El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz no descartó hoy, lunes, eliminar o remover el asunto de planificación especial en La Parguera con tal de que los Proyectos del Senado 1173 y el 1183 sean aprobados por la Asamblea Legislativa.
“No quiero que La Parguera sea una excusa para que el proyecto no se apruebe, si tenemos que sacar a La Parguera para que este proyecto salga, créame que yo lo considero para que no haya excusas… porque no quiero beneficiar a nadie, sino que sea un proyecto para que la gente lo respete y confíe en él”, expresó Rivera Schatz en su turno al micrófono.
El líder senatorial también avaló la consolidación de ambas medidas ya que “ambas buscan lo mismo”.
“¿Cuál se integra a cuál no es un problema y con consolidar el Código no tengo problemas porque al final del camino, lo que [las medidas] quieren es lo mismo”, expresó Rivera Schatz.
Ambas medidas buscan reformar el sistema de permisos en la isla. El PS 1173, de la autoría de Rivera Schatz pretende agilizar y simplificar los procesos que rigen la emisión de permisos sustituyendo el Permiso Único por el Registro de Uso, y simplificar los permisos de construcción con la creación de Permiso de Construcción Integrado, entre otras cosas.
Por su parte, el PS 1183, de la autoría de la gobernadora Jenniffer González Colón, propone la creación de un Código de Planificación y Permisos, consolidando en un solo Reglamento Único todos los trámites relacionados a la adquisición de permisos.
El comentario del presidente del Senado surge tras preocupaciones entre los senadores al exponer que pudiese tratarse de un interés personal de la gobernadora. El senador Eliezer Molina, en particular, planteó en su turno de preguntas que el Código de Planificación y Permisos propuesto, le permitirá hacer “lo que ella quiera con La Parguera”.
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Como parte de su exposición, Rivera Schatz defendió ambas medidas, con las enmiendas propuestas, para “dejar un proyecto que independientemente de quién este al frente, el proyecto fluya”.
Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard destacó el impacto de las deficiencias del sistema actual en la competitividad de la isla, siendo los permisos de construcción la mayor debilidad. Por lo que avaló el rediseño del sistema de permisos casi en su totalidad.
Según Negrón Reichard, existen 912 proyectos de construcción residencial pendiente de permisos, con un tiempo promedio de espera de 431 días.
En su turno de argumentación planteó que el PS 1183 constituye una solución al problema principal de recurrir a múltiples agencias para solicitar permisos de vivienda y construcción entre otros, “al consolidar en un solo instrumento un sistema hoy disperso en decenas de leyes, reglamentos e instrumentos administrativos”.
La medida busca que los permisos que una persona obtiene para construir, para abrir su negocio o para invertir se otorguen en un plazo de 24 y 48 horas.
Asimismo, el DDEC propuso convocar una mesa de trabajo técnica que permita reconciliar ambas medidas en un marco común. Ante esto, el presidente del Senado apoyó la sugerencia y, en más de una ocasión, felicitó al secretario por su labor.
Por otro lado, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III presentó 15 puntos de oposición, sin embargo, avaló las medidas incluso antes de haberlas desmenuzado en su totalidad.
“Estamos a favor de las medidas, recomendamos estas enmiendas y hacemos la contingencia de que estaremos en la posición de avalar totalmente al unísono una vez se incorporen”, expresó Barquín.
Preocupación de los alcaldes
La medida también contempla mantener el rol de los municipios en la emisión de permisos, no obstante, al centralizar todos los procesos en una sola agencia, se crea una reducción de la autonomía municipal, por lo que la Federación de Alcaldes condiciona apoyar la reforma de permisos a cambios que protejan autonomía e ingresos municipales.
El presidente del organismo y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, estableció que “estamos de acuerdo con transformar el sistema de permisos para hacerlo más ágil, uniforme y confiable, pero ese cambio tiene que incluir salvaguardas claras para los municipios”.
“Es necesario asegurar nuestra participación en decisiones que impactan directamente nuestras comunidades, así como proteger nuestras facultades contributivas, que son la base para ofrecer servicios esenciales. La reforma tiene que fortalecer la capacidad municipal, no debilitarla”, explicó Hernández Rodríguez durante su mensaje.
Entre las enmiendas propuestas se encuentra incluir lenguaje expreso que proteja la autonomía municipal y fiscal, requerir consulta obligatoria a los municipios en proyectos prioritarios y garantizar su participación en la revisión del Plan de Uso de Terrenos. También, que los municipios mantengan competencia primaria sobre el uso de terrenos dentro de su jurisdicción, entre otras cosas.
Ante estas consideraciones, Rivera Schatz respetó las preocupaciones de la Federación expresando que “todos estos temas deben armonizar”.
“Este es uno de los proyectos más importantes que tenemos bajo consideración ya que van directamente a lo que es el motor económico de Puerto Rico”, concluyó Rivera Schatz.
Más temprano, el Proyecto de la Cámara 310 fue aprobado por ambos cuerpos legislativos que, enmienda la Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico. El proyecto exige que, para presentar acciones judiciales por violaciones en obras de construcción, comunidades y personas deban probar “daño inminente” de parte de los desarrolladores.
Previamente, la ley actual permite que cualquier persona o comunidad afectada acuda al tribunal cuando se violan leyes o reglamentos de permisos. Con el PC 310, obras ilegales podrían continuar mientras se obliga a la ciudadanía a demostrar un daño específico retrasando la fiscalización.
Las declaraciones fueron parte de la vista pública conjunta celebrada por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos conjunto a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo.