Lo que debía ser una visita familiar para despedir el año en Puerto Rico se transformó en una experiencia que su protagonista aún intenta comprender. Kelly Crispin, sobreviviente de un tiroteo ocurrido en una calle cercana a la zona de vida nocturna de Calle Cerra, relató al diario The Philadelphia Inquirer cómo una decisión aparentemente trivial —tomar un giro equivocado de madrugada— derivó en una escena de violencia que cambió su vida para siempre.

Crispin viajaba junto a su prometido, Omar Padilla Vélez, y una amistad, cuando el vehículo en el que se desplazaban entró en una calle poco iluminada que pensaron los conduciría de regreso a la autopista. Eran cerca de la 1:45 de la madrugada. En cuestión de segundos, el camino quedó bloqueado por un grupo de más de una docena de hombres armados que rodearon el automóvil.

Según el testimonio ofrecido al medio, los disparos comenzaron casi de inmediato. Crispin recordó el estallido de los cristales, el ruido ensordecedor y el dolor que sintió al resultar herida en el hombro y la mano. También recordó con claridad el momento en que escuchó a su prometido decir que había sido alcanzado por una bala.

En medio del caos, relató, algunos de los atacantes parecieron darse cuenta de que había una mujer dentro del vehículo y se escucharon gritos entre ellos. Aun así, el ataque ya había dejado consecuencias irreversibles. Tras cesar los disparos, los agresores les permitieron abandonar el área y les indicaron cómo salir del sector, una escena que Crispin describió como surreal: sobrevivir a un tiroteo y, segundos después, recibir instrucciones para ponerse a salvo.

El grupo logró pedir ayuda y fue trasladado de emergencia al Centro Médico de Puerto Rico, donde Padilla Vélez permaneció hospitalizado en condición crítica durante varios días. Crispin contó que pudo visitarlo brevemente cuando su estado se estabilizó momentáneamente, una despedida que quedó grabada en su memoria. Posteriormente, sufrió un evento cerebrovascular severo y fue declarado con muerte cerebral. La familia autorizó la donación de órganos.

Más allá del impacto personal, el testimonio publicado por The Philadelphia Inquirer recoge la frustración de la sobreviviente con el manejo inicial del caso. Crispin expresó preocupación por la tardanza en la investigación y por la falta de advertencias públicas sobre zonas peligrosas cercanas a áreas frecuentadas por turistas y visitantes. Según indicó al medio, investigadores le señalaron que el ataque pudo haber sido un caso de identidad equivocada relacionado con la operación de una ganga en esa calle. Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

En otra entrevista con Fox News, Crispin también relató que el caso ha pasado inadvertido y que la falta de atención mediática limita la presión sobre las autoridades para esclarecer lo ocurrido. A su juicio, la historia de un joven profesional puertorriqueño asesinado durante una visita a la isla no ha recibido la visibilidad que amerita.

De regreso en Estados Unidos, Crispin enfrenta un proceso largo de recuperación física que incluye cirugías y terapias, pero subrayó que las heridas visibles no se comparan con la pérdida emocional. En su relato, describió a Padilla Vélez como una persona alegre, inteligente y cercana, cuya risa llenaba cualquier espacio y cuya presencia hacía sentir a los demás como viejos amigos.

La pareja se había comprometido meses antes y planeaba casarse. En palabras recogidas por el periódico, Crispin lamentó que, tras decidir compartir el resto de sus vidas, ese futuro fuera interrumpido de manera violenta e inesperada, dejando una huella que —más allá de las cicatrices físicas— continúa marcando su día a día.

En tiempos recientes, se han registrado en Puerto Rico varios casos de fatalidades con turistas, mientras aumenta la actividad turística en el archipiélago.

El Senado de Puerto Rico celebró una vista pública para atender la Resolución del Senado 238, medida de su autoría que ordena una investigación exhaustiva sobre la aplicación de la Ley 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, así como la evaluación del rol del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como ente administrador de dicha política pública.

Durante la vista pública, la Comisión recibió múltiples ponencias de organizaciones profesionales, asociaciones, agencias gubernamentales y ciudadanos, que reflejan la complejidad, diversidad de criterios y el alto interés público del régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico.

