El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó el lunes el calificativo de “agresor” por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón.

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“Ella llama secretario de la Gobernación (Francisco Domenech Fernández) a quien sí fue un agresor y quien agredió a Verónica Ferraiuoli. Y Verónica Ferraiuoli le dijo a la Policía de Puerto Rico que le rompió la ropa interior, que la agredió y le rompió el teléfono. Así que ella llama secretario de la Gobernación a una persona que sí fue agresor. Yo nunca he sido acusado de agresión a nadie”, dijo Rivera Schatz en un aparte con periodistas en El Capitolio.

Sobre el alegato que hiciera la gobernadora de que Rivera Schatz nunca va a las reuniones que convoca, contestó: “Eso no es correcto. A las reuniones que hemos ido… Lo que pasa es que ella siempre llega tarde, ustedes lo saben. Pues sí, si ella pretende que la gente le espere por dos horas en lo que ella llega, ella no puede tener esa pretensión, porque los que tenemos trabajo, pues tenemos que cumplir”.

Otro de los alegatos de la gobernadora contra el presidente del Senado es que sus críticas responden a su interés en la candidatura a la gobernación.

“En primer lugar, yo le agradezco a la gobernadora que me extienda la invitación, pero yo he dicho que no soy candidato a nada, que no es tiempo de candidaturas. Así es que, si la gobernadora fuera la opción de triunfo del PNP, pues ya veremos. Si no lo fuera, pues también ya veremos. Así que, de nuevo, yo ni estoy desesperado, ni tengo ningún interés en particular, ni tengo ninguna prisa por nada. La gente va a evaluar a todos los candidatos que haya en todos los partidos políticos y ya veremos”, expresó.

Finalmente, sobre la denuncia de que Rivera Schatz obstaculiza la agenda de la administración, su reacción fue que: “Yo creo que la gobernadora puede tener la opinión que ella quiera y el pueblo de Puerto Rico puede ver el récord. Casi el 100 por ciento de los nombramientos se han aprobado, excepto los que tenían problemas con las planillas y los que tenían otros problemas. Ya cerca del 80 por ciento de los proyectos de administración se han estado atendiendo, los que son programáticos y los que no son programáticos. Los únicos dos proyectos que fueron rechazados son dos proyectos que no son parte del programa de gobierno, que fueron el de La Parguera y el de los vehículos todoterreno. Así que podrá tener la opinión que quiera, pero los números y los datos están ahí para quien los quiera revisar”.

Como parte de los esfuerzos dirigidos a impulsar el desarrollo de los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads, el Municipio de Ceiba, firmó varios acuerdos colaborativos con la Autoridad de Redesarrollo Local para Roosevelt Roads (LRA) que permitirán realizar trabajos claves en infraestructura, seguridad y mantenimiento dentro de la zona.

Los acuerdos fueron suscritos por el alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, y el director ejecutivo del LRA, Carlos Ríos Pierluisi, como parte de una estrategia para continuar preparando áreas prioritarias para su activación y uso futuro.

A través de esta colaboración, el municipio realizará trabajos de limpieza y acondicionamiento de edificios, mantenimiento de áreas verdes, mejoras eléctricas, instalación de luminarias, reparaciones de carreteras y trabajos de plomería. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad, accesibilidad y condiciones operacionales en sectores de alto tránsito dentro de Roosevelt Roads.

“El desarrollo de estos terrenos es fundamental para el futuro económico de Ceiba y de toda la región. Nuestro compromiso es continuar trabajando junto al Gobierno de Puerto Rico y al LRA para transformar esta zona en un motor de desarrollo, oportunidades y actividad económica para nuestra gente”, expresó el alcalde.

Rivera Báez, añadió que estas iniciativas forman parte de una visión más amplia de su administración para integrar plenamente los terrenos de Roosevelt Roads al desarrollo del municipio, creando condiciones adecuadas para atraer inversión, fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Por su parte, el director ejecutivo del LRA, Carlos Ríos Pierluisi, destacó la importancia de esta colaboración para adelantar trabajos esenciales en la zona. “Estos acuerdos colaborativos con el municipio de Ceiba permitirán atender necesidades de infraestructura dentro de Roosevelt Roads y continuar creando las condiciones para su transformación. Al mismo tiempo que planificamos proyectos de gran escala, buscamos promover la actividad económica con mejoras como la limpieza y el acondicionamiento de algunos edificios. Los trabajos que se realizarán fortalecerán nuestra capacidad para traer inversión y apoyar nuevos proyectos y oportunidades para la región este ”, dijo.

Las mejoras contribuirán a crear un entorno más seguro, ordenado y funcional para visitantes, turistas y usuarios que acceden a Roosevelt Roads, particularmente en áreas de alto uso vinculadas al terminal de lanchas, al mejorar la visibilidad, la accesibilidad y las condiciones generales de tránsito y operación.

Katherine Montañez, vicepresidenta de la “National Tresasury Employees Union” (NTEU), junto a otros miembros de esta organización sindical, urgió a la Asamblea Legislativa a respaldar el Proyecto del Senado 844, que establecería prórrogas automáticas en sus deudas durante un cierre del gobierno federal que el pasado año fue de 43 días.

Montañez, señaló en vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero, que esta ley es una necesaria ya que “crearía una estructura de protección uniforme y garantizada”, la cual brindaría una protección contra el corte de servicios esenciales, moratorias automáticas en obligaciones financieras, prohibición de reportes negativos al crédito y acceso a asistencia nutricional y desempleo.

“Esto no es un favor, es justicia básica, esta medida colocaría a Puerto Rico como la primera jurisdicción en establecer protecciones integrales y automáticas para empleados federales durante cierre gubernamentales”, dijo la deponente.

Al dirigirse a representantes de la banca, acreedores y servicios esenciales argumentó que “esta ley no les pide que regalen servicios, ni que condonen la deuda. Les pide que concedan tiempo, con reglas claras ante una crisis fuera del control del trabajador. El cierre de gobierno va a volver a ocurrir. Este proyecto no es su enemigo. Es una herramienta de estabilidad y manejo de riesgo”.

La empleada federal del “Internal Revenue Service” (IRS), narró que durante el cierre de octubre del pasado año se afectaron a 10,500 empleados, de los cuales 8,500 quedaron completamente sin trabajo, mientras que 2,000 tuvieron que trabajar sin paga.

Por su parte, que Ulises Sánchez, presidente del capitulo 193 del NTEU, planteó visiblemente afectado el cuadro de los empleados que tienen que laborar sin paga, los cuales por estar “técnicamente trabajando, no pueden ni siquiera solicitar el seguro por desempleo. No califican para programas de asistencia porque están “empleados”, tampoco puede asistir a oficinas o eventos de repartición de alimentos porque deben laborar y no pueden abandonar sus puestos”.

Sánchez afirmó que esta propuesta “no solo nos protege a nosotros, protege a toda la economía de Puerto Rico. Cuando más de 10,500 empleados federales pierden sus ingresos simultáneamente, el impacto se siente en todos los sectores, supermercados, gasolineras, comercios, bancos y cooperativas”.

Añadió específicamente que para “las instituciones financieras y de servicios, esta medida les ofrece algo invaluable, certeza y estructura en lugar de caos. Sin este marco legal, cuando ocurre un cierre, se enfrentan a miles de casos individuales para evaluar, decisiones discrecionales inconsistentes y costos administrativos masivos de procesos de cobro”.

Sin embargo, la Lcda. Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), no endosó la medida arguyendo que existen mecanismos administrados por el “Consumer Financial Protection Bureau” que “establecen un marco uniforme para la modificación, suspensión o manejo de préstamos hipotecarios y de consumo”.

Rodríguez Villa expuso que agencias federales y empresas patrocinadas por el gobierno, que otorgan hipotecas garantizadas o reguladas, como el “Housing and Urban Development” (HUD), la Administración Federal de Vivienda, Fanie Mae y Freddie Mac, entre otros, cuentan con reglas específicas para modificar préstamos, exigir documentación y consentimientos previo, por lo que “una ley estatal no puede obligar a alterar los términos financieros de préstamos regulados federalmente sin generar un conflicto de campo ocupado”.

La pieza en discusión, en opinión de la funcionaria “aunque persigue un objetivo social legítimo de brindar alivio a empleados federales afectados por un cierre gubernamental, presenta serias incompatibilidades con el marco regulatorio vigente y genera riesgos para la estabilidad de las instituciones financieras supervisadas por la OCIF”, además que contraviene garantías constitucionales tanto locales como federales.

