El arresto reciente por coerción y seducción de un menor y posesión de pornografía infantil vuelve a estremecer al país. Según la información pública, el contacto con la víctima comenzó a través de chats en aplicaciones sociales y escaló hasta la coordinación de un encuentro. Las autoridades federales indicaron que continúan investigando para identificar posibles víctimas adicionales.
Más allá de los detalles particulares, que ahora están en manos del tribunal, el patrón es preocupantemente familiar: contacto digital directo, manipulación progresiva y desplazamiento de la conversación a espacios más privados. No fue un encuentro casual; fue una interacción facilitada por diseño tecnológico.
Este caso reabre un debate que no es exclusivo de Puerto Rico. En distintas jurisdicciones del mundo, se discute si la respuesta debe ser prohibir el acceso de menores a redes sociales. Australia aprobó legislación para impedir cuentas a menores de 16 años, y varios estados en Estados Unidos han intentado imponer restricciones similares. En Europa, el énfasis ha sido elevar estándares de diseño y reforzar la verificación de edad. El consenso internacional es claro en una cosa: el modelo actual de plataformas y menores está bajo cuestionamiento.
En Puerto Rico, sin embargo, la conversación sobre una prohibición absoluta es cuesta arriba. Es mi parecer que una restricción general enfrentaría, tal y como ha pasado en algunos estados, impugnaciones inmediatas bajo la Primera Enmienda, los derechos parentales y la cláusula de comercio interestatal. No basta con la urgencia moral del momento; la norma tiene que resistir escrutinio constitucional.
Eso no significa inacción; significa estrategia. En vez de aprobar prohibiciones vulnerables, el país puede exigir verificación de edad auditada, desactivar por defecto mensajes entre adultos y menores, imponer obligaciones de ‘privacy by design’ y fortalecer la Ley 185 de 2024 con deberes específicos para plataformas. Puede, además, incorporar educación digital obligatoria en las escuelas.
La discusión no es si proteger; es cómo hacerlo de forma jurídicamente sólida y técnicamente efectiva. Proteger, sí. Improvisar, no.