De 3,058 mujeres admitidas al Hospital San Juan Capestrano en 2025, unas 784 tenían entre 13 a 19 años, lo que representa un 26% del total y, a su vez, la mayor proporción de admisiones en comparación con las demás edades.

Según las estadísticas compartidas por la directora ejecutiva del hospital psiquiátrico, la licenciada Marta Rivera Plaza, estas jóvenes padecieron depresión, problemas de autoestima y autoimagen, experiencias traumáticas e ideaciones suicidas, que tienden a ser el punto determinante por el que buscan ayuda en un centro agudo.

En orden descendiente por porcentaje de admisión, después del grupo adolescente, continúan de 20 a 29 años (16%), 40 a 49 años y 50 a 59 años (ambas, 14%), 30 a 39 años (13%), 60 a 69 años (10%) y más de 70 años (7%).

“Nos llama mucho la atención (el aumento de ingresos de adolescentes) porque vemos que esta parte social, de la familia, del entorno escolar, de cómo estamos criando a nuestros hijos con tantas influencias, está teniendo unos efectos tempranos en buscar ayuda y que llegue a una hospitalización aguda en una facilidad”, planteó Rivera Plaza en conferencia de prensa.

Según Dayana Velázquez, directora de Servicios Clínicos de San Juan Capestrano, en estos casos, cuando las relaciones con pares, padres o un cuidador se desvirtúan y se amenaza su seguridad física, emocional o psicológica, “vamos a tener patología emocional o psiquiátrica”.

La trabajadora social clínica explicó que, en ocasiones, por las obligaciones laborales, sociales u de otra índole de una figura materna o paterna, una adolescente puede atravesar una ausencia de ese recurso y crea una “conexión emocional con la parte tecnológica sin tener una supervisión adecuada”.

Recomendó entonces a mantener comunicación con su menor, cuya ruptura es otra causa por la que las familias suelen buscar ayuda en instituciones hospitalarias, que serviría como ente de orientación para el cuidado más adecuado a la paciente, añadió, por su parte, Rivera Plaza.

Estos casos de jóvenes pueden ser referidos al hospital por escuelas a través de un proceso en el que la joven haya comunicado su malestar tanto con otra menor como con un consejero profesional o trabajador social. Esta figura de salud mental es quien, en coordinación con el director de la escuela, decide si se refiere a la joven a un centro hospitalario, al Departamento de la Familia u otra institución, explicó Velázquez a preguntas de Metro Puerto Rico.

El director médico de San Juan Capestrano, el doctor William Lugo Sánchez, quien destacó que las mujeres suelen ingresar de manera voluntaria, aseguró que la depresión no siempre se presenta con tristeza o apatía, sino que se puede extender a agresividad o cambio en comportamiento.

Si bien hay oportunidades para atender estos casos de manera ambulatoria en oficinas médicas con psiquiatras, Lugo Sánchez sostuvo que estas familias acuden al hospital psiquiátrico porque el plan médico no cubre la visita a ese especialista, de los que hay escasez, y además les refieren a una clínica parcial donde puede recibir tratamiento.

Casi la mitad de ingresos son mujeres

Aunque la mayoría de las hospitalizaciones correspondió a hombres, la directora ejecutiva del Capestrano, donde hay unidades especializadas en damas, especificó que la diferencia es mínima, representando un 46% de los 6,676 ingresos totales el año pasado.

A la vez que la ejecutiva detalló que casi la mitad de las mujeres ingresadas tenían diagnóstico de depresión mayor, citó que esta población es más vulnerable a desarrollar trastornos de salud mental por presiones sociales y físicas, además de los procesos naturales hormonales, mientras que Velázquez clasificó los principales agravantes entre el aspecto económico, el político y la violencia.

“No tenemos que poder con todo”, sentenció, pues gran parte de las presiones surgen de expectativas externas y, como señaló la psicóloga Wilmaris González Molina, tienden a buscar ayuda de manera reactiva, tras soportar por tiempo, y no de manera proactiva o cuando inicia el problema.

“El estigma sigue siendo factor de falta de acceso”, recalcó Rivera Plaza.