De igual forma, añadió que, “la activación automática y retroactiva de moratorias, la prohibición de acumular intereses o cargos y la limitación al reporte de información crediticia, entra en conflicto con leyes federales como “Truth in Lending Act” el “Real Estate Settlement Procedures Act” y el “Fair Credit Reporting Act”, así como regulaciones de inversionistas institucionales o entidades federales, afectando la integridad de los contratos privados y los sistemas de pago y flujo de efectivo de las instituciones”.

A sus expresiones se unió, la presidenta de la Asociación de Bancos, Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, quien calificó lo que pretende el proyecto como “excesivo, irrazonable e innecesario” a la luz de la experiencia en emergencias reales recientes y las respuestas de nuestros bancos a las necesidades de sus clientes como resultado de estas.

Álvarez Rubio señaló que en casos como el paso del huracán María, la pandemia y el mismo cierre de octubre del 2025, “la banca ha reaccionado brindando asistencia a sus clientes afectados, sin necesidad de legislación o reglamentación especifica al efecto”.

Además, aseguró que, desde el cierre del gobierno federal, hasta la fecha “nuestros bancos miembros han brindado orientación con relación a hipotecas a 650 clientes, de los cuales 166 recibieron asistencia financiera adaptada a sus necesidades. Para productos de consumo se orientó a 1,023 personas y recibieron ayuda 594 clientes”.

La deponente sostuvo que “no estamos en desacuerdo y no nos oponemos a que el gobierno ayude a estos empleados federales con relación a aportaciones del gobierno local o municipal, de agencias como el Departamento de la Familia y el Departamento de Asuntos del Veterano, entre otros, que no son instituciones financieras privadas, sino dependencias gubernamentales que están llamados a ayudar a sus ciudadanos cuando más lo necesitan”.

A renglón seguido, manifestó que la situación de angustia por la que atravesaron los empleados federales es la misma por la que pasa todo empleado que es despedido, pero sostuvo que al estar dos meses sin devengar salario “no se procesa una ejecución hipotecaria”, por lo que aprobar una moratoria automática de 90 días, cuando un cierre se extiende por más de 15 días “pone en riesgo desde ahora el dinero que tiene cada cliente en cada institución financiera”, puesto que se podría producir un aumento en la morosidad de los clientes.

Sus expresiones fueron secundadas por Carlos Del Valle Laboy, presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios de Puerto Rico.

En su turno de preguntas, el representante José “Cheíto” Hernández Concepción, indicó que la medida debe “seguir su discusión, creo que la intención legislativa es buena”, para afinar las ayudas que puedan darse.

Así también el representante Ángel Fourquet Cordero, propuso que se enmiende la medida para que antes de que se ofrezca una moratoria amplia, pueda existir una determinación de un tribunal luego que se presente la necesidad, tal y como se da en la jurisdicción como Delaware.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el representante Víctor Parés Otero, no descartó que la discusión de la medida continue con la participación de las agencias de servicios esenciales, entre otros deponentes.

En los trabajos legislativos también participaron, el representante Luis “Junior” Pérez Ortíz y la representante Lisie Burgos Muñiz.

La gobernadora Jenniffer González Colón, llegó hoy, lunes, al Departamento de la Vivienda en Río Piedras para iniciar la transición en esa agencia tras la renuncia de la secretaria Ciary Pérez Peña, efectiva hoy lunes.

La gobernadora indicó que su presencia en Vivienda respondía a darle seguimiento a los procesos que ha logrado la agencia.

“Aquí se ha adelantado muchísimo en términos de desembozos, construcción de vivienda y proyectos de títulos de propiedad. Se entregaron 1,177 títulos, y vamos a entregar 150 más, y proyectos en reconstrucción ya en primera piedra. Este trabajo que es tan importante y que hemos recibido el aplauso de las agencias federales de que estamos en cumplimiento no se puede detener por la renuncia”, expresó la gobernadora ante preguntas de la prensa.

González Colón lamentó la renuncia de la saliente secretaria y expresó que la considera como “una de las mejores secretarias que ha tenido la agencia”.

Pérez Peña dimitió el viernes tras el escándalo con el centro de inspección Yabucoa Auto Service, propiedad de su familia y del cual fue propietaria hasta el 2025.

Actualmente, la exsecretaria está bajo investigación por el Departamento de Justicia tras denuncias de presuntas irregularidades en la compañía familiar.

