Cada vez hay más dependencia del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM) en empresas privadas de ambulancias para atender respuestas a emergencias, según la apreciación de un grupo de paramédicos consultados por Metro Puerto Rico sobre el servicio privado en este sector.

El delegado del NCEM en la Unión General de Trabajadores, Carlos Vázquez Fonseca, levantó bandera al aseverar que, por falta de personal, hay contratistas que emplean personas sin credenciales para el manejo de ambulancias de tipo III, que requieren equipo, paramédicos y medicamentos especializados.

Para la operación de esos vehículos especializados, se debe poseer licencia de paramédico, otorgada por la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas (JETEM), y de conductor, emitida por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP). En las tipo I y II, que son más básicas, solo la licencia de conductor es necesaria, pero en la segunda debe haber mínimo un paramédico a bordo, según la Orden Administrativa 1 del 2023 del NTSP, que pertenece a la Junta Reglamentadora de Servicio Público.

“Es una epidemia”, describió Vázquez Fonseca, alegando que se han utilizado enfermeros, choferes o hasta mecánicos en las ambulancias. “Este es el ambiente diario de emergencias médicas”, dijo al abundar que, entre colegas que colaboran con las empresas, se cuentan cómo operan o reciben denuncias de las comunidades.

También señaló que se exacerba por la presunta escasa fiscalización del NTSP, que regula el uso de ambulancias y sus operadores, y del NCEM.

El paramédico Víctor Rosario Medina, quien opera la empresa privada VMed Transport en Utuado, reconoció lo común que es, en la industria, esquivar los requisitos que fijan el NTSP y la JETEM para operar. Atribuyó la alta contratación privada a recortes de bases del NCEM y una mayor población envejeciente con condiciones crónicas, lo que da paso a una mayor demanda de ambulancias.

“Lo que yo entiendo que está habiendo es que hay muchas privadas que entran al sistema a coger emergencias, pero no necesariamente están preparadas con el equipo y con el personal. […] En el sector público, no va a suceder porque tú no entras a trabajar ahí si no tienes licencia. […] En el sector privado, pues, dependería del dueño qué es lo que quiere hacer con sus empleados”, indicó.

Según Vázquez Fonseca, cuando la NCEM responde llamadas del 9-1-1, prioriza las ambulancias contratadas en las respuestas porque superan el personal disponible en el Estado. Pero al no contar con personal capacitado, las consecuencias en quienes sufren una emergencia pueden ser diversas, incluyendo déficits neurológicos y la potencial pérdida de vidas por falta de intervenciones adecuadas.

Merman licencias de paramédicos, mientras aumentan contratos

De acuerdo con las estadísticas de la JETEM entregadas a este medio, hay 822 licencias activas de técnicos paramédicos bajo el sector público, y 579 en el privado, para un total de 1,437. Sin embargo, en una vista pública en la Cámara de Representantes sobre un proyecto legislativo para reducir requisitos “innecesarios” de la profesión, el presidente de esa Junta, Amaury Martínez Pagán, mencionó que hay 1,961 activas de 4,375 en total.

Aunque más de la mitad de las licencias emitidas son para entornos públicos, el NCEM, donde hay casi 600 paramédicos, ha otorgado, según datos de la Oficina de la Contralora, más de 400 contratos por los últimos cinco años —en promedio, 83 por año— para que compañías de ambulancias aporten a la atención de emergencias.

El comisionado del NCEM, Abner Gómez Cortés, aseguró que hay colaboraciones con empresas privadas desde la década de 1970 de manera “desorganizada”, pero en 2010 se formalizó para atender una “necesidad apremiante de tener más recursos”.

Por su parte, Martínez Pagán estableció por escrito que “gran parte” de los técnicos de emergencias públicos trabajan a tiempo parcial con empresas privadas y, por eso, hay una menor cantidad bajo esa categoría.

Un asunto que ocasiona la merma en licenciamientos de paramédicos es la preparación abarcadora y costosa: por ley, deben tener un grado asociado en Emergencias Médicas, obtener certificados en ACLS, CPR, PALS, NALS, PHTLS o ITL y lenguaje de señas, poseer una licencia del NTSP para conducir ambulancias y cumplir con 47 horas de educación continua.

Martínez Pagán también señaló que hay instituciones educativas que cerraron cursos de Técnicos de Emergencias Médicas Paramédico porque no cuentan con profesores para ofrecer el grado asociado universitario. El propietario de VMed Transport incluso anticipó que se prepararán más técnicos básicos que paramédicos porque toma menos de la mitad del tiempo y el salario es casi igual.