La residente en psiquiatría Alejandra Méndez aportó que las mujeres son dos veces más prevalente que los hombres a padecer depresión por factores sociales o discriminación, que se puede manifiestar como menosvalía, apatía, tristeza, llanto frecuente, problemas de concentración o ideaciones suicidas.

La doctora exhortó a buscar un psicólogo u otro profesional de salud mental para tratar estos síntomas: “No elimina pensamientos, pero sí la distorsión y relación con ellos”. Lugo Sánchez recalcó la importancia de acudir al especialista porque un médico primario, por ejemplo, podría tratar una depresión como migraña y el medicamento recetado exacerbaría la condición mental.

El director médico también recordó que todo patrono paga y ofrece el Programa de Asistencia al Empleado (PAE), que brinda servicios de consulta legal, financiero, de salud y más, por lo que instó a solicitar información en las áreas de trabajo de sector público y privado.

Velázquez declaró también la necesidad de ejecutar una revisión de política pública en comunidades para conocer qué servicios se ofrecen y cuáles son dirigidos para mujeres o adolescentes.

¿Dónde buscar ayuda?

• 9-8-8: Línea PAS de ASSMCA (intervención inmediata en crisis)
• 1-800-981-0023 (o 1-888-672-7622 TDD)
• Servicio 24/7, libre de costo y confidencial. Atención de profesionales en salud mental (trabajadores sociales, consejeros, psicólogos).
• Ofrecen desahogo, orientación y consejería en momentos de angustia, adicción o pensamientos suicidas.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó el Proyecto de la Cámara 543, ahora convertido en la Ley 40-2026, una medida que enmienda la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico (Ley 148-2015) para fortalecer las sanciones contra quienes incumplan órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de este tipo de delito.

El anuncio fue ofrecido por el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, junto al autor de la medida, el representante José “Ché” Pérez; la procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro; y la directora de la División de Delitos Sexuales y Delitos contra Menores de la Policía, la teniente II Lillian Ortiz Oliver.

Según explicó Pérez en conferencia de prensa, la nueva legislación tipifica como delito grave el incumplimiento de una orden de protección emitida a favor de una víctima de violencia sexual, una conducta que hasta ahora se consideraba un delito menos grave bajo la Ley 148-2015.

La medida surge, según sus proponentes, para equiparar las disposiciones de esta ley con otras legislaciones protectoras vigentes en Puerto Rico, como la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, que ya clasifica como delito grave la violación de órdenes de protección.

“La violación de una orden de protección no es solo una desobediencia a una determinación judicial; representa una amenaza directa a la seguridad y a la estabilidad emocional de la víctima. Con esta ley buscamos enviar un mensaje claro de que en Puerto Rico no toleraremos ninguna forma de violencia sexual ni la intimidación contra quienes han decidido denunciar”, expresó González Colón.

Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, respaldó la medida y destacó que la nueva ley establece una pena de hasta tres años de reclusión para quienes violen a sabiendas una orden de protección emitida a favor de una víctima de violencia sexual.

“Con la firma de esta medida, el Estado envía un mensaje contundente: la seguridad de las sobrevivientes de violencia sexual no es de menor categoría que la de otras víctimas”, indicó Piñeiro, al señalar que la legislación armoniza las penas con otras leyes como la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 284 contra el acecho.

La Ley 40-2026 forma parte de las iniciativas del gobierno para fortalecer el marco legal dirigido a proteger a víctimas de violencia sexual y reforzar las herramientas del Estado para atender este tipo de casos.

La Cámara de Representantes avaló durante la Sesión Ordinaria el Proyecto de la Cámara 911 para prohibir la práctica conocida como “voceteo” desde las 12:00 a.m. hasta la 6:00 a.m. de cada día en todo Puerto Rico.

La pieza, de la autoría del representante José “Pichy” Torres Zamora, reconoce además la facultad de las legislaturas municipales para regular dicha práctica, e implementar multas que comenzarán en $1,000 por cada infracción.

Así también, establece la facultad de reglamentación para el Estado y los distintos municipios, así como prohíbe esta actividad las 24 horas en hospitales, escuelas e iglesias.

Además, la medida se enmendó en sala para determinar que el “voceteo” será permitido solo bajo autorización escrita del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o el gobierno municipal.

En su turno, el también portavoz de mayoría expresó, que esta propuesta, que viene presentando desde el 2018, cuando aún se desconocía de esta problemática, es una respuesta al ruido ensordecedor que sufren los ciudadanos a todas horas del día.

Al expresar su esperanza de “que a la tercera sea la vencida, dijo que este proyecto “lo que busca es que entre las 12 de la medianoche a las seis de la mañana, estos equipos no se puedan usar, no se puedan prender, si lo prendió, viene la multa; aquí no es si tengo que buscar el nivel de ruido mediante un dosímetro, no, si usted lo prendió lo vio el policía estatal o municipal, la multa está”.

Explicó que se determina esa hora, ya que es el periodo del día en que “la mayoría se acuesta para descansar, cumple con los códigos de ordenamiento municipal. Tratamos de sacar el ruido innecesario de las calles, esto es sana convivencia, esto es para el pueblo puertorriqueño ya que se va a aplicar tanto en los municipios que ya lo prohíbe, como al resto. Basta ya de los ruidos innecesarios, tenemos que proveer para que la gente esté tranquila”.

A su vez, se dio paso al Proyecto de la Cámara 1004, para disponer el establecimiento de un sistema de procesamiento de querellas por parte de la empresa a cargo de la administración del servicio eléctrico, que impida el cierre injustificado de las reclamaciones sin una resolución efectiva.

La pieza, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, enmienda la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” busca atajar un patrón observado por la empresa LUMA Energy, en el que las reclamaciones emitidas por los abonados no son atendidas adecuadamente y más aún, son cerradas sin una contestación satisfactoria.

“Lo cual provoca indefensión, desinformación y falta de transparencia en la relación proveedor-consumidor. El efecto práctico es la pérdida de confianza pública hacia la empresa responsable de administrar un servicio crítico para todos los sectores del país”, se indica en la exposición de motivos del proyecto.

El representante Hernández Concepción manifestó en su turno sobre la medida, que el objetivo de esta “es ayudar a la gente, porque lamentablemente cuando hacen querellas, a LUMA, tienen que hacer tres, cuatro, cinco reclamaciones sobre lo mismo porque la empresa alega que se atiende y realidad no son atendidos”.

El sistema de querellas deberá documentar el trámite de cada uno de los planteamientos presentados, incluyendo la fecha y hora de radicación, identificación de la unidad o división asignada para atenderla, así como las acciones tomadas y la determinación final.

Se establece en el lenguaje decretativo que la empresa “no podrá cerrar una querella sin que exista una explicación escrita, notificada al consumidor, que describa la acción tomada, la resolución ofrecida y la determinación final”.

La empresa que esté a cargo tendrá 180 días a partir de la vigencia de la ley para adoptar el mandato de ley.

De la misma manera, se favoreció el Proyecto de la Cámara 1058, del representante Ensol Rodríguez Torres, que atempera la disposición que prohíbe el uso de gas pimienta en instituciones juveniles, en respuesta al aumento en los casos de agresiones, incidentes violentos y amenazas que ocurren dentro de estos complejos correccionales.

El legislador Rodríguez Torres, puntualizó que la iniciativa surge de una investigación realizada en la que los empleados de custodia en las instituciones juveniles reclamaron acción legislativa debido a los casos de agresiones que se producen entre los mismos jóvenes y contra los oficiales, quienes deben usar la fuerza para neutralizar la situación.

“El gas pimienta, que sería usado como último recurso, lo que hace es minimizar o controlar los motines o las agresiones entre ellos”, ya que en la actualidad tienen que recurrir a los puños, lo que indicó genera más violencia.

De otro lado, la representante Adriana Gutiérrez Colón, rechazó el proyecto al criticar que se utilicen “medidas punitivas extremas que contradice ese principio rehabilitador y envía un mensaje de represión en vez de uno restauración y de educación

Desde el 2022, cuando se enmendó la Ley de Menores de Puerto Rico, para prohibir la utilización de este mecanismo de fuerza no letal como disuasivo en incidentes violentos, se ha observado un aumento en los casos de agresiones, que van de 32 en la mencionada fecha en la institución de Ponce, hasta 57 en septiembre del 2025.