La gobernadora, por su parte, confirmó que aún el puesto está vacante. Sin embargo, el licenciado y planificador Carlos Olmedo Álvarez, quien antes ocupaba el cargo de secretario asociado de la División de Proyectos Críticos y Prioritarios de Vivienda, ahora ocupará el de subdirector de Planificación.

Gobernadora expresa que Rivera Schatz se ha convertido en “su principal agresor”

Ante preguntas de la prensa sobre los comentarios del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz criticando la administración de la gobernadora, González Colón indicó que “él va a estar todos los días en una pelea”.

“Mientras yo estoy trabajando, poniendo primeras piedras e inaugurando proyectos, hay otros que están en la controversia y en la pelea diaria. La diferencia es que yo lo estoy diciendo de frente y que ahora la gente sabe porqué tanta pelea. Yo me voy a enfocar”, indicó la gobernadora.

“El que se supone que sea mi principal aliado y colaborador político se ha convertido en mi agresor principal”, añadió.

Sobre su secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la Gobernadora habló de una intromisión del Senado.

González Colón sostuvo que las presiones para remover funcionarios no son nuevas y que, aunque algunos jefes de agencia han contado con consenso del Senado para sus nombramientos, intentar decidir quién trabaja dentro de su equipo constituye una intromisión en las prerrogativas del Ejecutivo.

La Policía de Puerto Rico seleccionó a la empresa Strider Consulting, LLC para realizar una auditoría independiente dirigida a analizar y validar la deuda acumulada por exceso de tiempo compensatorio estatal correspondiente a agentes activos y retirados de la Uniformada.

El anuncio lo realizó el superintendente de la Policía, Joseph González, quien explicó que la auditoría busca determinar con precisión el balance real de esta deuda administrativa, asociada a horas trabajadas que no fueron compensadas económicamente en su momento.

El proyecto se llevará a cabo como parte de los esfuerzos de fiscalización y control financiero que se realizan en coordinación con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (FOMB).

“El objetivo de este proceso es contar con una evaluación independiente, rigurosa y transparente que nos permita validar y analizar el balance acumulado de esta deuda, de manera que podamos atenderla de forma responsable y conforme a las mejores prácticas de administración pública”, expresó González.

Según detalló el jefe de la Uniformada, durante febrero de 2026 la Policía publicó una solicitud de propuestas (RFP) para contratar una firma que realizara el análisis del tiempo compensatorio acumulado. El período para someter propuestas culminó el 27 de febrero.

Posteriormente, un comité evaluador de la Policía examinó las propuestas recibidas tomando en consideración el cumplimiento de requisitos administrativos, la experiencia técnica de las empresas, la razonabilidad de las propuestas económicas y la capacidad para cumplir con el alcance del proyecto. Como parte del proceso también se realizaron entrevistas a las compañías proponentes.

González indicó que el comité completó la evaluación en aproximadamente dos semanas, tras lo cual se seleccionó a Strider Consulting como la firma recomendada para realizar la auditoría.

No obstante, la adjudicación final del contrato estará sujeta a la entrega de certificaciones y documentos requeridos antes de formalizar el acuerdo.

El superintendente sostuvo que la auditoría busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad fiscal dentro de la institución, además de atender un asunto administrativo que impacta tanto a policías en funciones como a miembros retirados.

Una vez formalizado el contrato, se notificará oficialmente el inicio de los trabajos.

De acuerdo con la estimación preliminar de la firma seleccionada, la auditoría podría completarse en un período aproximado de 10 a 12 meses, aunque el término final dependerá del volumen de información a analizar y de los hallazgos que surjan durante el proceso.

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, aseguró que la estadidad es la única alternativa de estatus político para Puerto Rico que ha mostrado crecimiento sostenido en respaldo desde mediados del siglo pasado, particularmente durante los últimos 25 años, tanto en la Isla como en los estados de Estados Unidos.

Aponte sostuvo que encuestas publicadas desde 2024 por la revista política estadounidense Politico reflejan que un 67.3% de los residentes de los 50 estados favorecen la admisión de Puerto Rico como estado de la unión. Según el legislador, esos sondeos también muestran un respaldo significativo entre los jóvenes, lo que, a su juicio, contradice planteamientos de sectores opositores.

