El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó hoy, lunes, varias medidas que impactan a los facilitadores docentes del Departamento de Educación (DE), los procesos judiciales en casos de violencia doméstica y acecho, y el sistema de arbitraje en Puerto Rico.
El gobernador autorizó mediante ley que los facilitadores docentes del DE tengan los mismos beneficios y derechos marginales que tienen los maestros y personal de apoyo docente en las escuelas públicas de la Isla al darle paso al Sustitutivo del Proyecto del Senado 207 a esos fines.
A tono con esta nueva ley, que entra en vigor de manera inmediata, los facilitadores docentes, quienes tienen funciones basadas en brindar asistencia académica a los maestros, deberán cumplir con el horario de siete horas y media de trabajo al día y acumularán dos días y medio de vacaciones al mes.
También el gobernador autorizó el Proyecto del Senado 419 para que los jueces que presiden las vistas de expedición de órdenes de protección pongan por escrito breves determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en las que fundamenten sus decisiones, de manera que las partes involucradas estén informadas. Con esta firma, se enmienda a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y la Ley contra el Acecho en Puerto Rico.
Por otra parte, Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 1199 que crea la nueva Ley de Arbitraje de Puerto Rico para actualizar los procesos arbitrales cuando las partes involucradas no escogen una organización de arbitraje particular o, en caso de haber escogido una, sirva como complemento a las reglas de la organización elegida. De igual forma, el gobernador convirtió en ley el Proyecto del Senado 1307 que crea la Ley de Registro de Gravámenes Federales a los fines de actualizar el derecho puertorriqueño que rige las transacciones comerciales y eliminar la duplicidad de registro.
Por último, el gobernador firmó la Resolución Conjunta del Senado 403 que ordena a la Autoridad de Tierras (AT) a ceder y traspasar a los actuales residentes, que son descendientes directos de los agregados del Batey de la Central Coloso, los títulos de propiedad donde ubican sus familias.