El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, rechazó de forma tajante las alegaciones en su contra tras la querella radicada por su exayudante especial, quien lo acusa de acoso laboral, discrimen por razón de sexo, abuso de autoridad y represalias.

La exfuncionaria, que presentó su renuncia en diciembre de 2025, describe en su carta un supuesto patrón de “trato humillante y degradante”, incluyendo un incidente en noviembre en el que —según alegó— fue confrontada de forma agresiva dentro de la oficina del secretario.

“Usted me confrontó de manera brusca… con expresiones intimidantes como ‘tú tienes un problema conmigo; hoy tú te vas de aquí’”, lee el documento.

La querellante también alegó que recibió insultos directos como “no sirves para nada” y amenazas de despido.

Además, en la querella formal, la exayudante especial sostiene que el titular del DCR realizó comentarios de connotación sexual sobre su cuerpo, así como insinuaciones indebidas.

Según la querella, estas conductas afectaron su estabilidad emocional y su percepción de seguridad en el entorno laboral.

Ante estos señalamientos, Quiñones Rivera respondió mediante declaraciones escritas en las que catalogó las acusaciones como “falsas, libelosas y difamatorias”, asegurando que responden a “ataques con agenda” tras decisiones administrativas que, a su juicio, han impactado intereses dentro de la agencia.

“No me van a intimidar, ni desviar del trabajo que he estado llevando a cabo”, expresó el secretario, quien defendió su gestión al frente del DCR.

Asimismo, el funcionario sostuvo que desde su llegada ha impulsado una política de cero tolerancia contra la corrupción, el narcotráfico y el abuso de poder dentro del sistema correccional.

“El que no esté dispuesto a cumplir con la ley, no tiene cabida aquí”, afirmó.

Quiñones Rivera también destacó su trayectoria como exjuez y exfiscal, y aseguró que continuará “limpiando la casa, caiga quien caiga”, al tiempo que reiteró estar preparado para enfrentar cualquier proceso legal relacionado con las querellas.

La Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes adelantó que citará en una próxima vista pública al secretario de Hacienda, funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a centros de inspección vehicular, como parte de la investigación sobre el manejo de multas impuestas a estos negocios.

La determinación surge tras la ausencia de la mayoría de los centros citados en la vista pública celebrada este viernes, en la que solo compareció el centro Yabucoa Auto Service mediante representación legal.

El presidente de la comisión, el representante José Hernández Concepción, explicó que el próximo paso será obligar la comparecencia de las partes clave para esclarecer el proceso mediante el cual se redujeron multas que originalmente ascendían a decenas o cientos de miles de dólares.

“Esta comisión va a citar a los centros que no comparecieron hoy con apercibimiento de desacato a una próxima vista. Así también vamos a citar a otros centros de inspección para vistas futuras, y vamos a citar, en otras vistas, al secretario del DTOP, al secretario de Hacienda, al señor Arturo Deliz y a la señora Mary Fuster. Vamos a citar a vistas posteriores para que nos explique cuál fue este proceso. No es posible, no debe existir así.”, sostuvo.

Alegan posible coordinación entre centros

Como parte de los hallazgos preliminares, Hernández Concepción no descartó que la ausencia de los centros de inspección a la vista haya sido coordinada.

El representante indicó que todos los centros citados se excusaron, algunos incluso luego de haber confirmado asistencia, lo que levanta dudas sobre si hubo comunicación entre ellos para no comparecer.

“Todos se excusaron. Algunos dijeron que iban a venir y luego se excusaron posteriormente. No sé si se comunicaron entre ellos. Yo no quiero pensar eso, por eso los vamos a citar nuevamente”, añadió.

Cuestionan proceso de multas y falta de documentos

Otro de los ejes principales de la investigación es el proceso mediante el cual se redujeron las multas impuestas a los centros de inspección, sin que exista documentación clara en las agencias gubernamentales.

Según explicó Hernández Concepción, las multas originalmente ascendían a cifras elevadas, pero en muchos casos terminaron reduciéndose a cantidades significativamente menores.

“La gran mayoría de los centros de inspección recibió multas por encima de lo que pagaron, recibieron 100,000, 150,000 y pagaron 5,000 posteriormente, pues, ¿cómo llegaste a eso? Pues, eso es precisamente lo que no sabemos”, indicó.

El legislador señaló que ni el DTOP ni el Departamento de Hacienda cuentan con documentos que expliquen cómo se alcanzaron esos acuerdos.

“En el departamento del DTOP no hay un solo documento, en el departamento de Hacienda tampoco. De hecho, Hacienda dice que ellos no tienen injerencia en cómo se lleva el proceso que es el DTOP”, expresó el representante.

Ante el impacto directo que está teniendo el alza en el precio de la gasolina sobre el bolsillo de los trabajadores puertorriqueños, el representante por el Distrito de Ponce, Ángel “Tito” Fourquet, radicó la Resolución de la Cámara 658 con el propósito de identificar alternativas concretas que ayuden a mitigar esta carga económica.

La medida ordena a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual y las oportunidades de expansión del teletrabajo, el trabajo a distancia y la jornada laboral flexible en Puerto Rico, como herramientas inmediatas para reducir gastos de transportación en medio de la crisis energética global provocada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Hoy más que nunca, tenemos que pensar en soluciones reales y alcanzables para nuestra gente. Cada aumento en la gasolina representa menos dinero disponible para alimentos, vivienda y las necesidades básicas. Esta resolución busca abrir la puerta a alternativas que ya han demostrado ser efectivas, como el teletrabajo, y adaptarlas a la realidad actual del país”, expresó Fourquet.

El legislador destacó que Puerto Rico depende completamente de combustibles importados, lo que hace a la Isla particularmente vulnerable a las fluctuaciones internacionales. A esto se suma la falta de un sistema de transporte colectivo confiable, lo que obliga a miles de trabajadores a asumir diariamente el costo del combustible para poder cumplir con sus responsabilidades laborales.

“La pandemia nos enseñó que es posible trabajar de manera remota con igual o mayor productividad en muchos sectores. Sin embargo, hoy no existe un marco que garantice o incentive estas modalidades, especialmente en el sector privado. Es momento de evaluar esas brechas y actuar con urgencia”, añadió.

La investigación también evaluará el marco legal vigente, incluyendo la Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico y la legislación aplicable al sector privado, así como las mejores prácticas adoptadas en otras jurisdicciones, donde el teletrabajo y la jornada flexible han sido utilizados como herramientas para mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica de los trabajadores.Asimismo, la resolución examina la viabilidad de establecer modelos de semanas laborales de cuatro días, y el impacto económico que estas medidas podrían tener en los hogares puertorriqueños ante el alza en los costos de energía.

“Esto es una respuesta concreta a una crisis real que ya están sintiendo nuestras familias. Nuestro deber es adelantarnos y proveer herramientas que protejan la estabilidad económica del trabajador puertorriqueño”, concluyó Fourquet.