Responsabilidad huérfana en querellas

La paramédica Glorivee Acevedo Rodríguez, quien trabaja para el NCEM en Lares, relató que una empleada de la empresa United EMS Coamo falsificó su licencia para operar como técnica de emergencias. “Realizaba procedimientos con pacientes, haciéndose pasar por mí con mi licencia”, contó.

Aunque sometió querellas a las agencias pertinentes, el NCEM no respondió la denuncia, mientras que el NTSP, en una resolución del caso, y la JETEM, en vista pública, determinaron que no tienen injerencia.

Según Acevedo Rodríguez, la JETEM, adscrita al Departamento de Salud (DS), aludió que le correspondería a la Junta Examinadora de Enfermería atender la denuncia porque quien supuestamente cometió el fraude poseía una licencia de enfermera práctica. En la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del DS, esa licencia aparece expirada “con restricción” desde 2008.

Juan López Cortés, el propietario de la compañía en Coamo, respondió que el asunto no le atañe porque la involucrada ya no trabaja en su empresa. Ninguna agencia tampoco le notificó sobre la querella.

Este medio se comunicó con la querellada y también se desvinculó de la pesquisa.

“Posiblemente esto esté pasando en otros pueblos, pero nadie lo fiscaliza”, planteó la paramédica estatal.

Según datos suministrados del NTSP, desde 2015, solo han habido diez querellas contra empresas de ambulancias; ninguna aborda el caso de Acevedo Rodríguez. Solo una fue por falta de credenciales del personal, pero una investigación interna demostró que no hubo incumplimiento, y quedó archivada.

Otras denuncias fueron por que unidades no autorizadas brindaron servicios, maltrato de parte de empleados, demoras en transporte hacia un centro hospitalario, cobros indebidos de tarifas o impactos vehiculares por la ambulancia. Casi todas también fueron archivadas, es decir, que no progresaron, ya sea porque el NTSP “no tenía jurisdicción” o el mismo querellante desistió en continuar el caso.

Negociados niegan falta de intervención

El comisionado Gómez Cortés rechazó que hubiera baja fiscalización porque los acuerdos colaborativos requieren un cumplimiento y, para ello, cuenta con 55 supervisores técnicos, ocho de zonas de emergencias y tres de apoyo operacional.

Como resultado, dijo, ha prescindido de los contratos de tres empresas por incongruencias entre licencias sometidas y la identificación del personal. Ninguna fue la que estuvo asociada al incidente de Acevedo Rodríguez, que según Gómez Cortés, se radicó bajo el comisionado anterior y, por eso, no hubo seguimiento.

“Esa es la consecuencia única que yo le puedo tener”, destacó en entrevista telefónica, pues otras medidas correctivas corresponderían a los municipios que operan sus respuestas a emergencias, la JETEM o al NTSP. De ser una negligencia interna, se maneja a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional.

Por su parte, el presidente del NTSP, Jaime Lafuente González, explicó a este medio que solo 14 inspectores supervisan más de 40 franquicias, como ambulancias, vehículos pesados, taxis y transporte colectivo. Ese personal, que aceptó es limitado, realiza visitas esporádicas en zonas de emergencias en hospitales o en las bases para solicitar documentación y comprobar el cumplimiento.

De incumplir con personal licenciado de acuerdo con requisitos legales y reglamentarios, pueden emitir multas de $1,500, según el Código de Reglamentos del NTSP. Juan Ramírez, asesor legal de esa oficina, añadió que la multa podría ascender hasta 10,000 dólares por cada infracción hallada por la examinadora de la querella.

Al preguntarle a Lafuente González sobre empresas con paramédicos o ambulancias sin personal licenciado, contestó: “Hay de todas las combinaciones que uno se pueda imaginar. Las hay, y existen. Nosotros pudiéramos ser más intensos en ese tipo de operativo. Tenemos el handicap (impedimento) obviamente de la cantidad de personas que tenemos”.

“Con las herramientas que tengo es lo más eficiente que puedo ser”, subrayó el ingeniero.

Pocas métricas de calidad

El paramédico y director de la clínica de capacitación Emergency and Critical Care Trainings, Gustavo Flores Bauer, opinó que, indistintamente de qué tipo de entidad provee el servicio, hay barreras en determinar y asegurar una alta calidad en la respuesta al paciente por pocas métricas recopiladas a nivel sistémico.

Parte de esa dificultad en asegurar una supervisión efectiva, agregó, proviene de la alta fragmentación entre agencias para revisar el servicio. Una manifestación de esa fiscalización dividida es cuando una ambulancia moviliza a un paciente a un centro de salud cercano pero no capacitado para atender la condición de la emergencia, lo que atrasa el tiempo de respuesta.

