La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aseguró hoy que desconoce el origen de los rumores sobre una posible renuncia a su cargo y afirmó que no emitirá comentarios adicionales sobre el tema.

Las expresiones de la funcionaria surgieron luego de que trascendiera en redes sociales un audio en el que se le escucha reaccionar a preguntas sobre versiones que apuntaban a una supuesta salida del puesto.

“No voy a emitir comentarios”, expresó Pérez Peña cuando fue abordada sobre los rumores.

“No tengo ni idea de dónde salen los rumores”, añadió.

La secretaria fue interceptada mientras se encontraba en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde asistía a un torneo de voleibol en el que participan sus hijas.

En el audio que circula en redes también se escucha a la funcionaria referirse al poco tiempo que asegura tener para compartir con ellas debido a sus responsabilidades como jefa de agencia.

“El único momento que yo tengo con mis hijas es su juego… por las horas que yo le dedico al pueblo de Puerto Rico”, dijo.

“Yo veo a mis hijas despiertas en la mañana y cuando están en cancha”, agregó.

Las expresiones ocurren en medio de varias semanas de controversia pública relacionadas con un centro de inspección vehicular en Yabucoa, negocio que figuró a nombre de Pérez Peña y que fue multado por irregularidades en documentos de inspección y marbetes.

El caso fue referido al Departamento de Justicia, que actualmente mantiene en curso una investigación preliminar para evaluar posibles violaciones a la ley. El referido fue presentado el 12 de febrero de 2026 por los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano.

La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor determinó que era necesario recopilar evidencia adicional, por lo que solicitó un término de 90 días para continuar la evaluación del caso. Justicia ha indicado que esta etapa investigativa no constituye una determinación sobre la comisión de delito alguno.

La controversia también cobró fuerza luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, presentara una demanda por alegadas represalias relacionadas con una investigación sobre el centro de inspección.

Según la demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, durante la investigación se identificaron 1,975 transacciones presuntamente irregulares, lo que podría representar multas administrativas de hasta $987,500 bajo disposiciones de la Ley de Tránsito. El exfuncionario reclama $375,000 en daños, alegando que fue trasladado a un puesto sin funciones tras realizar referidos relacionados con el caso.

En medio de la controversia, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, indicó recientemente que la agencia no posee documentación que evidencie algún acuerdo para reducir multas a centros de inspección investigados, incluyendo el establecimiento en Yabucoa. Según sostuvo, toda la información disponible fue remitida al Departamento de Justicia.

El caso también ha generado atención legislativa. La Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes citó a varios propietarios de centros de inspección señalados por irregularidades, entre ellos los vinculados al negocio Yabucoa Auto Service.

En ese contexto, el padre y el hermano de Pérez Peña, quienes actualmente figuran relacionados con el negocio familiar, se excusaron de comparecer a una vista ejecutiva convocada por la Cámara baja. El presidente de la comisión, el representante José “Cheito” Hernández, indicó que ambos podrían ser citados nuevamente y advirtió que podrían exponerse a ser declarados en desacato si no comparecen.

Pérez Peña ha rechazado previamente los señalamientos relacionados con el negocio y ha sostenido que se trata de un negocio familiar en cuya operación y administración no participa desde 2017.

La funcionaria también había defendido públicamente su permanencia en el cargo y aseguró que no ha cometido actos ilegales.

“Yo no voy a renunciar, esta servidora no ha cometido nada ilegal”, expresó anteriormente en entrevista radial.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón ha señalado que las querellas presentadas contra la secretaria corresponden a alegaciones relacionadas con un asunto personal previo a que asumiera el cargo en el gabinete.

Pérez Peña asumió el cargo de secretaria del Departamento de la Vivienda el 2 de enero de 2026. Natural de Humacao y residente en Las Piedras, posee un bachillerato en Administración Comercial con concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre una posible renuncia de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, en medio de la controversia pública que rodea a la funcionaria.

Al ser abordada sobre versiones que apuntaban a una posible salida de Pérez Peña del gabinete, la mandataria sostuvo que no se ha producido ningún cambio en la situación.

“No ha cambiado nada. Yo no tengo ninguna comunicación, ninguna carta a los efectos, así que no sé nuevamente de dónde se sacan cosas en este momento”, expresó la gobernadora.

González Colón también señaló que en torno al caso ha circulado información que, a su juicio, no necesariamente es correcta.

“Yo creo que hay también mucha desinformación. En este momento yo no tengo ninguna carta de renuncia”, añadió.