El DACO expuso el marco legal vigente que le confiere jurisdicción sobre los condominios, reconoció los retos operacionales y de recursos que enfrenta la agencia, y manifestó su disposición a colaborar con la Comisión en la evaluación de alternativas que fortalezcan la administración y adjudicación de controversias.

“El propósito de esta Resolución es recopilar información objetiva, datos y experiencias reales que permitan evaluar con seriedad si la Ley cumple su cometido y si los mecanismos actuales son adecuados para atender las realidades de los residentes de los condominios”, expresó el el presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

Las ponencias coincidieron en la necesidad de evaluar la implementación práctica de la Ley, más allá de su redacción, y presentaron planteamientos desde distintas perspectivas. Las organizaciones de titulares y ciudadanos señalaron deficiencias en la fiscalización, alegaron inconsistencias adjudicativas, ausencia de consecuencias efectivas ante incumplimientos y cuestionaron la capacidad institucional del DACO para atender con agilidad y uniformidad las controversias. También se planteó la necesidad de revisar el enfoque regulatorio actual, considerando la diversidad de tipos y tamaños de condominios.

Mientras que las asociaciones de administradores y profesionales del sector destacaron la importancia de fortalecer los procesos administrativos, la capacitación de juntas directivas y el uso de métricas objetivas para evaluar querellas y su manejo. Asimismo, representantes del sector inmobiliario y de la construcción subrayaron la importancia de mantener un balance entre la sana convivencia, el derecho de propiedad y la viabilidad del desarrollo de vivienda bajo el régimen de condominios.

En conjunto, las ponencias destacaron temas recurrentes como la falta de un registro actualizado de condominios, la necesidad de datos confiables, la educación de titulares y juntas, la evaluación del foro adjudicativo más adecuado, y la conveniencia de detener enmiendas aisladas hasta completar un análisis integral.

El senador Sánchez Álvarez indicó que la Comisión continuará evaluando la información recibida, solicitará datos adicionales y examinará la evidencia de forma responsable y multisectorial, conforme al mandato de la Resolución del Senado 238. La próxima vista pública será el martes, 17 de febrero y se estará citando al Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la Oficina de la Comisionada de Seguro y la Administración de Tribunales.

“Esta investigación es una oportunidad para escuchar todas las voces, contrastar posturas y tomar decisiones informadas, siempre con el objetivo de proteger la sana convivencia, el derecho de propiedad y el acceso justo a remedios efectivos para quienes residen en condominios”, concluyó el presidente de la Comisión.

Los deponentes en la vista pública de hoy fueron: Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Constructores de Puerto Rico, Residentes del Condominio Balcones Las Catalinas, DACO, Asociación de Condominios de Puerto Rico, Asociación de Condominios y Controles de Acceso, Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Puerto Rico Association of Realtors y Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso.

El profesor de derecho electoral Héctor Luis Acevedo y el expresidente del Colegio de Abogados Julio Fontanet solicitaron a la Cámara de Representantes que detenga la reforma al Código Electoral, una medida legislativa que modifica reglas del voto por correo, reduce plazos del registro de electores y altera la estructura y funciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Ambos sostuvieron que los cambios afectan la transparencia del proceso y la confianza pública en los resultados.

Acevedo explicó que la pieza, aprobada en el Senado y pendiente de evaluación en la Cámara durante el mes de febrero, se atendió sin consenso entre los partidos. Por esa razón, pidió que se detuviera su trámite y que se celebraran vistas públicas antes de cualquier votación.

Afirmó que la pieza legislativa “constituye un peligro real e inminente a la honestidad y la transparencia de las elecciones en Puerto Rico”. Explicó que el Senado aprobó la propuesta de forma unilateral y añadió 189,511 electores con derecho a votar por correo, mientras la Cámara evaluó sumar cerca de 200,000 más.

Según detalló, el proyecto eliminó dos requisitos del voto por correo. “El envío de las papeletas por correo certificado y el envío de las mismas a la dirección electoral del elector”, lo que permitió remitir papeletas a otras direcciones. A su juicio, esa modificación debilitó los controles existentes.

“Lo que se pretende hacer con el voto por correo de eliminar el que el mismo sea certificado y no se entregue a la dirección del registro electoral es una invitación a un fraude masivo y así se debe denunciar”, dijo.

Acevedo indicó que el voto por correo resulta el mecanismo con más señalamientos históricos por irregularidades debido a que se emite sin representación de partidos. Sostuvo que un aumento en ese tipo de sufragio prolongaría el conteo y retrasaría certificaciones. Recordó que en 2024 se contaron 138,484 papeletas adicionales durante el escrutinio general y la certificación final ocurrió el 31 de diciembre.

“Es altamente probable no se sepa quién ganó la noche de las elecciones”, expresó al explicar que la ley permite el envío de papeletas hasta el mismo día del evento, lo que obligaría a contarlas después. Añadió que el proyecto también suprime el requisito de emitir una certificación preliminar la noche electoral.

Acevedo sostuvo además que la medida redujo el periodo de inscripción de electores al cerrar el registro 50 días antes de la elección, en lugar de 30 días como establecía la ley anterior. A su juicio, ese cambio afectó principalmente a votantes jóvenes.

“También, mantiene la eliminación del proyecto de inscripción en las escuelas que antes era obligatorio para la CEE”, dijo, al referirse a los esfuerzos de registro dirigidos a estudiantes de escuela superior.

De igual forma, cuestionó cambios en la composición y funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones y señaló que la reforma limitó la participación de partidos de oposición en decisiones administrativas. Indicó que el proyecto también estableció requisitos adicionales para candidaturas por nominación directa, como la entrega de documentación contributiva posterior a la elección, bajo riesgo de perder la certificación.

Fontanet coincidió con esos planteamientos y habló a título personal como elector y abogado. “Estoy muy preocupado con el ejercicio del derecho al voto”, sostuvo. Añadió que la legislación electoral aprobada en 2020 ya presentó problemas operacionales y que la nueva reforma no atendió esas deficiencias. “No se atiende ninguno de los problemas de la ley electoral aprobada en el 2020”.

El abogado insistió en que el voto por correo debió conservar controles estrictos. “Ese voto por correo tiene que darse mediante correo certificado y a la dirección oficial de registro”, afirmó. También señaló que las papeletas debieron recibirse antes del día de la elección para permitir su contabilización inmediata.

“No podemos tener un resultado preliminar que sea demasiado distinto en términos de cantidad de papeletas al otro día o cuando termine el escrutinio”, expresó.

Ambos pidieron que cualquier cambio a las reglas electorales se discutiera mediante acuerdos entre partidos y con participación pública. “Las reglas aquí se establecen por consenso”, manifestó Acevedo al recordar reformas anteriores negociadas de forma conjunta.

Los juristas solicitaron a la Cámara que detuviera la consideración de la medida, celebrara vistas públicas y evaluara los efectos de los cambios antes de su aprobación final.

Contrario a lo que anticipaba el Departamento de Salud (DS), los casos de influenza redujeron luego de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián y otros eventos masivos, aunque permanecen por encima del umbral epidémico.

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Para la semana epidemiológica 3, que comprende del 18 al 24 de enero, hubo 3,023 casos reportados a la División de Epidemiología e Investigación, para un total de 45,026 incidencias en lo que va de temporada, compartió Víctor Ramos Otero, secretario de Salud.

También hubo 158 hospitalizaciones en ese período, que aumenta la cifra acumulada a 3,159, mientras las defunciones alcanzaron 139, con 11 más identificadas.

“Esta semana no parece —y eso es bueno— verse el pico que se esperaba para las Fiestas de la Calle San Sebastián, aunque estamos sobre el umbral epidémico. Podemos especular que la gente hizo caso y no fue enferma a las Fiestas y otras actividades, pero es bueno que no se haya visto”, declaró el secretario en conferencia de prensa desde el DS.

Una de las muertes, sin embargo, trató de un menor de 12 años de la región Metro que no había sido vacunado. El 47 % de los casos confirmados corresponden a la población pediátrica, de 0 a 19 años, que es la menos inmunizada, en comparación con adultos mayores y otros grupos. Desde julio, se han administrado 390,060 dosis, y unas 20,000 fueron solo en este período de siete días analizado.

“A cualquier persona, no importa que sea una persona saludable, la influenza le puede dar enfermedad severa. Nosotros no vamos a saber a quién le va a dar enfermedad severa y a quién no”, subrayó el secretario.

