El secretario del Departamento de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, participó hoy en la vista pública sobre el Proyecto del Senado 15, medida que persigue enmendar disposiciones de la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, con el fin de fortalecer la permanencia de médicos altamente capacitados en la Isla, atraer nuevos profesionales de la salud y robustecer el acceso de la ciudadanía a servicios médicos esenciales.
Durante la audiencia pública, celebrada ante la consideración legislativa correspondiente, el secretario dio lectura a la ponencia oficial del Departamento de Salud, en la que se expresó el respaldo de la agencia a esta medida por entender que atiende una de las realidades más apremiantes que enfrenta el sistema de salud de Puerto Rico: la escasez y migración de médicos, particularmente en especialidades de alta demanda y en comunidades con mayores barreras de acceso.
“El Departamento de Salud reconoce que Puerto Rico enfrenta una crisis real por el éxodo de médicos, en especial de especialistas, lo que limita el acceso oportuno a servicios de salud y profundiza las desigualdades, particularmente en comunidades rurales y poblaciones vulnerables. Ante ese panorama, el Proyecto del Senado 15 representa una alternativa responsable y jurídicamente estructurada para incentivar la retención, el retorno y el reclutamiento de profesionales médicos en Puerto Rico”, expresó Ramos Otero.
La medida propone modificar criterios específicos para la otorgación de incentivos contributivos a médicos cualificados, incluyendo nuevos requisitos dirigidos a garantizar que dichos profesionales presten servicios a pacientes del Plan Vital y mantengan una práctica clínica activa en hospitales, centros de salud primaria o entornos hospitalarios. Asimismo, establece un periodo uniforme de exención contributiva de quince años, sujeto a una tasa fija preferencial de contribución sobre ingresos de 12 por ciento, con mecanismos adicionales de extensión sujetos a cumplimiento y beneficio al interés público.
El secretario destacó que el proyecto no solo fortalece la política pública dirigida a retener talento médico, sino que también vincula el incentivo contributivo con una prestación real de servicios a la ciudadanía.
“Lo valioso de esta propuesta es que no se limita a conceder un beneficio contributivo, sino que lo conecta con criterios concretos de servicio, calidad y presencia clínica. Eso permite que los incentivos recaigan sobre profesionales que verdaderamente aportan al sistema y atienden directamente las necesidades del pueblo”, sostuvo.
El titular de Salud recordó que, conforme a la Constitución de Puerto Rico y a la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la agencia tiene la responsabilidad ineludible de velar por la salud de la población y de establecer estrategias que salvaguarden el acceso a servicios esenciales.
“Desde una perspectiva constitucional y de salud pública, el Departamento de Salud tiene la obligación de promover las condiciones necesarias para proteger la vida y el bienestar de nuestra gente. La disponibilidad de médicos es un componente medular de esa responsabilidad, por lo que respaldamos toda iniciativa sería, fiscalmente responsable y alineada al interés público que contribuya a fortalecer el sistema de salud”, añadió.
La ponencia del Departamento de Salud reconoce además que la medida guarda coherencia con esfuerzos legislativos previos y que constituye una reforma contributiva focalizada y razonable para atender una problemática estructural del sistema de salud mediante herramientas fiscales. Del mismo modo, resalta que el proyecto incorpora salvaguardas de cumplimiento fiscal, al requerir certificaciones y validaciones de entidades como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en armonía con la Ley PROMESA y el Plan Fiscal vigente.
Aun cuando el Departamento de Salud endosa la medida, el secretario subrayó la importancia de que las agencias fiscales y económicas del Gobierno evalúen su viabilidad presupuestaria y operacional en caso de convertirse en ley. “Si bien reconocemos que esta propuesta, por sí sola, no resolverá totalmente la crisis de fuga de profesionales de la salud, entendemos que sí puede convertirse en una herramienta eficaz, legítima y de alto impacto para mejorar la retención y el reclutamiento médico en Puerto Rico. Por eso, el Departamento de Salud endosa el Proyecto del Senado 15 y favorece que continúe su evaluación con el insumo de las agencias concernidas”, puntualizó Ramos Otero.
El secretario también indicó que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica expresó su aval a la medida, reforzando así el consenso institucional en torno a la necesidad de adoptar mecanismos concretos para enfrentar el déficit de médicos en la Isla.
“Garantizar acceso adecuado, oportuno y continuo a servicios médicos es una prioridad de salud pública. Toda iniciativa que contribuya a retener profesionales, fortalecer hospitales y centros de salud primaria, y mejorar la capacidad del sistema para responder a las necesidades del pueblo merece ser evaluada con seriedad y sentido de urgencia”, concluyó el secretario de Salud.
La Vista Pública de la Comisión de Desarrollo Económico, es presidida por el representante Joel Franqui Atiles, se discutió el Proyecto del Senado 15 para enmendar las Secciones 1020.02; 2021.03; 2022.04; 2023.02; y 2024.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de modificar criterios específicos para la otorgación de los incentivos, con el objetivo de asegurar la permanencia de médicos altamente capacitados en Puerto Rico y atraer nuevos médicos; disponer como nuevos requisitos para la otorgación de estos decretos que los médicos presten servicios a participantes del Plan Vital; y que certifiquen llevar a cabo al menos cinco (5) admisiones o consultas de pacientes presenciales semanales en instituciones hospitalarias, o que se trate de un médico enfocado exclusivamente en entornos hospitalarios, o sea parte de una franquicia o práctica contratada con los hospitales, o sea un médico con una posición de liderazgo o mejoramiento de la calidad en el hospital, entre otros; establecer un periodo de exención de quince (15) años para los médicos cualificados que posean un decreto bajo el Código, durante el cual estarán sujetos a una tasa fija preferencial de contribución sobre ingresos del doce por ciento (12%); y para otros fines relacionados.
Los deponentes citados fueron el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de Hacienda, y el Departamento de Salud.