La gobernadora insistió en que, si se produce algún anuncio oficial sobre la situación de la funcionaria, será comunicado oportunamente.

“El día que yo tenga un anuncio que hacer, los llamaré y haré un anuncio al respecto. En este momento no hay ningún anuncio que hacer”, sostuvo.

Las declaraciones surgen mientras el Departamento de Justicia mantiene en curso una evaluación relacionada con señalamientos sobre el centro de inspección vehicular Yabucoa Auto Service, negocio familiar que ha sido vinculado públicamente con Pérez Peña.

El caso se encuentra bajo revisión preliminar tras un referido presentado por legisladores, proceso que busca determinar si procede o no una investigación formal. Justicia ha indicado previamente que esta etapa no constituye una determinación de comisión de delito, sino un proceso para evaluar información bajo juramento y recopilar evidencia adicional.

La controversia se intensificó luego de que trascendiera que el establecimiento fue señalado por presuntas irregularidades en documentos de inspección y marbetes, así como por la radicación de una demanda por alegadas represalias vinculadas a una investigación sobre el negocio.

En medio del escrutinio público, Pérez Peña ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que el negocio es de carácter familiar y que no participa en su operación ni administración desde 2017.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz ha dicho que el asunto ya tiene un daño político para la administración de González, independientemente del resultado de la pesquisa en Justicia para el FEI.

El Departamento de Justicia, a través de la División de Delitos Económicos, presentó este viernes 12 denuncias contra dos mujeres identificadas como Doris Margarita Martínez Sánchez, de 69 años, y Yahaira Liz Pino Hernández, de 50 años, por delitos de maltrato a personas de edad avanzada, explotación financiera de personas de edad avanzada, apropiación ilegal de vehículo, entrada de información falsa al sistema de computadoras o expedientes, entre otros, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Las fiscales Roxanne Rivera Carrión, directora de la División de Delitos Económicos, y Natalie Lausell Rodríguez presentaron los cargos ante la jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa en todos los delitos imputados.

Contra Martínez Sánchez, quien enfrenta 9 cargos, la jueza le impuso una fianza global de $45,000, y a Pino Hernández, quien enfrenta 3 cargos, le impuso una fianza de $30,000. Las mujeres no pudieron pagar la fianza, por lo que fueron ingresadas en prisión. Además, expidió una orden de protección por un año a favor de la víctima.

La investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Rebeca Ortíz Sánchez, y el Ministerio Público, reveló que, desde noviembre del año 2022 hasta abril 2023, Doris Margarita Martínez Sánchez y Yahaira Liz Pino Hernández trabajaban como cuidadoras de la víctima quien es una persona de edad avanzada. La víctima era dueño de un vehículo de motor, una guagua marca Honda CR-V del año 2014 color blanco. Para este periodo, las imputadas mediante la contratación de los servicios de una gestoría realizaron el proceso del traspaso del vehículo de la víctima falsificando la firma del hombre en la documentación requerida para solicitar el título del vehículo y poder realizar el traspaso. La víctima no consintió al traspaso de su vehículo ni firmó los documentos para completar el proceso por lo que fue víctima de los delitos mencionados. Los hechos imputados ocurrieron en el pueblo de Vega Baja.

Contra Doris Margarita Martínez Sánchez se presentaron cargos por violación al Artículo 212 del Código Penal de Puerto Rico de falsedad ideológica, violación al Artículo 209 del Código Penal de Puerto Rico de apropiación ilegal de identidad y violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico de posesión y traspaso de documentos falsificados.

Contra ambas sospechosas, en concierto y común acuerdo, se presentaron denuncias por maltrato a personas de edad avanzada, explotación financiera de personas de edad avanzada, apropiación ilegal de vehículo y entrada de información falsa al Sistema de Computadoras o Expediente.

De ser encontradas culpables las mujeres se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel.

Diversas entidades coincidieron en la necesidad de atender el problema de propiedades abandonadas o sin titular claro en Puerto Rico, aunque advirtieron que el proyecto legislativo que busca agilizar estos procesos debe incorporar salvaguardas para evitar conflictos legales y proteger el sistema registral.

Las expresiones surgieron en las ponencias sometidas ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, durante el análisis del Proyecto de la Cámara 1000, que propone añadir nuevos artículos al Código Municipal para permitir procesos de expropiación sumaria y establecer mecanismos para identificar propiedades sin titular registral.