El informe epidemiológico también resaltó que hubo 37 brotes escolares entre el 18 y el 24 de enero. El protocolo de respuesta, según la principal oficial de Epidemiología, Miriam Ramos Colón, es esterilizar el salón de clase y no conlleva cierre del plantel.

El secretario del DS dijo que implementó dos órdenes administrativas, la 628 y 629: la primera fija una moratoria al requerimiento para obtener una certificación de vacunación para profesionales de enfermería; la segunda, en el pago de derechos para la obtención de autorizaciones especiales para vacunas extramuros.

Ramos Otero decretó epidemia de influenza, seguido por una declaración de emergencia por la gobernadora Jenniffer González Colón, la semana pasada luego de que los casos estuvieran seis semanas consecutivas por encima del umbral epidémico.

La movida generó controversia entre profesionales de salud que lo consideraron tarde, aunque el secretario defiende que siguió las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Para concluir la epidemia, habría que cumplir con cuatro criterios, según Ramos Otero: cuatro semanas por debajo del umbral epidémico; cuatro regiones de salud con baja sostenida, que sean menos del 20 % de los casos del total en ese período, y que el índice de infectividad reduzca a 50 %.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

La decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de denegar el ajuste por inflación al crédito por trabajo para el año contributivo 2025 tendrá un impacto directo en los niveles de pobreza en Puerto Rico, al limitar la capacidad de miles de contribuyentes de bajos y medianos ingresos para superar el umbral de pobreza federal, según un análisis divulgado el martes por la organización Espacios Abiertos (ea).

De acuerdo con el análisis, basado en datos del Departamento de Hacienda, la ausencia del ajuste por inflación provocará que aproximadamente 7,475 personas adicionales permanezcan bajo el nivel de pobreza en 2025, en comparación con el escenario en el que sí se hubiese aprobado el ajuste correspondiente al aumento en el costo de vida.

Durante el año contributivo 2024, el crédito por trabajo benefició a una amplia proporción de los hogares en Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los principales mecanismos de alivio contributivo para familias trabajadoras. Según los datos analizados por Espacios Abiertos, seis de cada diez hogares que radicaron planilla recibieron este crédito, con un promedio cercano a los $2,000 por familia.

“En Puerto Rico, el crédito por trabajo tiene un alcance amplio y un efecto tangible en los ingresos de los hogares. Durante el año contributivo 2024, el crédito por trabajo benefició a 734,619 familias o 6 de cada 10 hogares que radicaron planilla, con un crédito promedio de $1,974 por familia”, explicó Daniel Santamaría Ots, codirector ejecutivo de Espacios Abiertos.

La JSF comunicó formalmente su negativa al ajuste mediante una carta dirigida al secretario del Departamento de Hacienda el 29 de octubre de 2025. En la misiva, la Junta citó la sección 204(b)(4) de la Ley PROMESA y sostuvo que el ajuste no es consistente con el plan fiscal ni con el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026, al implicar una inversión adicional estimada en $72 millones.

Según el análisis de Espacios Abiertos, la congelación del crédito por trabajo afecta de forma desproporcionada a los hogares con dependientes y a los contribuyentes individuales, sectores que cuentan con menos capacidad para absorber los aumentos en el costo de vida. En particular, la mayoría de las personas impactadas pertenece a familias con uno o dos dependientes, así como a trabajadores individuales dentro de los rangos salariales más bajos.

“La mayoría de las personas afectadas provienen de familias con uno o dos dependientes, y la erosión del beneficio limita el alcance del crédito como herramienta para combatir la pobreza laboral”, añadió Santamaría Ots.

Más allá del efecto inmediato sobre los ingresos de los hogares, Espacios Abiertos advirtió que la decisión podría tener repercusiones en la participación laboral y en la economía local, al reducir los incentivos para el trabajo formal en un contexto en el que muchas pequeñas y medianas empresas ya enfrentan dificultades para reclutar empleados.

Ante este escenario, la organización recomendó a la JSF reconsiderar su postura e incorporar el ajuste por inflación del crédito por trabajo como un componente recurrente del plan fiscal y del presupuesto, evaluando no solo su costo bruto, sino su impacto neto en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la base contributiva del país.