El senador alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, aprovechó su turno en la comisión total para confrontar directamente al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por la cancelación de los destaques en su oficina, un asunto que arrastra controversia desde finales del año pasado.
Ante los cuestionamientos, Domenech se limitó a sostener que la determinación respondió a “necesidades de servicio”. Sin embargo, Morales insistió en que la movida fue una represalia política tras haber radicado medidas para eliminar las escoltas a exfuncionarios.
“Fui el único que, por meramente haber hecho unas expresiones públicas… decidimos cancelarte el contrato”, expresó de forma irónica.
El intercambio subió de tono cuando el senador citó la ponencia inicial del propio Domenech, en la que aseguró no tolerar la intimidación ni la persecución por ejercer la libertad de expresión.
“¿Lo que usted dice va atado a los hechos? Porque es muy fácil decirlo…”, lanzó Morales. Domenech evitó abundar y alegó que los asuntos entre él y la gobernadora Jenniffer González Colón son “materia privilegiada”.
La controversia, sin embargo, no es nueva.
En diciembre de 2025, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó que los destaques de la oficina de Morales —así como el de su esposa, Vanessa Vallejo Rivera— no fueron renovados mediante una extensión desde La Fortaleza. Según explicó entonces, la determinación respondió a “necesidades operacionales y de continuidad de servicios”, particularmente en la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), de donde provenían los empleados.
Esto ocurrió pese a que la Orden Ejecutiva 2025-008 extendió automáticamente hasta junio de 2026 los destaques de empleados de la Rama Ejecutiva en otras dependencias, salvo excepciones como la del senador. De acuerdo con el gobierno, los empleados regresaron a sus agencias de origen para atender necesidades “apremiantes”.
Desde ese momento, Morales ha sostenido que la decisión estuvo vinculada a sus propuestas legislativas para eliminar las escoltas, asegurando que la salida de su personal dejó su oficina prácticamente sin apoyo. Incluso, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que la medida impulsada por el senador contaba con respaldo en el Alto Cuerpo, aunque posteriormente fue vetada por la gobernadora.
El señalamiento de represalias y la respuesta evasiva del Ejecutivo marcaron uno de los momentos más tensos de la comisión total, evidenciando que un conflicto interno que comenzó meses atrás sigue latente en medio del proceso de fiscalización legislativa.