Friday, March 20, 2026
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Negociado de Energía adelanta proceso de nuevo reglamento de interconexión tras orden de eliminar cargos a placas solares


Vista Pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero Lillian Mateos Santos, Comisionada Asociada del Negociado de Energía y Ferdinand Ramos, Comisionado Asociado. . Vista Pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero, sobre la Resolución de la Cámara 42 para una investigación sobre todo asunto relacionado con la creación, modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias del Gobierno de Puerto Rico. Capitolio, San Juan metro PR 20 de marzo de 2026 (Dennis A. Jones)

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aseguró que ya comenzó la implementación de la Resolución Conjunta 5-2026, medida que ordena detener cargos a clientes con sistemas solares y actualizar el reglamento de interconexión, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de estos cambios en la red eléctrica.

Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Víctor Parés Otero, la comisionada asociada del NEPR, Lillian Mateo Santos, detalló el estado de los trabajos regulatorios tras la aprobación de la medida.

La resolución, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón, instruye a LUMA Energy a no cobrar cargos de hasta $300 por estudios suplementarios a sistemas fotovoltaicos de menos de 25 kilovatios, al tiempo que ordena al regulador energético desarrollar un nuevo reglamento de interconexión adaptado a tecnologías modernas.

En ese contexto, el Negociado explicó que su rol como ente independiente abarca funciones de reglamentación, investigación y adjudicación dentro del sistema eléctrico, incluyendo la supervisión del cumplimiento de la política energética.

“El Negociado de Energía de Puerto Rico es el ente independiente y especializado, creado bajo la Ley Núm. 57-2014, según enmendada, conocida como ‘Ley de Transformación y Alivio Energético’ para servir como componente clave para la cabal y transparente ejecución de la Reforma Energética”, expresó Mateo Santos en su ponencia.

La funcionaria indicó de forma indirecta que la agencia mantiene múltiples procesos regulatorios simultáneos —como revisión de tarifas, modernización del sistema e interconexión— lo que obliga a actualizar constantemente el marco normativo conforme evoluciona el sector energético.

En cuanto al cumplimiento específico de la resolución conjunta, el Negociado detalló que ya inició pasos concretos para la creación del nuevo reglamento.

“En cumplimiento con la Resolución Conjunta Núm. 5-2026, informamos que el NEPR, ya seleccionó y contrató al consultor técnico que apoyará en la coordinación de los talleres requeridos por la mencionada Resolución Conjunta, así como con la preparación del nuevo borrador del reglamento de interconexión”, sostuvo.

Además, la agencia confirmó que abrió un proceso de participación pública para recibir insumos de la ciudadanía y sectores interesados, como parte de la revisión del reglamento vigente.

“Así también, el NEPR emitió una resolución, publicando un borrador del reglamento y solicitando comentarios informales al público en general y a las partes interesadas. La fecha límite para que las partes interesadas sometan sus comentarios es el 15 de abril de 2026”, añadió.

Según se desprende de la ponencia, este proceso incluirá talleres participativos con expertos y actores del sector energético, que servirán de base para un nuevo marco regulatorio que incorpore conceptos como planificación de capacidad, compensaciones por restricciones energéticas y criterios de distribución de costos.

El Negociado subrayó que uno de los principios centrales del nuevo reglamento será evitar que los costos asociados a mejoras en la red se transfieran de forma injusta al resto de los abonados.

La agencia también recordó que la resolución conjunta establece plazos específicos: 180 días para presentar un borrador del reglamento y un máximo de 365 días para completar el proceso de adopción final.

El desarrollo de este reglamento ocurre en medio de advertencias de LUMA Energy, que ha planteado que eliminar cargos relacionados a estudios técnicos podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico, al limitar evaluaciones necesarias para la integración segura de energía renovable.



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