La discusión sobre el desarrollo económico de Puerto Rico no puede sostenerse sin abordar, con honestidad, el impacto de la Ley Jones, o de Cabotaje, en nuestra realidad diaria. Durante más de un siglo, esta legislación ha operado como una camisa de fuerza que encarece el costo de vida, limita la competitividad y condiciona nuestras oportunidades de crecimiento.
La Ley Jones exige que toda mercancía transportada entre puertos estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, se realice en embarcaciones construidas, tripuladas y registradas en Estados Unidos. En teoría, se trata de una medida de seguridad nacional y protección de la marina mercante estadounidense. En la práctica, para Puerto Rico, ha significado costos más altos en bienes esenciales, menos competencia en el transporte marítimo y una economía menos dinámica.
Diversos estudios han apuntado a que esta restricción eleva significativamente el costo de importación de alimentos, materiales de construcción y combustibles. Para una isla que depende en gran medida de las importaciones, el resultado es directo: precios más altos para el consumidor y un entorno menos atractivo para la inversión. No es casualidad que, por décadas, sectores industriales hayan señalado este factor como un obstáculo estructural para el desarrollo.
Pero más allá del costo inmediato, el problema de fondo es la falta de control. Puerto Rico no tiene voz ni voto en la política pública federal que impone estas restricciones. Dependemos de decisiones tomadas en Washington, D.C., donde nuestras realidades económicas no siempre son prioridad. Esa es la esencia de la limitación: no solo la ley en sí, sino la incapacidad de cambiarla por cuenta propia. Aquí es donde el debate sobre el estatus político cobra una dimensión económica clara y concreta. Bajo la estadidad, Puerto Rico dejaría de ser una jurisdicción sujeta a decisiones federales sin representación efectiva. Tendríamos senadores y representantes con poder real para influir, negociar y, de ser necesario, impulsar cambios o excepciones a políticas como la Ley Jones.
Más importante aún, la estadidad integraría plenamente a Puerto Rico en el mercado nacional bajo condiciones de igualdad. Esto no implica automáticamente la eliminación de la Ley Jones, pero sí coloca a Puerto Rico en una posición completamente distinta: la de un estado con voz, voto y capacidad de incidir en la política pública federal que le afecta directamente. La diferencia entre pedir y exigir no es retórica; es estructural.
El desarrollo económico sostenible requiere reglas claras, costos competitivos y capacidad de acción. Mientras Puerto Rico permanezca en un estatus territorial, seguirá atado a decisiones externas que limitan su potencial. La Ley Jones es quizás uno de los ejemplos más visibles de esa realidad.
Liberarnos de esa camisa de fuerza no es únicamente una cuestión de política pública marítima; es una cuestión de igualdad política y económica. En última instancia, el futuro económico de Puerto Rico no puede seguir condicionado por leyes que no podemos cambiar ni por decisiones en las que no participamos plenamente.
La estadidad no es una panacea, pero sí representa una herramienta fundamental para romper con ese ciclo. Y en un momento en que Puerto Rico busca reconstruir su economía y proyectarse hacia el futuro, contar con todas las herramientas disponibles no es un lujo: es una necesidad.
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