Casi 300 personas reprobaron la reválida de paramédico porque obtuvieron una puntuación que, por la Ley 71 del 2020, ya no es aceptada, pero previo a su aprobación, hubiera cualificado para obtener su licencia y ejercer como respondedor.
Esa legislación, que propuso que la profesión de emergencias médicas sea de “óptima calidad en beneficio de la ciudadanía”, fijó que el examen, compuesto de una parte teórica y otra práctica, debe ser aprobado con más de 80 %, aunque se permitía una calificación de entre 70 % a 79 %.
Con esta puntuación mínima, unos 435 personas habían pasado la reválida, pero desde 2020, 271 personas que obtuvieron una puntuación en ese mismo rango no lo pasaron, según estadísticas de la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas (JETEM) del Departamento de Salud (DS), analizadas por la enfermera Marla Ortiz Dávila.
La profesional de salud compartió el dato en vista pública ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto 999, que busca “armonizar” requisitos de licenciamiento con estándares nacionales, eliminar requisitos “innecesarios” y crear parches distintivos oficiales para los técnicos de emergencias médicas.
Ortiz Dávila criticó que la Ley 71, que enmendó la ley que regula la profesión de emergencias médicas, limita que hayan más paramédicos capaces en función ante una escasez de personal y bajo reclutamiento, reconocido hasta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), según el comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM), Abner Gómez Cortés.
La enfermera sostuvo que el alto estándar penaliza a los aspirantes, que bajo circunstancias de evaluación, pueden sufrir estrés adicional, lo que ocasiona el rendimiento promedio.
“Si nos vamos al área académica, estamos diciendo que solamente funciona el estudiante que tiene A y B, el que tiene C no funciona, y no es real. […] Cuando hablamos de 70 %, estamos hablando de un promedio, no un bajo promedio. […] Son candidatos funcionales, pueden ser evaluados y se les puede otorgar licencia”, sentenció.
Otras exigencias establecidas por la Ley 71 incluyen que todo paramédico debe poseer una licencia de operador de ambulancias que emite el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) y certificaciones en CPR, ACLS, PALS, NALS, entre otras, cuyos costos, junto al de renovación de licencia de paramédico, pueden alcanzar entre $800 y $1,000.
Según Ortiz Dávila, hay un “desfase” entre las licencias de operador de ambulancias y de paramédico porque tienen períodos de vencimiento distintos y, como los entes reguladores exigen ambas, el profesional corre el riesgo de quedarse sin ninguna licencia si no renueva alguna.
“Todo profesional de paramédico tiene licencia y renovación de registro cada tres años [para la] que debe tomar educación continua. Si permitió que en ese proceso la licencia del Negociado de Transporte se venciera, se queda sin licencia y perdimos el paramédico”, sostuvo la enfermera y doctora en Administración y Gestión en Enfermería, quien abogó por eliminar ese requisito en el Proyecto de la Cámara 999.
El presidente de la JETEM, Amaury Martínez Pagán, por su parte, mencionó que no todo paramédico licenciado ejerce desde ambulancias o se le requiere conducir este tipo de vehículo, porque podrían dedicarse a la docencia, a operar un radio monitor u otras funciones clericales.
Recomendó entonces que, en vez de eliminar el requisito, que se le delegue a cada patrono, público o privado, a exigirle a su plantilla, según las labores encomendadas, esa certificación del NTSP.
Disyuntiva por composición de reválida
El Proyecto de la Cámara 999, de la autoría de la representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez, también propone eliminar la sección del examen práctico de la reválida de paramédicos, similar a la prueba que administra el Registro Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas (NREMT, en inglés) de Estados Unidos.
Gómez Cortés avaló la propuesta, aunque se refirió a la movida como una sustitución de la sección práctica por una “evaluación de competencias”, que podría ejercer un director médico, lo que según el comisionado, es un modelo avalado por NREMT, la Comisión Acreditadora para Programas de Salud y el Comité Acreditador de Profesionales de Emergencias Médicas.
“En el proceso que se educa, se sumerge a un proceso práctico de pruebas psicométricas —evaluar un paciente, manejar problema cardíaco, de vía aérea y otras disciplinas que están en examen práctico— y le cede al sistema de emergencias médicas para que este director médico certifique paramédico pueda ejercer con protocolo médico y se le dé continuidad a paramédicos”, explicó.
Aunque la sugerencia fue secundada por el representante de la Asociación de Ambulancias Puertorriqueñas, Josué Quintero Barroso, y Ortiz Dávila, la médico emergencióloga Nannette Lugo Amador, miembro de la JETEM, criticó que no proveería una evaluación uniforme de la profesión y que “no es seguro” eliminar esa porción del examen.
Destacó que se mantiene “firme”, al igual que el doctor Bolívar Pagán Quiñones, en representación del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en que permanezcan las evaluaciones locales cognoscitivas (escrito) y psicométricas (práctico).
En todo caso, lo óptimo, dijo, sería administrar a largo plazo la reválida del NREMT, que es un solo examen, pero “más sofisticado”.
Quintero Barroso señaló, no obstante, que adoptar esa reválida nacional expone al gremio a un éxodo masivo, similar al de enfermería y otras profesiones de salud, porque podrían buscar ofertas de trabajo en otras jurisdicciones donde la licencia sería válida.
Programas técnicos cerrados
Otra causa de la escasez de paramédicos y técnicos de emergencias médicas básicos, destacó el comisionado del NCEM, es el cierre de instituciones técnicas que ofrecían cursos en esta profesión, tras la exigencia de un grado asociado.
“Nosotros quisimos elevar el estándar, pero no nos dimos cuenta que estábamos provocando que muchas instituciones universitarias o colegios redujeran los programas de emergencias médicas”, expresó Gómez Cortes en la vista.
Añadió que hay programas en escuelas vocacionales que preparan jóvenes en emergencias médicas, pero tampoco aplican a tomar la reválida porque necesitan un grado académico mayor, lo que, en parte, desmotiva a ese estudiantado a continuar con la profesión.
Ortiz Dávila encontró que esos estudiantes completan su educación con más horas acumuladas que en el grado asociado, pero al menos 291 egresados de las clases del 2022 al 2025 de esas instituciones educativas tampoco podrán revalidar por los requisitos fijados por la Ley 71 del 2020.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
