El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó el Proyecto del Senado 1096, una medida que propone establecer una nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico” y derogar la actual Ley 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La radicación del proyecto fue adelantada inicialmente por Bonita Radio.
La pieza legislativa plantea una reorganización estructural del Poder Judicial que incluye cambios en la administración interna de los tribunales, la eliminación de la categoría de jueces municipales y la creación de un Patronato del Poder Judicial con facultad para recibir donativos y subvenciones.
El proyecto propone sustituir el marco legal vigente desde 2003 por una nueva ley que, según su Exposición de Motivos, busca atemperar la estructura judicial a los retos actuales y delimitar las facultades administrativas conforme a la Constitución.
Además, enmienda la Sección 1051 del Código de Rentas Internas para establecer un crédito contributivo por donativos a la Fundación del Patronato del Poder Judicial. También introduce enmiendas a la Ley Notarial y a la Ley del Negociado de Traducciones.
Eliminación de la categoría de juez municipal
Uno de los cambios principales es la eliminación de la categoría de juez municipal. La medida dispone que todos los adjudicadores del Tribunal de Primera Instancia sean clasificados como jueces superiores.
La exposición de motivos indica que esta modificación persigue uniformar la estructura judicial y optimizar la asignación de recursos. El proyecto incluye disposiciones transitorias para que los jueces municipales en funciones continúen ejerciendo hasta que el Tribunal Supremo adopte la reglamentación correspondiente.
Modelo de coadministración entre el Supremo y su Presidencia
El proyecto redefine la administración del Poder Judicial al establecer expresamente un modelo de coadministración entre el Tribunal Supremo en pleno y su Juez Presidente.
Según el texto, el Tribunal Supremo adoptaría las reglas para la administración de los tribunales y el Juez Presidente dirigiría su ejecución conforme a esa reglamentación.
Entre las áreas sujetas a reglamentación se incluyen la asignación y traslado de jueces, la creación de oficinas administrativas, los procesos de compras y la operación de oficinas de prensa y comunicaciones dentro del Poder Judicial.
Creación del Patronato y Fideicomiso del Poder Judicial
La medida crea el Patronato del Poder Judicial y un Fideicomiso adscrito a este organismo.
El propósito principal del Patronato sería asistir en la conservación, preservación y restauración de las estructuras donde opera el Poder Judicial.
La Junta de Directores estaría compuesta por nueve miembros: el Presidente del Tribunal Supremo; el director de la Oficina de Preservación del Poder Judicial; el director ejecutivo de la Asociación de Abogados; el director ejecutivo del Colegio de Abogados; y cinco miembros en representación del interés público nombrados por el Tribunal Supremo.
El Fideicomiso podría recibir donativos, aportaciones y subvenciones públicas o privadas, además de negociar contratos y administrar fondos conforme a las disposiciones establecidas en la ley.
Salas especializadas y traducciones oficiales
El proyecto dispone la designación de salas especializadas en asuntos contributivos y delitos económicos en la Región Judicial de San Juan; salas especializadas en asuntos hipotecarios en varias regiones judiciales; y salas especializadas en reclamaciones de seguros cuando el Gobernador decrete un estado de emergencia.
Asimismo, refuerza las funciones del Negociado de Traducciones del Tribunal Supremo, incluyendo la traducción al inglés de decisiones y reglamentos, con términos específicos para su publicación digital.
Reacción del Colegio de Abogados
Tras la radicación del proyecto, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico informó que solicitó formalmente al presidente del Senado la celebración de vistas públicas amplias e inclusivas sobre la medida.
El Colegio indicó que realizará un análisis del proyecto y escuchará a su matrícula antes de emitir una posición oficial. Además, sostuvo que la magnitud de la reforma propuesta requiere un proceso de discusión amplio que incluya a la comunidad jurídica y a la academia.