El comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, informó el lunes la paralización de trabajos de construcción en el barrio Guayabo en Isabela tras detectarse presuntas violaciones a leyes y reglamentos ambientales.

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“Los vigilantes visitaron el área del antiguo arenero Doctor Rodríguez (North West) en el barrio Guayabo, localizado en el municipio de Isabela, el pasado 25 de febrero con el propósito de iniciar la investigación sobre una querella asociada a una alegada construcción ilegal de una verja”, dijo Cruz en declaraciones escritas.

Según el funcionario, durante esa visita se solicitó como medida preventiva la paralización inmediata de los trabajos mientras se verificaban los permisos correspondientes.

“Luego de corroborar que no existía ningún permiso, el día 8 de marzo se visitó el área para ordenar la paralización de la construcción. En ese momento, miembros del Cuerpo de Vigilantes expidieron la orden oficial”, añadió.

Cruz indicó que el 16 de marzo personal del Cuerpo de Vigilantes regresó al lugar para verificar el cumplimiento de la orden, pero encontraron que la paralización no había sido acatada.

“Ante esto, y en conjunto con la administración municipal de Isabela, el Cuerpo de Vigilantes sometió hoy una querella en la Oficina de Gerencia de Permisos por violaciones a reglamentos y leyes”, expresó.

La querella incluye alegaciones por utilizar arena de la zapata para mezclar cemento y cernirla para trabajos de empañetado, lo que según la agencia constituye una violación a la Ley 19 de 2026.

Miembros de la Policía de Puerto Rico, encabezados por el teniente Carmelo Irizarry, asistieron a los vigilantes durante la ejecución de la orden de paralización.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó el lunes el calificativo de “agresor” por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón.

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“Ella llama secretario de la Gobernación (Francisco Domenech Fernández) a quien sí fue un agresor y quien agredió a Verónica Ferraiuoli. Y Verónica Ferraiuoli le dijo a la Policía de Puerto Rico que le rompió la ropa interior, que la agredió y le rompió el teléfono. Así que ella llama secretario de la Gobernación a una persona que sí fue agresor. Yo nunca he sido acusado de agresión a nadie”, dijo Rivera Schatz en un aparte con periodistas en El Capitolio.

Sobre el alegato que hiciera la gobernadora de que Rivera Schatz nunca va a las reuniones que convoca, contestó: “Eso no es correcto. A las reuniones que hemos ido… Lo que pasa es que ella siempre llega tarde, ustedes lo saben. Pues sí, si ella pretende que la gente le espere por dos horas en lo que ella llega, ella no puede tener esa pretensión, porque los que tenemos trabajo, pues tenemos que cumplir”.

Otro de los alegatos de la gobernadora contra el presidente del Senado es que sus críticas responden a su interés en la candidatura a la gobernación.

“En primer lugar, yo le agradezco a la gobernadora que me extienda la invitación, pero yo he dicho que no soy candidato a nada, que no es tiempo de candidaturas. Así es que, si la gobernadora fuera la opción de triunfo del PNP, pues ya veremos. Si no lo fuera, pues también ya veremos. Así que, de nuevo, yo ni estoy desesperado, ni tengo ningún interés en particular, ni tengo ninguna prisa por nada. La gente va a evaluar a todos los candidatos que haya en todos los partidos políticos y ya veremos”, expresó.

Finalmente, sobre la denuncia de que Rivera Schatz obstaculiza la agenda de la administración, su reacción fue que: “Yo creo que la gobernadora puede tener la opinión que ella quiera y el pueblo de Puerto Rico puede ver el récord. Casi el 100 por ciento de los nombramientos se han aprobado, excepto los que tenían problemas con las planillas y los que tenían otros problemas. Ya cerca del 80 por ciento de los proyectos de administración se han estado atendiendo, los que son programáticos y los que no son programáticos. Los únicos dos proyectos que fueron rechazados son dos proyectos que no son parte del programa de gobierno, que fueron el de La Parguera y el de los vehículos todoterreno. Así que podrá tener la opinión que quiera, pero los números y los datos están ahí para quien los quiera revisar”.

Como parte de los esfuerzos dirigidos a impulsar el desarrollo de los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads, el Municipio de Ceiba, firmó varios acuerdos colaborativos con la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads (LRA) que permitirán realizar trabajos claves en infraestructura, seguridad y mantenimiento dentro de la zona.

Los acuerdos fueron suscritos por el alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, y el director ejecutivo del LRA, Carlos Ríos Pierluisi, como parte de una estrategia para continuar preparando áreas prioritarias para su activación y uso futuro.