“Los hechos son innegables, la estadidad es la única forma de estatus que ha ganado terreno, y mucho, en los pasados 25 años. De hecho, somos la mayoría del pueblo”, expresó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El legislador añadió que el apoyo nacional a la estadidad se ha mantenido por encima del 52% desde marzo de 2004 y que, según los datos citados, ese respaldo habría aumentado hasta superar el 67% en 2024. Aponte también planteó que el contexto geopolítico actual en la región podría influir en un mayor apoyo en Estados Unidos hacia la admisión de Puerto Rico como estado.

Asimismo, el representante, quien preside la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara, afirmó que Puerto Rico no regresará a escenarios del pasado ni se separará de Estados Unidos, al referirse a posturas de sectores que favorecen otras alternativas de estatus.

“Existen opositores políticos que quieren vivir en el siglo pasado… otros buscan la independencia, a pesar de que no se lo dicen al pueblo de frente”, expresó Aponte, al reiterar que, a su juicio, la estadidad es la única opción que garantiza igualdad de derechos y la ciudadanía estadounidense para los residentes de Puerto Rico.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que dirige el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, continuó el proceso de evaluación en vista pública, de varios nombramientos presentados por el Ejecutivo para los cargos de procuraduría, judicatura y Ministerio Público.

“En la Comisión que atiende los nombramientos hacemos una investigación muy rigurosa, no tan solo de la documentación que se somete sino de la investigación de campo y ustedes tienen excelentes credenciales, tanto personales, académicas y profesionales que los hacen aptos para ocupar los cargos”, expresó Rivera Schatz, añadiendo que los nombramientos serían sometidos al pleno del Senado durante la Sesión de la tarde.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, mencionó palabras de elogio hacia los nominados. “He tenido la oportunidad de leer las ponencias, tienen una trayectoria de vida que da la base del carácter y los felicito por hacerse disponibles en este retante ámbito de estar en los tribunales impartiendo justicia y asegurándose del proceso de ley”.

Compareció a deponer la licenciada Margianne Casiano Pérez, nominada al cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. “Dicho cargo conlleva una responsabilidad significativa al ser el primer contacto de los ciudadanos en nuestros tribunales para tener acceso a la justicia. Por tal razón, creo firmemente que quien ejerce dicha función debe basar sus determinaciones en la imparcialidad, independencia judicial y absoluto respeto a la Constitución y las leyes de Puerto Rico”, dijo Casiano.

En el ámbito profesional, Casiano destacó su trabajo en un bufete privado y posteriormente en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, donde desde 2020 ha representado a personas de escasos recursos en casos civiles, de familia y relacionados con la protección de poblaciones vulnerables bajo diversas leyes de protección social.

La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó, además de hacer cumplir las leyes de Puerto Rico, qué otros principios y valores deben ser parte de su formación a la hora de tener posiblemente a personas que van a decir que son inocentes y que en el proceso no lo son. “Además de la responsabilidad que tenemos nosotros, los abogados y futuros jueces es importante recalcar los valores que en mi caso tuve por parte de mis padres y el valor al respeto que tuvo el que comparezca a nuestra sala de nuestra parte, además de garantizarles sus derechos de conformidad a lo que dice el proceso de ley, reciban respeto de nuestra parte”, respondió Casiano.

Asimismo, asitió el licenciado Francisco Ortiz Caraballo, nominado a Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. “Como Juez, prometo atender cada reclamo con la celeridad y pericia que se requiere, de manera que se cumpla con el deber que nos impone la Constitución y las Leyes de Puerto Rico. De ser confirmado, ejerceré el rol con la rectitud, integridad, templanza y la humildad que la designación obliga”.

La trayectoria profesional de Ortiz, incluye experiencia en el sistema judicial en el Tribunal de Apelaciones y luego en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como oficial jurídico, así como su labor actual en el Panel Central de Investigaciones Jurídicas.

Igualmente, se presentó la licenciada Ana I. Pérez Camacho, nominada a Procuradora de Asuntos de Familia del Departamento de Justicia (DJ). “Mi trayectoria profesional ha estado consistentemente marcada por el servicio público, el liderazgo responsable y la defensa de poblaciones vulnerables. Cuento con la experiencia, el conocimiento del sistema y la madurez profesional necesarios para asumir en propiedad la responsabilidad de Procuradora”.

Pérez, describió su experiencia en el servicio público, incluyendo su trabajo en la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos, y su desempeño como Procuradora en Asuntos de Menores desde 2011. Señaló también su labor en el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y en la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, destacando su compromiso con la protección de menores, personas incapacitadas y víctimas vulnerables.