La medida permitiría que los municipios, en coordinación con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Registro Inmobiliario Digital, investiguen la titularidad de propiedades abandonadas que no cualifican como estorbos públicos y, de no encontrarse dueño, puedan eventualmente asumir su titularidad y disponer de ellas.

En su ponencia, la Asociación de Realtors de Puerto Rico reconoció la intención de la medida y señaló que el problema de propiedades con titularidad incierta puede afectar comunidades al quedar sin mantenimiento o responsabilidad legal definida.

“Reconocemos y coincidimos con el espíritu general de esta medida, en tanto propone lograr mayor agilidad y eficiencia en trámites específicos relacionados con propiedades que, por sus características particulares, podrían ser manejadas o adquiridas por los municipios”, expuso la organización en su memorial explicativo.

La entidad sostuvo que este tipo de legislación busca atender una realidad en muchos municipios donde existen propiedades abandonadas cuyo titular no aparece en los registros, lo que dificulta intervenir sobre ellas antes de que se conviertan en problemas mayores para la comunidad.

No obstante, advirtió que el mecanismo propuesto debe garantizar procesos rigurosos para proteger la certeza del sistema registral y evitar litigios posteriores sobre la titularidad de los inmuebles.

“El sistema registral tiene como propósito brindar certeza sobre quién es el dueño de un inmueble. Por ello, cualquier mecanismo que permita transferir propiedades al municipio cuando no aparezca un titular registral debe establecer procedimientos rigurosos de investigación de titularidad, notificación y debido proceso”, expusieron.

La organización añadió que, de no establecerse salvaguardas claras, podrían surgir conflictos de titularidad y cuestionamientos sobre la validez de ciertas transferencias de propiedades.

Además, la entidad planteó preocupaciones sobre el impacto fiscal y operacional que el manejo de estas propiedades podría representar para los municipios, particularmente durante el periodo en que intenten venderlas o rehabilitarlas.

Entre otros aspectos, señaló que muchas de estas estructuras requieren inversiones significativas para ser habitables, lo que podría dificultar que compradores individuales puedan adquirirlas dentro de los plazos establecidos en el proyecto.

Asimismo, recomendó que la legislación incluya procesos transparentes para la disposición de estas propiedades y que se utilicen como herramientas para promover vivienda y desarrollo económico en los municipios.

“Estas propiedades no deben ser utilizadas para crear empresas municipales que compitan con los comercios del pueblo, sino que se conviertan en vehículos para promover desarrollos y usos que atiendan las necesidades de vivienda y actividad económica en los municipios”.

La organización también planteó que la medida establece que los fondos generados por la venta o arrendamiento de estas propiedades se destinen a un fondo municipal para emergencias y desastres, lo que podría representar un mecanismo adicional para fortalecer la respuesta municipal ante situaciones de crisis.

Aun así, recomendó evaluar cómo esta legislación se integraría con otras medidas existentes sobre propiedades abandonadas para evitar duplicidad de procesos o inconsistencias dentro del marco legal vigente.

Postura municipal

Por su parte, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico respaldo a la medida, al entender que ofrece una herramienta para atender propiedades abandonadas cuyo titular no aparece en los registros. Indicó, además, que existen situaciones en las que los municipios se enfrentan a propiedades abandonadas cuyo dueño no figura en los registros, lo que dificulta intervenir para evitar su deterioro o impacto en las comunidades.

“Existen circunstancias en donde los municipios se encuentran con propiedades en el abandono que no constituyen los requerimientos de estorbos públicos, pero que no se encuentra el dueño titular en los registros”, expuso la organización.

Según la entidad, el proyecto permitiría que los municipios, junto al CRIM y el Registro Inmobiliario Digital, verifiquen la titularidad de estos bienes y, de no identificarse un dueño luego de cumplir con los procesos legales correspondientes, certificar la propiedad a favor del municipio donde se ubica el inmueble.

La organización también destacó que los ingresos generados por la disposición de estas propiedades se destinarían a un “Fondo Perpetuo de Emergencias y Desastres” administrado por los municipios para apoyar a sus oficinas municipales de manejo de emergencias.

Postura gubernamental

Mientras, el Departamento de Seguridad Pública indicó en su ponencia que no se opone al proyecto y presentó comentarios sobre el alcance del proyecto, el cual permitiría a los municipios establecer procesos de investigación para identificar propiedades sin titulares y eventualmente asumir su control conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

“Por las razones antes expuestas en el DSP apoyamos la creación del fondo propuesto, pues mas allá de estar alineado con la politica publica federal vigente, es parte del plan de nuestro gobierno, para lograr la mayor autonomia fiscal de nuestros ayuntamientos, particularmente para fortalecer su respuesta ante la atencion de emergencias y desastres que se suscitan en nuestra Isla”, concluyeron.