A través de esta colaboración, el municipio realizará trabajos de limpieza y acondicionamiento de edificios, mantenimiento de áreas verdes, mejoras eléctricas, instalación de luminarias, reparaciones de carreteras y trabajos de plomería. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad, accesibilidad y condiciones operacionales en sectores de alto tránsito dentro de Roosevelt Roads.

“El desarrollo de estos terrenos es fundamental para el futuro económico de Ceiba y de toda la región. Nuestro compromiso es continuar trabajando junto al Gobierno de Puerto Rico y al LRA para transformar esta zona en un motor de desarrollo, oportunidades y actividad económica para nuestra gente”, expresó el alcalde.

Rivera Báez, añadió que estas iniciativas forman parte de una visión más amplia de su administración para integrar plenamente los terrenos de Roosevelt Roads al desarrollo del municipio, creando condiciones adecuadas para atraer inversión, fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Por su parte, el director ejecutivo del LRA, Carlos Ríos Pierluisi, destacó la importancia de esta colaboración para adelantar trabajos esenciales en la zona. “Estos acuerdos colaborativos con el municipio de Ceiba permitirán atender necesidades de infraestructura dentro de Roosevelt Roads y continuar creando las condiciones para su transformación. Al mismo tiempo que planificamos proyectos de gran escala, buscamos promover la actividad económica con mejoras como la limpieza y el acondicionamiento de algunos edificios. Los trabajos que se realizarán fortalecerán nuestra capacidad para traer inversión y apoyar nuevos proyectos y oportunidades para la región este ”, dijo.

Las mejoras contribuirán a crear un entorno más seguro, ordenado y funcional para visitantes, turistas y usuarios que acceden a Roosevelt Roads, particularmente en áreas de alto uso vinculadas al terminal de lanchas, al mejorar la visibilidad, la accesibilidad y las condiciones generales de tránsito y operación.

Katherine Montañez, vicepresidenta de la “National Tresasury Employees Union” (NTEU), junto a otros miembros de esta organización sindical, urgió a la Asamblea Legislativa a respaldar el Proyecto del Senado 844, que establecería prórrogas automáticas en sus deudas durante un cierre del gobierno federal que el pasado año fue de 43 días.

Montañez, señaló en vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero, que esta ley es una necesaria ya que “crearía una estructura de protección uniforme y garantizada”, la cual brindaría una protección contra el corte de servicios esenciales, moratorias automáticas en obligaciones financieras, prohibición de reportes negativos al crédito y acceso a asistencia nutricional y desempleo.

“Esto no es un favor, es justicia básica, esta medida colocaría a Puerto Rico como la primera jurisdicción en establecer protecciones integrales y automáticas para empleados federales durante cierre gubernamentales”, dijo la deponente.

Al dirigirse a representantes de la banca, acreedores y servicios esenciales argumentó que “esta ley no les pide que regalen servicios, ni que condonen la deuda. Les pide que concedan tiempo, con reglas claras ante una crisis fuera del control del trabajador. El cierre de gobierno va a volver a ocurrir. Este proyecto no es su enemigo. Es una herramienta de estabilidad y manejo de riesgo”.

La empleada federal del “Internal Revenue Service” (IRS), narró que durante el cierre de octubre del pasado año se afectaron a 10,500 empleados, de los cuales 8,500 quedaron completamente sin trabajo, mientras que 2,000 tuvieron que trabajar sin paga.

Por su parte, que Ulises Sánchez, presidente del capitulo 193 del NTEU, planteó visiblemente afectado el cuadro de los empleados que tienen que laborar sin paga, los cuales por estar “técnicamente trabajando, no pueden ni siquiera solicitar el seguro por desempleo. No califican para programas de asistencia porque están “empleados”, tampoco puede asistir a oficinas o eventos de repartición de alimentos porque deben laborar y no pueden abandonar sus puestos”.

Sánchez afirmó que esta propuesta “no solo nos protege a nosotros, protege a toda la economía de Puerto Rico. Cuando más de 10,500 empleados federales pierden sus ingresos simultáneamente, el impacto se siente en todos los sectores, supermercados, gasolineras, comercios, bancos y cooperativas”.

Añadió específicamente que para “las instituciones financieras y de servicios, esta medida les ofrece algo invaluable, certeza y estructura en lugar de caos. Sin este marco legal, cuando ocurre un cierre, se enfrentan a miles de casos individuales para evaluar, decisiones discrecionales inconsistentes y costos administrativos masivos de procesos de cobro”.