Esta enmienda “no persigue menoscabar los principios rectores, ni los propósitos fundamentales de la Ley de Menores de Puerto Rico. Por el contrario, atempera el marco legal vigente a la realidad institucional, garantizando que la protección de los derechos de los menores se armonice con la obligación del Estado de salvaguardar la vida, integridad física y seguridad institucional”.

Además, fue respaldado el Proyecto de la Cámara 164, de la representante Lisie Burgos Muñiz, para crear la Ley de Protección de los Deportes Femeninos, que dispondrá que todo equipo deportivo y estudiante-atleta que pertenezca a una escuela o institución universitaria, deberá ser expresamente designado en categorías basadas en el sexo biológico de sus miembros.

En su alocución la representante Burgos Muñiz, apuntó que con esta medida se atiende un “asunto fundamental de justicia, equidad y protección para nuestras niñas y mujeres en el deporte, quienes han luchado por décadas para destacarse en este campo”.

Por su parte, el representante Héctor Ferrer Santiago quien favoreció en principio la pieza, “puesto que tiene un fin loable” solicitó una enmienda para que se permita a las niñas participar en equipos escolares ya que “le estamos quitando la oportunidad de jugar en deportes que no tienen contacto”.

Igualmente, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 434, del representante Joel Franqui Atiles, para mandatar el uso de protectores de hélices en toda embarcación que navegue dentro de los límites de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de reducir el daño ambiental y evitar heridas graves o la muerte, tanto a los bañistas como a las especies marinas.

La medida, establece que quedarán exentas, las naves utilizadas exclusivamente por su dueño como único instrumento de trabajo en la pesca comercial, las pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico u operadas por una entidad privada que posea una alianza público-privada.

La multa impuesta por la violación de este estatuto será de 250 dólares, pero lo dispuesto por el proyecto, no impedirá que se inicie una acción civil o criminal si el infractor causa daño o destruye especies marinas, corales o praderas marinas.

A renglón seguido, fue favorecido el Proyecto del Senado 676, que enmienda el Código Penal de Puerto Rico”, la “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito” y la “Ley Uniforme de Valores”, para establecer un periodo prescriptivo de diez años para los delitos de fraude, debido a la complejidad de la investigación para detectar estos crímenes.

También recibió el beneplácito de los legisladores, el Proyecto del Senado 802, que requiere a la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico, la creación y publicación obligatoria de un catálogo de todos los servicios gubernamentales disponibles dirigidos a esta población.

Asimismo, fue refrendada la Resolución Conjunta de la Cámara 153, de la representante Carmen Medina Calderón, para la trasferencia del título de propiedad de la antigua escuela elemental Emiliano Figueroa, al municipio de Loíza a los fines de desarrollar proyectos de impacto social y brindar servicios públicos que redunden en el desarrollo y bienestar de las comunidades aledañas al Sector Piñones del Barrio Torrecilla Baja.

A su vez, fue recibido un informe parcial por parte de la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia, presidida por el representante Ángel Morey Noble, en torno a la Resolución de la Cámara 456, con el propósito de evaluar posibles enmiendas, derogaciones y nueva legislación dirigidas a fortalecer el clima de negocios en la Isla.

Concurren con enmiendas del Senado

Por otro lado, se concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado a las siguientes medidas:

Proyecto de la Cámara 18 – busca establecer la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos”, a fin de proveer protección y asistencia a víctimas y testigos de delitos, así como a su núcleo familiar, cuando sea necesario para asegurar su participación en los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo para enjuiciar un delito.

Proyecto de la Cámara 463 – para añadir lenguaje a la “Ley de Alianzas Público-Privadas”, de modo que se incluya como parte del procedimiento de selección de un proponente y la adjudicación de una alianza, una certificación, en la que se establezca que no subcontratará la provisión de bienes o servicios objetos del acuerdo a miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, exsocios, entidades relacionadas ni exempleados.

