Los demandados en la acción federal presentada por Daddy Yankee y Los Cangris, Inc. solicitaron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico que desestime las reclamaciones bajo la Ley federal RICO, argumentando —entre otras cosas— que la controversia se parece más a un conflicto contractual y patrimonial que a un caso de crimen organizado.
En escritos radicados el 23 de febrero de 2026, el productor Rafael A. Pina-Nieves, su exesposa Mireddys González Castellanos y corporaciones vinculadas al entorno empresarial impugnaron la suficiencia jurídica de la demanda y pidieron que, de caerse los reclamos federales, el tribunal decline jurisdicción suplementaria sobre las reclamaciones bajo ley estatal.
Argumento de prescripción
La defensa de Pina-Nieves sostiene que los reclamos civiles bajo RICO están sujetos a un término prescriptivo de cuatro años y que, bajo su teoría, el demandante habría tenido conocimiento de asignaciones y porcentajes impugnados con anterioridad a 2025, por lo que la demanda radicada el 29 de noviembre de 2025 sería tardía.
“No es racketeo”: plantean disputa patrimonial
Por separado, González Castellanos argumenta que el caso no describe un esquema de crimen organizado, sino que constituye un capítulo adicional de la disputa por la división de la sociedad legal de gananciales litigada en el foro estatal, y que la demanda intenta reencuadrar asignaciones de derechos y “publishing splits” como “racketeering activity”.
La defensa de González también alega que, conforme a la ley federal de derechos de autor, las transferencias de titularidad requieren instrumentos escritos y firmados, y sostiene que la propia demanda reconoce acuerdos y documentación firmada que reflejarían asignaciones de porcentajes en obras específicas, por lo que —según su postura— no se configura un “predicate act” de fraude federal.
World Music Latino: un solo acto no establece “patrón”
La corporación World Music Latino Corp. solicitó desestimación al alegar que la demanda y el RICO Case Statement solo le atribuyen un acto predicado, cuando la ley RICO exige al menos dos actos para establecer un “pattern of racketeering activity” respecto a cada demandado.
Las mociones también resaltan que los tribunales aplican escrutinio riguroso en pleitos RICO y que, cuando se alegan actos predicados de fraude, las reclamaciones deben detallar con particularidad las comunicaciones y representaciones supuestamente fraudulentas.