El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, anunció este martes, el plan de seguridad a implementarse para asegurar la conservación del medio ambiente, así como la seguridad de los miles de ciudadanos que visitarán las reservas naturales y balnearios durante la Semana Santa, la cual inicia el próximo lunes, 30 de marzo de 2026.
Como parte del programa de seguridad, se activaron las 11 unidades marítimas del Cuerpo de Vigilantes. Comenzando el jueves 2 de abril, los vigilantes brindarán seguridad a las reservas naturales y tres balnearios, adscritos al departamento en turnos rotativos de 12 horas.
Igualmente se activó la unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (drones) para monitorear las zonas de la bahía de Salinas, la reserva natural de La Parguera y los islotes de Palomino y Paoliminito en Fajardo.
En el área metropolitana habrá presencia de vigilantes en el área de Isla Verde, el balneario de Carolina, la zona de El Escambrón, al igual que Isla de Cabras y el balneario Punta Salinas en Toa Baja.
Mientras, en Luquillo, Toa Alta y Dorado se utilizarán vehículos todo terreno 4×4 para proveer vigilancia.
“En el DRNA estamos implementado la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, dirigida a conservar el medioambiente y proveer seguridad a quienes disfrutan de nuestras reservas naturales y balnearios. Por tal motivo, desde febrero delineamos un Plan de Acción enfocado en el patrullaje preventivo con el propósito que se garantice el cumplimiento con todas las leyes y regulaciones sobre los recursos naturales en Puerto Rico”, indicó el secretario del DRNA en declaraciones escritas.
Del mismo modo, se contará con 10 embarcaciones para ofrecer patrullaje preventivo en las costas, así como tres lanchas para atender situaciones en las aguas interiores, incluyendo el lago Toa Vaca en el municipio de Villalba, el lago Cerrillos en Ponce, el lago Dos Bocas localizado en el municipio de Utuado, entre otros.
Para culminar, Quiles recordó que se encuentra en vigor la orden administrativa 2025-02, la cual prohíbe la práctica del llamado ‘voceteo’ en reservas naturales y zonas de playa.
La nueva orden prohíbe la contaminación acústica generada por el ‘voceteo’, una práctica en la que vehículos y embarcaciones modifican sus sistemas de sonido para alcanzar niveles de ruido excesivos. Esta actividad ha sido objeto de numerosas quejas ciudadanas debido a su impacto en la tranquilidad y el equilibrio ecológico de estas áreas protegidas.