de daños reclamados.
El término para someter esa información será de 75 días desde la notificación correspondiente, con la posibilidad de solicitar una extensión adicional conforme a los parámetros establecidos por el tribunal.
Si el Estado no puede validar que el reclamante presentó una prueba de reclamación válida dentro del proceso del Título III, podrá atender la reclamación mediante los mecanismos de conciliación u objeción disponibles en el caso de quiebra.
El pleito Rosa Lydia Vélez fue presentado en 1980 y posteriormente certificado como pleito de clase en representación de estudiantes del Programa de Educación Especial y sus familias. La fase de daños quedó sujeta al proceso de quiebra del gobierno tras la radicación del caso bajo PROMESA en 2017.
Cuando la oferta económica fue presentada el año pasado, organizaciones de padres y la representación legal de los demandantes expresaron objeciones públicas en torno a la cuantía propuesta y al hecho de que el ofrecimiento se estructurara por núcleo familiar.
Las familias que ya aceptaron la oferta no deben realizar ninguna gestión adicional bajo esta nueva orden.