“No hay un tipo de supervisión de entender cómo esto de alguna forma afecta, para bien o para mal, el cuidado que ese paciente recibe y verlo desde la perspectiva del paciente. […] Eso no pasa en ningún review (revisión)”, apuntó.

Ofreció como ejemplo cuando una ambulancia traslada un paciente a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento o un hospital cercano, en lugar de uno capacitado para atender la emergencia que enfrenta. Si bien la operación de ambulancias se rige por el Código de Reglamentos del NTSP, no fija cómo debe ser la calidad de esa respuesta, sino solo que tenga la capacidad para atenderla.

El comisionado del NCEM mencionó que, mediante una orden administrativa radicada en septiembre del año pasado, se estableció la División de Quality Assurance & Quality Improvement en esa agencia para medir indicadores de desempeño, como tiempos de respuesta, calidad de atención, satisfacción del paciente y resultados clínicos.

Conforme a Gómez Cortés, el grupo está compuesto por dos empleadas del Negociado y una doctora del DS en destaque, quien trabaja con facturación médica. La División se financia con el presupuesto del NCEM y se utilizará para adquisición de sistemas tecnológicos para auditoría, capacitación de personal, entre otros asuntos.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

El uso de inteligencia artificial (IA) en sistemas de vigilancia ya no es un concepto futurista, sino una realidad que comienza a integrarse en distintos espacios de seguridad pública y privada en Puerto Rico. Sin embargo, el avance de estas herramientas también plantea interrogantes sobre privacidad, uso de datos y la necesidad de establecer reglas claras.

El experto en tecnología Obed Borrero explicó que la discusión sobre inteligencia artificial en vigilancia ya ocurre a nivel global y que el principal reto actualmente no es tecnológico, sino regulatorio.

“El tema de la inteligencia artificial y la vigilancia no es un tema del futuro, es un tema que ya viene sucediendo, en donde ya muchas compañías han comenzado a utilizarlo en diferentes áreas. Yo creo que el tema debe ser cuáles van a ser las reglas y cuáles son esos usos éticos porque todavía no existe un marco regulatorio específico con respecto a qué se puede hacer y qué no”, sostuvo el experto.

Borrero explicó que hay sistemas actuales utilizados alrededor del mundo que pueden analizar imágenes en tiempo real, generar alertas automáticas y aprender del comportamiento humano para identificar algo inusual o patrones.

“Hoy en día, yo le puedo añadir, a las cámaras que están en todas las calles, como en los semáforos, inteligencia artificial. Esa cámara antes solamente vigilaba las tablillas, pero un día puede ser que vigile la cara de la gente”, indicó.

El experto también explicó que la información captada por cámaras de seguridad suele almacenarse en sistemas digitales, ya sea localmente en dispositivos como grabadoras digitales (DVR, por sus siglas en inglés) o en servidores en la nube. Señaló que este tipo de grabación ya forma parte de la vida cotidiana, pues ocurre en múltiples espacios públicos y privados, como centros comerciales, donde las cámaras pueden registrar a las personas desde el momento en que ingresan al estacionamiento.

“En el escenario actual, es bueno que la gente sepa que, cada vez que va a un centro comercial, la cámara registra su cara y su rostro. Cuando usted llegó al parking (estacionamiento), está grabado en algo que posiblemente se llama un DVR”, especificó.

Borrero indicó que un DVR es un dispositivo electrónico que recibe las señales de las cámaras de seguridad, las digitaliza y las almacena en un disco duro. Precisó, sin embargo, que el tiempo durante el cual esa información se conserva depende de cada empresa o entidad encargada de administrar el sistema.

“Depende del escenario y depende del dueño de la cámara, quien va a decidir si esa cámara está físicamente en el lugar o si el footage (pietaje) de esa cámara o el contenido de esa cámara está en el lugar o si está en la nube. Pero hay un tema híbrido, hoy en día, y no necesariamente porque esté guardado dentro del establecimiento significa que es más seguro; da igual si esa caja está conectada a un cable Internet, puede ser hackeada”, abundó el experto.

Por esta razón, detalló, la expansión de dichas tecnologías hace necesario discutir sus implicaciones legales y sociales, particularmente en lo relacionado con vigilancia masiva y derechos de privacidad.

“El tema de seguridad es uno que se está planteando a nivel mundial, no muy lejos de Puerto Rico. En Estados Unidos, con este caso de Irán, con este caso de Cloud y de Anthropic, sobre cuál va a ser ese uso gubernamental y ese uso ético, bajo qué leyes y bajo qué reglas”.