Proyecto de la Cámara 582 – introduce enmiendas a la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a los fines de precisar su lenguaje con relación a las facultades delegadas al Departamento de Salud para administrar el estatuto.

Proyecto de la Cámara 674 – autoriza a los pacientes de lupus, bajo todas sus modalidades, a que puedan solicitar el rotulo removible, como permiso autorizándolo a estacionar en áreas para personas con impedimentos.

Resolución Conjunta de la Cámara 47 – ordena a las agencias a cargo de los embalses de agua en Puerto Rico, gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de estas, con el propósito de restaurar su capacidad de almacenamiento.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la sesión ordinaria hasta el próximo lunes, 16 de marzo, a la 1:00 p.m.

El Departamento de Hacienda emitió el jueves la segunda nómina de reintegros en la semana, por más de $147 millones, como parte del procesamiento de las planillas de contribución sobre ingresos de individuos del año contributivo 2025.

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Así lo anunciaron la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, quienes destacaron que esta nómina, sumada a la aprobada el pasado martes, representa pagos por $351,081,096, desembolsados en dos días.

“Los nuevos pagos fueron por $147,434,373, para 66,825 planillas con reintegros. Con esta nómina, el total de pagos por reintegros enviados por el Departamento asciende a $1,451,399,081, correspondientes a 649,949 ciudadanos”, explicó el secretario.

Pantoja Rodríguez añadió que, comparado con el año anterior a la misma fecha, los desembolsos superan $122,637,160.

“Continuamos superando los resultados del pasado ciclo contributivo y seguimos atentos a atender con diligencia las dudas y preguntas de los contribuyentes, para evitar que el procesamiento de sus planillas se interrumpa”, expresó.

Desde el 9 de febrero, Hacienda ha recibido 764,126 planillas de individuos, de las 1.1 a 1.2 millones esperadas durante este ciclo contributivo.

Los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas, que ofrecen servicio desde el 5 de marzo, han atendido 4,513 contribuyentes en sus tres localidades: Plaza Las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y Mayagüez Mall.

Mientras, las Ferias de Servicios, iniciadas el 10 de marzo, han asistido a 338 contribuyentes en Toa Alta, Caguas y Florida. Hoy el programa se trasladó a Cidra y mañana viernes estará en Aibonito.

“Los contribuyentes pueden hacer sus citas para visitar los Centros a través de hacienda.turnospr.com, seleccionando el enlace “Centros de Preparación de Planillas” y siguiendo las instrucciones del sistema. También pueden verificar el calendario de las Ferias de Servicios en las redes sociales oficiales del Departamento”, recordó Pantoja Rodríguez.

Con el objetivo de promover el consumo de productos agrícolas locales y apoyar a los agricultores de la región, el Municipio de Naranjito celebrará un Mercado Familiar el próximo sábado, 14 de marzo de 2026, en el estacionamiento municipal, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La iniciativa permitirá que residentes de Naranjito y pueblos limítrofes puedan adquirir frutas, vegetales y otros productos agrícolas frescos directamente de los agricultores, fomentando así el desarrollo de la agricultura local y el acceso a alimentos frescos y nutritivos. Durante la jornada, los participantes podrán comprar sus productos locales con dinero en efectivo, vales provistos por el Departamento de la Familia o utilizar la Tarjeta de la Familia, facilitando la compra de productos esenciales para el hogar, .

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, destacó que el Mercado Familiar representa una oportunidad importante para apoyar tanto a los agricultores como a las familias del municipio. “El Mercado Familiar es una iniciativa que beneficia directamente a nuestras comunidades al brindar acceso a productos agrícolas frescos y de calidad. Al mismo tiempo, apoyamos a nuestros agricultores, quienes son pieza clave en el desarrollo económico y alimentario de Puerto Rico. Invitamos a todos los residentes de Naranjito y pueblos cercanos a que se den cita y respalden este esfuerzo que fortalece nuestra agricultura y nuestra economía local”, expresó el primer ejecutivo municipal.

El Mercado Familiar es parte de una gestión entre el Departamento de la Familia y Agricultura para que la comunidad en general y los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) adquieran alimentos frescos y cosechados por agricultores de la zona.

