Katherine Montañez, vicepresidenta de la “National Tresasury Employees Union” (NTEU), junto a otros miembros de esta organización sindical, urgió a la Asamblea Legislativa a respaldar el Proyecto del Senado 844, que establecería prórrogas automáticas en sus deudas durante un cierre del gobierno federal que el pasado año fue de 43 días.
Montañez, señaló en vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero, que esta ley es una necesaria ya que “crearía una estructura de protección uniforme y garantizada”, la cual brindaría una protección contra el corte de servicios esenciales, moratorias automáticas en obligaciones financieras, prohibición de reportes negativos al crédito y acceso a asistencia nutricional y desempleo.
“Esto no es un favor, es justicia básica, esta medida colocaría a Puerto Rico como la primera jurisdicción en establecer protecciones integrales y automáticas para empleados federales durante cierre gubernamentales”, dijo la deponente.
Al dirigirse a representantes de la banca, acreedores y servicios esenciales argumentó que “esta ley no les pide que regalen servicios, ni que condonen la deuda. Les pide que concedan tiempo, con reglas claras ante una crisis fuera del control del trabajador. El cierre de gobierno va a volver a ocurrir. Este proyecto no es su enemigo. Es una herramienta de estabilidad y manejo de riesgo”.
La empleada federal del “Internal Revenue Service” (IRS), narró que durante el cierre de octubre del pasado año se afectaron a 10,500 empleados, de los cuales 8,500 quedaron completamente sin trabajo, mientras que 2,000 tuvieron que trabajar sin paga.
Por su parte, que Ulises Sánchez, presidente del capitulo 193 del NTEU, planteó visiblemente afectado el cuadro de los empleados que tienen que laborar sin paga, los cuales por estar “técnicamente trabajando, no pueden ni siquiera solicitar el seguro por desempleo. No califican para programas de asistencia porque están “empleados”, tampoco puede asistir a oficinas o eventos de repartición de alimentos porque deben laborar y no pueden abandonar sus puestos”.
Sánchez afirmó que esta propuesta “no solo nos protege a nosotros, protege a toda la economía de Puerto Rico. Cuando más de 10,500 empleados federales pierden sus ingresos simultáneamente, el impacto se siente en todos los sectores, supermercados, gasolineras, comercios, bancos y cooperativas”.
Añadió específicamente que para “las instituciones financieras y de servicios, esta medida les ofrece algo invaluable, certeza y estructura en lugar de caos. Sin este marco legal, cuando ocurre un cierre, se enfrentan a miles de casos individuales para evaluar, decisiones discrecionales inconsistentes y costos administrativos masivos de procesos de cobro”.
Sin embargo, la Lcda. Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), no endosó la medida arguyendo que existen mecanismos administrados por el “Consumer Financial Protection Bureau” que “establecen un marco uniforme para la modificación, suspensión o manejo de préstamos hipotecarios y de consumo”.
Rodríguez Villa expuso que agencias federales y empresas patrocinadas por el gobierno, que otorgan hipotecas garantizadas o reguladas, como el “Housing and Urban Development” (HUD), la Administración Federal de Vivienda, Fanie Mae y Freddie Mac, entre otros, cuentan con reglas específicas para modificar préstamos, exigir documentación y consentimientos previo, por lo que “una ley estatal no puede obligar a alterar los términos financieros de préstamos regulados federalmente sin generar un conflicto de campo ocupado”.
La pieza en discusión, en opinión de la funcionaria “aunque persigue un objetivo social legítimo de brindar alivio a empleados federales afectados por un cierre gubernamental, presenta serias incompatibilidades con el marco regulatorio vigente y genera riesgos para la estabilidad de las instituciones financieras supervisadas por la OCIF”, además que contraviene garantías constitucionales tanto locales como federales.
De igual forma, añadió que, “la activación automática y retroactiva de moratorias, la prohibición de acumular intereses o cargos y la limitación al reporte de información crediticia, entra en conflicto con leyes federales como “Truth in Lending Act” el “Real Estate Settlement Procedures Act” y el “Fair Credit Reporting Act”, así como regulaciones de inversionistas institucionales o entidades federales, afectando la integridad de los contratos privados y los sistemas de pago y flujo de efectivo de las instituciones”.
A sus expresiones se unió, la presidenta de la Asociación de Bancos, Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, quien calificó lo que pretende el proyecto como “excesivo, irrazonable e innecesario” a la luz de la experiencia en emergencias reales recientes y las respuestas de nuestros bancos a las necesidades de sus clientes como resultado de estas.
Álvarez Rubio señaló que en casos como el paso del huracán María, la pandemia y el mismo cierre de octubre del 2025, “la banca ha reaccionado brindando asistencia a sus clientes afectados, sin necesidad de legislación o reglamentación especifica al efecto”.
Además, aseguró que, desde el cierre del gobierno federal, hasta la fecha “nuestros bancos miembros han brindado orientación con relación a hipotecas a 650 clientes, de los cuales 166 recibieron asistencia financiera adaptada a sus necesidades. Para productos de consumo se orientó a 1,023 personas y recibieron ayuda 594 clientes”.
La deponente sostuvo que “no estamos en desacuerdo y no nos oponemos a que el gobierno ayude a estos empleados federales con relación a aportaciones del gobierno local o municipal, de agencias como el Departamento de la Familia y el Departamento de Asuntos del Veterano, entre otros, que no son instituciones financieras privadas, sino dependencias gubernamentales que están llamados a ayudar a sus ciudadanos cuando más lo necesitan”.
A renglón seguido, manifestó que la situación de angustia por la que atravesaron los empleados federales es la misma por la que pasa todo empleado que es despedido, pero sostuvo que al estar dos meses sin devengar salario “no se procesa una ejecución hipotecaria”, por lo que aprobar una moratoria automática de 90 días, cuando un cierre se extiende por más de 15 días “pone en riesgo desde ahora el dinero que tiene cada cliente en cada institución financiera”, puesto que se podría producir un aumento en la morosidad de los clientes.
Sus expresiones fueron secundadas por Carlos Del Valle Laboy, presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios de Puerto Rico.
En su turno de preguntas, el representante José “Cheíto” Hernández Concepción, indicó que la medida debe “seguir su discusión, creo que la intención legislativa es buena”, para afinar las ayudas que puedan darse.
Así también el representante Ángel Fourquet Cordero, propuso que se enmiende la medida para que antes de que se ofrezca una moratoria amplia, pueda existir una determinación de un tribunal luego que se presente la necesidad, tal y como se da en la jurisdicción como Delaware.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el representante Víctor Parés Otero, no descartó que la discusión de la medida continue con la participación de las agencias de servicios esenciales, entre otros deponentes.
En los trabajos legislativos también participaron, el representante Luis “Junior” Pérez Ortíz y la representante Lisie Burgos Muñiz.
