La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley este sábado el Proyecto de la Cámara 473 (P.C. 473), una medida que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer que las multas de tránsito deben notificarse a los conductores a través de la aplicación móvil del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
La nueva ley busca modernizar el proceso de notificación de infracciones de tránsito mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Según se explicó, los ciudadanos contarán con una vía adicional para recibir avisos sobre multas a través de las plataformas digitales del DTOP y del Centro de Servicios al Conductor (CESCO Digital), donde podrán acceder a información.
“Esta es una medida cónsona con el programa de gobierno que busca desarrollar eficiencia en las agencias gubernamentales a través del uso de la tecnología. El ciudadano se beneficiará directamente ya que tendrá una vía adicional para la notificación adecuada de multas de tránsito a través de las plataformas digitales del DTOP/CESCO que incluye información detallada para que ciudadano pueda corroborar su veracidad y corrección”, lee parte del comunicado de prensa emitido por La Fortaleza.
El P.C. 473 es de la autoría del representante José F. Aponte Hernández.
Por otro lado, González Colón dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 143, que ordena al DTOP y al Departamento de Hacienda poner en vigor lo dispuesto en la Ley 96-2022.
La medida dispone que ambas agencias habiliten sus plataformas digitales para reconocer los descuentos aplicables a multas de tránsito que permanecieron suspendidos mientras los casos estuvieron en proceso de revisión judicial.
El proyecto es de la autoría del representante Roberto Rivera Ruiz de Porras.
Además, la primera mandataria aprobó el Proyecto de la Cámara 480 (P.C. 480), una medida que aclara que la suspensión de la licencia de conducir por incurrir en tres infracciones por pasar la luz roja aplicará únicamente cuando estas ocurran dentro del período de vigencia de la licencia.
“Esta ley es una medida necesaria, justa y consistente con los principios de razonabilidad y justicia administrativa. La enmienda propuesta sigue protegiendo la necesidad de imponer sanciones efectivas que protejan la seguridad en las carreteras, pero corrige una ambigüedad en la ley vigente, asegurando que la suspensión de licencia sea aplicada de forma más equitativa”, añade.
El P.C. 480 fue presentado por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
La gobernadora también vetó tres proyectos.
Uno buscaba declarar abril como mes de educación financiera, pero fue rechazado por un impacto fiscal estimado de 325,400 dólares y por duplicar legislación existente. Otro pretendía ampliar funciones de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, lo cual se descartó por “falta de recursos”. El tercero proponía crear el programa Comunidad VIVA en la ODSEC, pero se consideró inviable por problemas administrativos, operacionales y fiscales.