Adicional, este esfuerzo forma parte de los programas que buscan fortalecer la seguridad alimentaria y respaldar a los productores agrícolas del país, al tiempo que se crea un espacio de encuentro entre agricultores y consumidores.

La Administración Municipal extendió la invitación a todas las familias del municipio y áreas cercanas a participar de esta iniciativa, que además de promover una alimentación saludable, impulsa el apoyo a los agricultores puertorriqueños. Para mayor información, pueden acceder a las redes sociales bajo @municipiodenaranjitopr.

El comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, aseguró este miércoles que su colectividad “utilizará las reglas” del nuevo Código Electoral aprobado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) a su favor, para derrotarlo en las elecciones de 2028.

Las expresiones surgieron luego de que la gobernadora Jenniffer González firmara enmiendas al Código Electoral que incluyen cambios como la reducción de la edad para solicitar el voto adelantado por correo a 50 años, la ampliación de modalidades de voto adelantado y modificaciones al proceso electoral que han sido criticadas por partidos de minoría y expertos en materia electoral.

Durante una conferencia en la sede de la colectividad, Hernández Rivera sostuvo que, aunque su partido se opuso a las enmiendas, ahora concentrará sus esfuerzos en organizarse para competir bajo las nuevas reglas del sistema electoral.

“(…) Vamos a dominar las reglas, vamos a entrenar para ganar bajo las reglas, vamos a trabajar para ganar bajo las reglas y vamos a luchar contra el PNP en su propia cancha y vamos a prevalecer. Este partido está listo para ganar”, expresó.

El líder popular indicó que el partido adoptará una estrategia enfocada en inscripción de nuevos electores, uso de tecnología para movilizar votantes, capacitación de su estructura electoral y una defensa legal más robusta del voto.

De hecho, señaló que el partido ya impulsa campañas de inscripción dirigidas particularmente a jóvenes, y aseguró que el ritmo de registro ha superado el observado en el ciclo electoral anterior.

“Para esta misma fecha, en el ciclo electoral pasado, se habían inscrito 17 mil electores, este ciclo, actualmente ya se han inscrito más de 21 mil”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que el partido ha estado preparándose desde hace meses ante la posibilidad de cambios al Código Electoral.

“Estos cambios no nos toman desprevenidos. Llevamos un año anticipando que sería una realidad. Y mientras el PNP peleaba entre sí, nosotros, a través de nuestros comisionados, a través de nuestros delegados presidenciales, a través de nuestros presidentes de comités municipales y alcaldes, a través de nuestros legisladores, a través de todo nuestro liderato, nos hemos estado preparando”, afirmó.

Como parte de la preparación electoral, el presidente del PPD indicó que la colectividad desarrolló una plataforma tecnológica para organizar y movilizar el voto adelantado, especialmente entre electores mayores de 50 años, grupo que ahora tendrá acceso ampliado a esa modalidad bajo las nuevas enmiendas.

Asimismo, explicó que el partido realizará adiestramientos para su estructura electoral y reforzará su equipo legal para fiscalizar el proceso electoral.

“El tiempo y la energía son recursos limitados. Cada minuto que dediquemos a quejarnos de las reglas nuevas es un minuto que no usamos para prepararnos para ganar con las reglas nuevas. Eso se acabó. Pasamos de la oposición a la acción”, manifestó.

¿Pero no eran “peligrosas” las nuevas reglas?

Las expresiones del PPD se dan en medio de cuestionamientos de sectores políticos y expertos en derecho electoral sobre las enmiendas al Código Electoral. Durante el proceso legislativo, líderes populares y otros partidos de minoría advirtieron que algunos de los cambios podrían debilitar las garantías del proceso electoral y abrir espacio a posibles irregularidades.

No obstante, Hernández Rivera sostuvo que la colectividad optará por adaptarse al nuevo marco legal, al entender que conocer y operar bajo esas reglas también les permitirá anticipar posibles situaciones y prepararse para enfrentarlas.

Explicó que la principal preocupación no es que los votos emitidos no se contabilicen, sino que el sistema pueda permitir que personas no autorizadas participen del proceso, por lo que aseguró que el partido reforzará su estructura legal para fiscalizar el proceso electoral.