Sin embargo, la Lcda. Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), no endosó la medida arguyendo que existen mecanismos administrados por el “Consumer Financial Protection Bureau” que “establecen un marco uniforme para la modificación, suspensión o manejo de préstamos hipotecarios y de consumo”.

Rodríguez Villa expuso que agencias federales y empresas patrocinadas por el gobierno, que otorgan hipotecas garantizadas o reguladas, como el “Housing and Urban Development” (HUD), la Administración Federal de Vivienda, Fanie Mae y Freddie Mac, entre otros, cuentan con reglas específicas para modificar préstamos, exigir documentación y consentimientos previo, por lo que “una ley estatal no puede obligar a alterar los términos financieros de préstamos regulados federalmente sin generar un conflicto de campo ocupado”.

La pieza en discusión, en opinión de la funcionaria “aunque persigue un objetivo social legítimo de brindar alivio a empleados federales afectados por un cierre gubernamental, presenta serias incompatibilidades con el marco regulatorio vigente y genera riesgos para la estabilidad de las instituciones financieras supervisadas por la OCIF”, además que contraviene garantías constitucionales tanto locales como federales.

De igual forma, añadió que, “la activación automática y retroactiva de moratorias, la prohibición de acumular intereses o cargos y la limitación al reporte de información crediticia, entra en conflicto con leyes federales como “Truth in Lending Act” el “Real Estate Settlement Procedures Act” y el “Fair Credit Reporting Act”, así como regulaciones de inversionistas institucionales o entidades federales, afectando la integridad de los contratos privados y los sistemas de pago y flujo de efectivo de las instituciones”.

A sus expresiones se unió, la presidenta de la Asociación de Bancos, Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, quien calificó lo que pretende el proyecto como “excesivo, irrazonable e innecesario” a la luz de la experiencia en emergencias reales recientes y las respuestas de nuestros bancos a las necesidades de sus clientes como resultado de estas.

Álvarez Rubio señaló que en casos como el paso del huracán María, la pandemia y el mismo cierre de octubre del 2025, “la banca ha reaccionado brindando asistencia a sus clientes afectados, sin necesidad de legislación o reglamentación especifica al efecto”.

Además, aseguró que, desde el cierre del gobierno federal, hasta la fecha “nuestros bancos miembros han brindado orientación con relación a hipotecas a 650 clientes, de los cuales 166 recibieron asistencia financiera adaptada a sus necesidades. Para productos de consumo se orientó a 1,023 personas y recibieron ayuda 594 clientes”.

La deponente sostuvo que “no estamos en desacuerdo y no nos oponemos a que el gobierno ayude a estos empleados federales con relación a aportaciones del gobierno local o municipal, de agencias como el Departamento de la Familia y el Departamento de Asuntos del Veterano, entre otros, que no son instituciones financieras privadas, sino dependencias gubernamentales que están llamados a ayudar a sus ciudadanos cuando más lo necesitan”.

A renglón seguido, manifestó que la situación de angustia por la que atravesaron los empleados federales es la misma por la que pasa todo empleado que es despedido, pero sostuvo que al estar dos meses sin devengar salario “no se procesa una ejecución hipotecaria”, por lo que aprobar una moratoria automática de 90 días, cuando un cierre se extiende por más de 15 días “pone en riesgo desde ahora el dinero que tiene cada cliente en cada institución financiera”, puesto que se podría producir un aumento en la morosidad de los clientes.

Sus expresiones fueron secundadas por Carlos Del Valle Laboy, presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios de Puerto Rico.

En su turno de preguntas, el representante José “Cheíto” Hernández Concepción, indicó que la medida debe “seguir su discusión, creo que la intención legislativa es buena”, para afinar las ayudas que puedan darse.

Así también el representante Ángel Fourquet Cordero, propuso que se enmiende la medida para que antes de que se ofrezca una moratoria amplia, pueda existir una determinación de un tribunal luego que se presente la necesidad, tal y como se da en la jurisdicción como Delaware.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el representante Víctor Parés Otero, no descartó que la discusión de la medida continue con la participación de las agencias de servicios esenciales, entre otros deponentes.

En los trabajos legislativos también participaron, el representante Luis “Junior” Pérez Ortíz y la representante Lisie Burgos Muñiz.

La gobernadora Jenniffer González Colón, llegó hoy, lunes, al Departamento de la Vivienda en Río Piedras para iniciar la transición en esa agencia tras la renuncia de la secretaria Ciary Pérez Peña, efectiva hoy lunes.

La gobernadora indicó que su presencia en Vivienda respondía a darle seguimiento a los procesos que ha logrado la agencia.