De igual manera, la Comisión evaluó a la licenciada Amalia M. Durán Santiago, nominada como Procuradora de Asuntos de Familia. “Mi compromiso será desempeñar funciones como Procuradora con independencia, diligencia y un estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, siempre teniendo presente que las intervenciones del Estado respondan al mejor interés del menor y al bienestar de las familias puertorriqueñas”.

En cuanto a la experiencia laboral de la nominada en el servicio público, laboró en la Small Business Administration tras desastres naturales como los huracanes María y Fiona; su trabajo en el programa de reconstrucción R3 del Departamento de la Vivienda y su desempeño en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, donde ha atendido casos de derecho de familia, custodia, pensión alimentaria, violencia doméstica y protección de menores y adultos vulnerables.

Además, se presentó el licenciado Robert M. Bradley Roque, nominado al cargo de Procurador de Asuntos de Menores del DJ. “Entiendo que poseo las cualidades necesarias para asumir el rol. Mi trayectoria ha estado marcada por el trabajo, el sacrificio y el compromiso con mi comunidad. En mi práctica privada tuve la oportunidad de representar a personas jóvenes, procurando ser para ellos no solo su representación legal, sino también un ejemplo de respeto, responsabilidad y rectitud”.

En un turno, el senador de mayoría, Ángel Toledo López, expresó que “todos presentan una trayectoria que les faculta para ejercer los cargos a los que han sido nombrados”. Toledo preguntó a Bradley cuál es su visión de cómo evaluar a un menor que está sujeto a un procedimiento, que no se ha determinado que ha sido incurso en nada, pero que realmente tiene ya un sistema que pesa sobre él solo por el hecho de ser menor.

El deponente respondió que “se evaluaría claramente caso a caso, siguiendo los principios de legalidad y de justicia. Mi enfoque a los asuntos de menores viene de una visión ecléctica e integral, que no tan solo puede ser corrección punitiva, sino que también considerar las circunstancias donde el menor se desarrolla, en el entorno familiar, en el entorno educativo, y asegurarnos que el Estado también pueda remar al unísono para brindarle oportunidades al menor”.

Se presentan nominados a Fiscal Auxiliar I del DJ

De igual manera, compareció la licenciada Gabriela Liz Torres Rivera. “Aspiro a desempeñar esa función con respeto por las víctimas, con sensibilidad hacia las comunidades a las que servimos y con la integridad que exige el servicio público. Creo firmemente que la confianza del pueblo en el sistema de justicia depende de la calidad humana y profesional de quienes lo integran”.

En su experiencia profesional, destacó el manejo de casos relacionados con violencia doméstica, agresiones sexuales y maltrato de menores, mientras se desempeña como Fiscal Especial en la Unidad de Violencia Doméstica, Abuso Sexual y Maltrato de Menores.

También, se presentó a deponer el licenciado Emanuel Ramos Martínez. “El Ministerio Público se enfrenta todos los días a casos desafiantes y complejos. Estas controversias requieren de puertorriqueños que estén dispuestos a enfrentarlas con valentía, rigurosidad, compromiso, sensibilidad y siempre amparándose en dos principios medulares. La búsqueda de la verdad y hacer justicia. El puesto de Fiscal Auxiliar no debe entenderse como un funcionario que busque convicciones para satisfacer una estadistica”.

De igual forma, participó la licenciada Verónica Ortiz Gil de Lamadrid. “Ser nombrada me brindaría mayor estabilidad personal y profesional dentro del DJ. Además, esta posición me permitiría seguir desarrollando mis destrezas, asumir nuevos retos y continuar aprendiendo dentro de un entorno de alto impacto social y jurídico”.

En su carrera profesional, Ortiz mencionó que se desempeñó en un bufete privado como paralegal y posteriormente como paso al DJ como Fiscal Especial en la Unidad de la Fiscalía de Bayamón, cargo que ocupa actualmente.

A la vez, compareció la licenciada Nátali G. Díaz Matos. “Hoy comparezco ante ustedes consciente de la solemnidad de este proceso y de la responsabilidad que conlleva esta nominación. No comparezco diciendo que mi camino ha sido perfecto. Comparezco diciendo que ha sido uno de esfuerzo, de aprendizaje, de disciplina y de convicción. Comparezco habiendo probado, en lo académico, en lo personal y en lo profesional, que sé responder ante la adversidad sin perder de vista el deber, la ética y la vocación de servicio”.