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés Otero, inició este viernes una investigación sobre las operaciones y sostenibilidad económica de la compañía PrepaNet -ahora conocida como HUB Advanced Networks- que maneja la red de fibra óptica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La evaluación legislativa surge al amparo de la Resolución de la Cámara 502, de la autoría de Parés Otero, ante la magnitud de los bienes tecnológicos de HUB y su rol como subsidiaria indirecta de la AEE. El legislador aseguró que esta infraestructura se ha convertido en uno de los activos más amplios y estratégicos de Puerto Rico, con potencial “para contribuir al desarrollo económico, educativo y social”.

“Resulta indispensable examinar con detenimiento su estructura financiera, la procedencia de sus ingresos, la utilización de los mismos, y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que la rigen”, indicó Parés Otero.

Durante la vista pública, representantes de HUB informaron que la empresa opera una de las cinco estaciones de aterrizaje de cables submarinos en la Isla, conocida como “HUB787”, que conecta a Puerto Rico con los Estados Unidos y otros países del Caribe.

De acuerdo con el ingeniero José Casillas, director general y principal oficial ejecutivo de la subsidiaria, las iniciativas y proyectos de HUB son financiados con fondos privados, ya sea mediante la banca, con la reinversión de sus propios recursos o con inversión compartida de otros operadores (“joint venue”).

La compañía genera aproximadamente $20 millones anuales en ingresos y tiene un estimado de $90 millones en activos, detalló Casillas. “Cabe destacar que HUB no recibe fondos de la Autoridad, ni la Autoridad es responsable financieramente de HUB”, indicó.

El directivo añadió que, de estos ingresos, el 78 % se utiliza para cubrir los gastos operacionales y administrativos de HUB, mientras que el 22 % restante se destinan a los gastos corporativos o dividendos, lo que resulte en “el mayor beneficio” para la AEE como el propietario final de HUB.

Por otra parte, el ingeniero dijo que la subsidiaria invierte, en promedio, cerca de $3 millones anuales en mejoras al “HUB 787” y a la red óptica con presupuestos anuales aprobados por la Junta de Administradores de HUBAN Holdings LLC. Dentro de sus facultades y reuniones mensuales que deben atender, mencionó Casillas, la AEE participa como miembro activo.

A preguntas del representante Parés Otero, el ingeniero afirmó que HUB está sujeta a “los más altos requisitos operativos y financieros de la industria”, incluyendo las obligaciones establecidas por el grupo federal interagencial llamado Team Telecom.

“Team Telecom exige que las estaciones de cable submarino cumplan con estrictos requisitos de seguridad nacional, centrándose en la transparencia de la propiedad, la ciberseguridad y la prohibición del uso de equipos de alto riesgo”, comentó Casillas.

Según precisó, los requisitos incluyen la divulgación de la participación en los sistemas y sus propiedades; la información sobre cualquier afiliación extranjera de sus ejecutivos o dueños; el cumplimiento de estándares de ciberseguridad; y el suministro de información sobre operaciones y capacidad para su supervisión.

En cuanto a la seguridad nacional, añadió que la compañía participa y apoya las iniciativas del Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y su división de FBI Cyber. HUB también está sujeta a auditorías anuales para cumplir con varias certificaciones, dijo Casillas.

Entre ellas, mencionó la certificación SOC2 Tipo 2, una estructura de cumplimiento desarrollada por el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA, por su siglas en inglés) que requiere a las organizaciones de servicios que demuestren su capacidad para gestionar de forma segura los datos de sus clientes.

También recomendó la revisión de la Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones (Ley 80-2017) debido a que el estatuto tiene jurisdicción sobre los postes del tendido eléctrico y utiliza la fórmula de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para computar los cargos por fijación.

“El problema que tenemos con eso es que la fórmula de la FCC está formulada para operadores privados de energía. Cuando hay un ente privado, hay una inversión con una expectativa de retorno de inversión”, explicó Casillas a preguntas del representante Denis Márquez Lebrón.

“Si mantenemos el uso de la fórmula, y no analizamos si el producto es correcto, podemos estar subsidiando a los privados cuando utilicen la infraestructura de postes de la AEE que administra LUMA ahora”, concluyó el ingeniero.