“Aquí se ha adelantado muchísimo en términos de desembozos, construcción de vivienda y proyectos de títulos de propiedad. Se entregaron 1,177 títulos, y vamos a entregar 150 más, y proyectos en reconstrucción ya en primera piedra. Este trabajo que es tan importante y que hemos recibido el aplauso de las agencias federales de que estamos en cumplimiento no se puede detener por la renuncia”, expresó la gobernadora ante preguntas de la prensa.

González Colón lamentó la renuncia de la saliente secretaria y expresó que la considera como “una de las mejores secretarias que ha tenido la agencia”.

Pérez Peña dimitió el viernes tras el escándalo con el centro de inspección Yabucoa Auto Service, propiedad de su familia y del cual fue propietaria hasta el 2025.

Actualmente, la exsecretaria está bajo investigación por el Departamento de Justicia tras denuncias de presuntas irregularidades en la compañía familiar.

La gobernadora, por su parte, confirmó que aún el puesto está vacante. Sin embargo, el licenciado y planificador Carlos Olmedo Álvarez, quien antes ocupaba el cargo de secretario asociado de la División de Proyectos Críticos y Prioritarios de Vivienda, ahora ocupará el de subdirector de Planificación.

Gobernadora expresa que Rivera Schatz se ha convertido en “su principal agresor”

Ante preguntas de la prensa sobre los comentarios del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz criticando la administración de la gobernadora, González Colón indicó que “él va a estar todos los días en una pelea”.

“Mientras yo estoy trabajando, poniendo primeras piedras e inaugurando proyectos, hay otros que están en la controversia y en la pelea diaria. La diferencia es que yo lo estoy diciendo de frente y que ahora la gente sabe porqué tanta pelea. Yo me voy a enfocar”, indicó la gobernadora.

“El que se supone que sea mi principal aliado y colaborador político se ha convertido en mi agresor principal”, añadió.

Sobre su secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la Gobernadora habló de una intromisión del Senado.

González Colón sostuvo que las presiones para remover funcionarios no son nuevas y que, aunque algunos jefes de agencia han contado con consenso del Senado para sus nombramientos, intentar decidir quién trabaja dentro de su equipo constituye una intromisión en las prerrogativas del Ejecutivo.

La Policía de Puerto Rico seleccionó a la empresa Strider Consulting, LLC para realizar una auditoría independiente dirigida a analizar y validar la deuda acumulada por exceso de tiempo compensatorio estatal correspondiente a agentes activos y retirados de la Uniformada.

El anuncio lo realizó el superintendente de la Policía, Joseph González, quien explicó que la auditoría busca determinar con precisión el balance real de esta deuda administrativa, asociada a horas trabajadas que no fueron compensadas económicamente en su momento.

El proyecto se llevará a cabo como parte de los esfuerzos de fiscalización y control financiero que se realizan en coordinación con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (FOMB).

“El objetivo de este proceso es contar con una evaluación independiente, rigurosa y transparente que nos permita validar y analizar el balance acumulado de esta deuda, de manera que podamos atenderla de forma responsable y conforme a las mejores prácticas de administración pública”, expresó González.

Según detalló el jefe de la Uniformada, durante febrero de 2026 la Policía publicó una solicitud de propuestas (RFP) para contratar una firma que realizara el análisis del tiempo compensatorio acumulado. El período para someter propuestas culminó el 27 de febrero.

Posteriormente, un comité evaluador de la Policía examinó las propuestas recibidas tomando en consideración el cumplimiento de requisitos administrativos, la experiencia técnica de las empresas, la razonabilidad de las propuestas económicas y la capacidad para cumplir con el alcance del proyecto. Como parte del proceso también se realizaron entrevistas a las compañías proponentes.

González indicó que el comité completó la evaluación en aproximadamente dos semanas, tras lo cual se seleccionó a Strider Consulting como la firma recomendada para realizar la auditoría.

No obstante, la adjudicación final del contrato estará sujeta a la entrega de certificaciones y documentos requeridos antes de formalizar el acuerdo.

El superintendente sostuvo que la auditoría busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad fiscal dentro de la institución, además de atender un asunto administrativo que impacta tanto a policías en funciones como a miembros retirados.

Una vez formalizado el contrato, se notificará oficialmente el inicio de los trabajos.

De acuerdo con la estimación preliminar de la firma seleccionada, la auditoría podría completarse en un período aproximado de 10 a 12 meses, aunque el término final dependerá del volumen de información a analizar y de los hallazgos que surjan durante el proceso.