Asimismo, mencionó como ejemplo el caso de la Unión Europea, que ya cuenta con un marco regulatorio específico para esta tecnología. Señaló que el bloque aprobó, en 2024, la Ley de Inteligencia Artificial, considerada el primer marco legal integral en el mundo para regular el uso de dicha tecnología. La legislación clasifica los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo y establece prohibiciones para ciertos usos, como la puntuación social, además de exigir estrictos requisitos de seguridad y transparencia para los sistemas catalogados como de alto riesgo.

La normativa entró en vigor en agosto de 2024, con algunas prohibiciones aplicables desde febrero de 2025 y su implementación completa prevista para 2026.

En proceso los protocolos y salvaguardas

Desde el gobierno central, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) confirmó que el proceso para continuar integrando inteligencia artificial a la infraestructura de seguridad en la isla se encuentra en marcha, mientras la agencia trabaja en el desarrollo de protocolos y salvaguardas para regular su uso.

El secretario del DSP, Arturo Garffer, explicó que la tecnología forma parte de una transición hacia sistemas de vigilancia más avanzados dentro de la seguridad pública.

“Hay que recordar que aún es algo nuevo. Es algo que todavía se está implementando porque estamos transitando de ser una herramienta que era experimental a un componente estructural de la seguridad pública”, señaló el secretario.

El funcionario indicó que estas herramientas, que se incorporarán en Puerto Rico, permitirán identificar información asociada a vehículos u otras bases de datos en tiempo real.

“Por ejemplo, se lee una tablilla e inmediatamente se baja una información asociada con esa tablilla y se ejecuta lo que se tenga que ejecutar contra ese vehículo o contra los dueños del vehículo o contra las personas que estén en ese vehículo en el momento (si se trata de un robo o fuga)”, dijo.

Garffer sostuvo que la agencia trabaja actualmente en desarrollar salvaguardas y protocolos para el uso de estas tecnologías, proceso que involucra reuniones con análisis legales y técnicos, y que no tiene previsto una fecha límite para su culminación.

“Eso consiste mayormente de lo que se identificaba en el área de tecnología, que ha sido algo que varía o que puede alterar alguna percepción de privacidad ciudadana. Entonces, uno se sienta con los abogados, uno se sienta con las regulaciones, los protocolos y uno lo va atemperando a esa tecnología nueva que se identificó y se implementará”, indicó.

Aseguró que la agencia ya ha comenzado a implementar algunas salvaguardas en áreas específicas, particularmente en el uso de tecnología de drones. Conforme al secretario, el DSP ha invertido en este tipo de herramientas y ya cuenta con una academia de drones establecida, por lo que ha sido necesario ajustar regulaciones y protocolos conforme se incorporan nuevas tecnologías.

“Mientras nosotros vayamos evolucionando en diferentes áreas, dado por ejemplo el Fusion Center y otras áreas del DSP, pues obviamente vamos a estar atemperando las diferentes regulaciones y protocolos que existan allá afuera”, precisó.

Añadió que la inversión presupuestada para la integración del software de inteligencia artificial, para 2027, se estima entre $45 millones y $50 millones, mientras que el costo del hardware necesario para estos sistemas superaría esa cifra.

Municipios comienzan a integrar inteligencia artificial

Mientras el gobierno central avanza en el desarrollo de protocolos, hay municipios que ya han integrado herramientas de inteligencia artificial en sus sistemas de vigilancia.

En San Juan, desde 2024, el municipio implementó tecnología de reconocimiento de tablillas en cámaras instaladas en varias de las principales vías de acceso a la ciudad como parte de un acuerdo con el DSP.

Otros municipios también trabajan en proyectos similares. En Vega Baja, el director de Manejo de Emergencias del municipio, Ángel Delgado, explicó que el ayuntamiento ya cuenta con una torre de cámaras de seguridad, financiada con fondos federales, y que se encuentra en proceso de ampliar el sistema con nuevas cámaras fijas utilizando fondos municipales.

“Tenemos una torre de cámaras de seguridad que fue adquirida mediante una aprobación de fondos federales a través del Homeland Security. En Vega Baja, particularmente con fondos municipales, estamos ahora en el proceso de la adquisición de cámaras fijas para instalar alrededor de la ciudad, para integrarlas, entonces crear nuestro centro de monitoreo municipal”, expresó Delgado.

Según este, el plan contempla integrar herramientas con capacidades de inteligencia artificial, aunque aclaró que, por razones de seguridad, estos sistemas seguirán operando bajo la supervisión y control de personal humano. Añadió que el proyecto aún se encuentra en proceso de subasta.

“Más allá de lo que son el reconocimiento de las tablillas, que es el sistema LPR (License Plate Recognition) y la inteligencia artificial en las cámaras para identificación facial, etcétera, reconocimiento de las personas, pues sí lo tendríamos, pero, claro, sería monitoreado con un capital humano”, aseguró.