“De modo que nosotros le vamos a decir a la gente su voto adelantado, usted puede confiar que se va a contar. El que gente que no se supone que vote, vote adelantado, pues para eso, para esa fiscalización es que estamos refundando las reglas populares para que tengamos listo todo el componente de derecho para poder impugnar lo que se puede impugnar para que podamos anticipar los posibles trucos y verificar si en efecto se van a permitir o no, porque lo que nos ha pasado antes es que se hace algo, decimos eso no se supone que se haga y dicen no, saben que está permitido. Queremos anticipar esas cosas y que nos digan antes cuáles son esas reglas”, dijo.

Otra propuesta, pero “con consenso”

Hernández Rivera sostuvo que, aunque el PPD continúa teniendo reservas sobre las enmiendas aprobadas, la colectividad se enfocará en operar dentro del marco legal vigente mientras impulsa una eventual reforma electoral por consenso.

“Nosotros propondremos un nuevo código electoral que surja de un esfuerzo genuino de consenso y nosotros vamos a operar bajo el código existente y vamos a hacer todo lo que esté permitido bajo el código existente para prevalecer con el código existente”, indicó.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, informó el jueves que el período de amnistía para multas de tránsito generó recaudos de 3,213,654.05 dólares durante sus primeras horas de vigencia.

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Según la agencia, hasta la 1:00 de la tarde se habían pagado 147,925 multas desde que entró en vigor la medida.

“Estos resultados evidencian que muchos ciudadanos estaban esperando una oportunidad como esta para ponerse al día con sus multas. Invitamos a quienes aún tengan multas pendientes a aprovechar este beneficio y evitar recargos adicionales”, dijo González Montalvo en declaraciones escritas.

La amnistía fue establecida mediante la Ley 1 de 2026 y permite a los conductores pagar multas elegibles con un descuento de 40 por ciento sobre el total adeudado, incluyendo el monto principal, recargos e intereses.

El período de amnistía estará disponible por 120 días, hasta el 10 de julio, y aplica a multas administrativas registradas antes de la aprobación de la ley.

La medida incluye infracciones bajo la Ley 22 de 2000, multas administrativas relacionadas con peajes de AutoExpreso y sanciones asociadas a licencias de conducir. En el caso de AutoExpreso, el descuento aplica solo a la multa administrativa y no al pago del peaje adeudado.

Los pagos pueden realizarse a través de CESCO Digital, la plataforma de AutoExpreso, colecturías del Departamento de Hacienda, centros de servicio de AutoExpreso y otros puntos autorizados en la isla.

La gobernadora Jenniffer González Colón rechazó el jueves que la controversia pública en torno a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Yadir Pérez Peña, le esté causando daño político, como advirtió recientemente el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Yo no estoy enfocada en la controversia, yo estoy enfocada en trabajar”, dijo González Colón al ser cuestionada por la prensa sobre señalamientos dentro del Partido Nuevo Progresista relacionados con su decisión de mantener en el cargo a la funcionaria.

La gobernadora sostuvo que su atención está dirigida a la gestión gubernamental y a proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

“Yo me dejo llevar por el trabajo que estoy haciendo y tomo las decisiones de frente, yo no me escondo para hablarles, yo les comento las cosas en las que creo, las que estoy haciendo y las que voy a hacer”, expresó.

González Colón mencionó entre sus prioridades proyectos relacionados con el sistema de agua potable y la infraestructura energética, así como iniciativas de desarrollo económico.

“Yo voy a estar enfocada en arreglar el problema de electricidad”, afirmó la primera ejecutiva, al mencionar reuniones con empresas del sector energético y proyectos para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

La gobernadora también hizo referencia a proyectos de infraestructura relacionados con el sistema de agua potable y a gestiones realizadas para atraer inversión y desarrollo económico en la isla.

Las expresiones de González Colón se producen luego de que Rivera Schatz señalara que la controversia relacionada con la secretaria de la Vivienda podría tener consecuencias políticas para la gobernadora dentro de su colectividad.