La fiscal especial independiente Zulma Fuster Arocha explicó que su decisión de dejar el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) responde al cumplimiento de una meta personal tras 30 años en el ejercicio de la abogacía, y no a presiones externas ni a resultados recientes en tribunales.
En entrevista radial en el programa El Calentón de Radio Isla, la funcionaria fue enfática en desligar su renuncia de cualquier controversia.
“Mi renuncia no responde a nada que tenga que ver con la oficina… responde a un interés personal mío. Yo me había puesto como meta que al cumplir 30 años en la profesión iba a dejar la labor fiscal”, sostuvo la licenciada, quien es esposa del analista y expresidente del Partido Nuevo Progresista, Leo Díaz, una de las voces más críticas de la administración actual.
Fuster Arocha detalló que acumuló 13 años en la fiscalía estatal y cerca de 15 años en el FEI, además de un periodo en la práctica privada.
También rechazó versiones que vinculan su salida con decisiones judiciales adversas o con supuestas influencias externas.
La fiscal defendió el desempeño de la agencia, en momentos en que el organismo ha sido objeto de críticas públicas e incluso propuestas para su eliminación.
“Es una agencia que trabaja con mucho profesionalismo… tenemos más de un 90% de convicciones”, aseguró.
Explicó que la naturaleza del FEI —encargado de procesar funcionarios públicos de alto perfil bajo la Ley Núm. 2 de 1988— lo coloca constantemente bajo escrutinio público.
“La percepción negativa muchas veces viene de personas que han sido objeto de investigaciones o de sectores políticos afectados”, indicó.
Fuster Arocha permanecerá en funciones hasta el 31 de marzo. Su salida del FEI se conoció al notificarlo durante el proceso judicial contra la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez. En ese caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que el FEI se extendió ilegalmente en los límites de tiempo para la investigación.
El caso sigue vivo
“Este caso no ha terminado… esta es una primera fase”, afirmó en entrevista radial.
El señalamiento surge luego de que el foro apelativo concluyera que el FEI actuó fuera de los límites legales tras una investigación que se extendió por más de 1,100 días, lo que provocó la desestimación del caso .
Fuster Arocha explicó que el equipo legal ya se prepara para acudir al Tribunal Supremo con el objetivo de revertir la determinación.
“Entendemos que tenemos grandes posibilidades de que se revoque… y que el caso vuelva a la vista preliminar”, indicó.
Según detalló, la desestimación responde a un planteamiento sobre términos procesales bajo la Ley del FEI, no a la falta de evidencia.
“Es un planteamiento que se hace reiteradamente… pero tenemos evidencia sólida”, sostuvo.
El caso está relacionado con la presunta malversación de fondos públicos vinculados a proyectos en la quebrada Margarita, en Guaynabo, incluyendo asignaciones del llamado “barrilito” legislativo.
Además, la fiscal indicó que existen nuevas líneas investigativas ya autorizadas por el Panel.
“Hay una ampliación aprobada… y tenemos motivos fundados para entender que hay delitos adicionales”, afirmó.
Incluso, confirmó que el Ministerio Público utilizó testigos que recibieron inmunidad como parte de la estrategia para fortalecer el caso.
“Cuando se da inmunidad es porque esa persona puede cooperar y aportar a probar nuestro caso”, explicó.
El Tribunal de Apelaciones determinó que la duración de la investigación excedió los términos permitidos por ley, señalando que no se justificaban múltiples prórrogas por más de tres años .
No obstante, la exfiscal insistió en que el proceso judicial aún no concluye y que el caso podría reactivarse en instancias superiores.