La posibilidad de eliminar el cobro de cuotas para participar en equipos deportivos escolares provocó este miércoles un choque de posturas durante la evaluación del Proyecto de la Cámara 839 en la Cámara de Representantes.
La medida, atendida por la Comisión de Educación que preside la representante Tatiana Pérez Ramírez, propone prohibir que escuelas públicas y privadas cobren a estudiantes o a sus familias por formar parte de equipos deportivos. La iniciativa es impulsada por los representantes Luis “Josean” Jiménez Torres, Jerry Nieves Rosario y Joe “Joito” Colón Rodríguez.
Aunque el proyecto plantea alternativas como auspicios, donaciones y actividades de recaudación de fondos para sustituir estas cuotas, el debate se centró en la viabilidad real de eliminar ese ingreso en un sistema con recursos limitados.
El Departamento de Educación (DE), representado por el profesor Félix A. González Crespo, advirtió que una prohibición absoluta podría generar complicaciones operacionales y fiscales, particularmente en escuelas que dependen parcialmente de aportaciones familiares.
“Las aportaciones voluntarias de las familias pueden constituir un apoyo complementario importante”, sostuvo el funcionario, quien recalcó que estas no deben convertirse en un requisito para la participación estudiantil.
Durante la vista también se expuso el reto presupuestario. Según se indicó, el presupuesto estatal para la fase interescolar ronda los $400 mil, de los cuales cerca de $200 mil se destinan únicamente a transportación, una cifra que podría resultar insuficiente ante el aumento en los costos del combustible.
Ante ese escenario, Pérez Ramírez adelantó que buscará discutir el tema con el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonnier Chinea, con el fin de evaluar posibles ajustes presupuestarios que respalden la propuesta.Por su parte, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), a través de su director administrativo Juan García Rivera, respaldó el objetivo del proyecto, aunque advirtió sobre los retos en su implementación.
“La generación de fondos no debe recaer en el esfuerzo físico y mental de los estudiantes atletas”, expresó, al señalar preocupaciones sobre prácticas como la celebración excesiva de torneos para recaudar dinero, lo que podría entrar en conflicto con reglamentos de protección de menores en el deporte.
García Rivera también cuestionó la disposición que permitiría cobros cuando los programas sean administrados por terceros, al entender que podría contradecir el propósito de la medida y mantener barreras económicas.
Desde la Legislatura, el representante Reinaldo “Rey” Figueroa Acevedo abogó por una mayor integración con el DRD, al asegurar que la agencia cuenta con recursos que podrían fortalecer estos programas. En la misma línea, la representante Nelie Lebrón Robles respaldó la iniciativa, destacando su potencial para ampliar oportunidades deportivas y alejar a los jóvenes de entornos de riesgo.
Sin embargo, desde el sistema escolar surgieron advertencias adicionales. El profesor Yomar J. Rodríguez López, de la escuela Joaquín Vázquez Cruz en Camuy, sostuvo que eliminar las cuotas podría limitar la contratación de entrenadores especializados, lo que impactaría el desarrollo técnico de los estudiantes atletas.
A pesar de las diferencias, la presidenta de la comisión reiteró que continuará evaluando la medida.
“El deporte es fundamental para el desarrollo físico, emocional y social de nuestros jóvenes”, expresó Pérez Ramírez.
La comisión otorgó hasta el miércoles, 8 de abril, para la entrega de memoriales explicativos y documentación adicional antes de continuar el análisis del proyecto.