Dada la ventana de oportunidad que se abre para una eventual transición democrática en Venezuela y ante la demanda de elecciones generales para renovar todos los niveles de gobierno, es oportuno hacer un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema electoral para identificar los cambios necesarios que garanticen elecciones libres, transparentes y democráticas.
El sistema electoral venezolano tiene sus bases en la Constitución de la República y leyes electorales, que establecen la forma en la que sus ciudadanos deben ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, los cargos a elegir y la periodicidad de los mismos, el calendario electoral, los requisitos de elegibilidad y las garantías que se deben cumplir en la organización de las elecciones y referendos, y los órganos de la administración electoral y de la jurisdicción contencioso electoral, entre los elementos más importantes.
Para la organización de las elecciones y referendos, el Poder Electoral, cuyo ente rector es el Consejo Nacional Electoral (CNE), automatizó el sistema de votación en 2004, incluyendo no solo la emisión del voto sino los actos de escrutinio y totalización. Sin embargo, la arquitectura del sistema electoral venezolano presenta una profunda paradoja técnica e institucional: cuenta con una plataforma tecnológica que ha sido calificada como una de las más avanzadas del mundo por su trazabilidad y seguridad, pero que opera dentro de un entorno institucional de desconfianza sistémica y falta de independencia.
La mayor fortaleza del proceso venezolano es su sistema de votación automatizado, que integra máquinas con pantalla táctil y un registro de auditoría en papel: las actas de escrutinio y el comprobante del voto impresos. Asimismo, incorpora el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), que permite la identificación biométrica, con la finalidad de prevenir el sufragio múltiple, asegurando el principio de “una persona, un voto”.
Las garantías de este sistema automatizado permitieron a la oposición democrática articulada alrededor de la candidatura de Edmundo González demostrar el fraude masivo registrado el 28 de julio de 2024. Aunque el CNE anunció resultados falsos desconociendo la victoria de González, la oposición resguardó un gran porcentaje de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, y las digitalizó, procesó y publicó en apenas horas, dejando al descubierto el fraude.
Sin embargo, estas fortalezas no son suficientes en un contexto de cooptación del Poder Electoral. Como se evidenció en los procesos de 2024 y 2025, el CNE tiene la capacidad de sortear las garantías técnicas al negarse a publicar resultados desagregados por mesa de votación, amparándose en ataques cibernéticos no comprobados y cancelando auditorías vitales. La eliminación de mecanismos técnicos de seguridad, como el código QR en las actas impresas en las elecciones de 2025, demuestra que la tecnología, sin garantías políticas y supervisión independiente, no asegura resultados creíbles.
Para impulsar una elección democrática deben mitigarse los riesgos críticos que han erosionado la integridad del sufragio en la última década. Algunos de ellos son:
● Sanciones administrativas para inhabilitar a candidatos. El riesgo predominante es la inseguridad jurídica. La Contraloría General de la República (CGR) ha despojado de derechos políticos a ciudadanos mediante procedimientos administrativos opacos, violando el mandato constitucional que exige una sentencia judicial firme para tales inhabilitaciones. A esto se suma la intervención judicial de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que limita arbitrariamente la oferta electoral.
● Registro Electoral (RE) y exclusión de la diáspora. Aunque el Registro Electoral debería ser de carácter continuo, durante los últimos años se ha obstaculizado el registro y la actualización de los datos de los electores. Se estima un subregistro de entre 2 y 3 millones de jóvenes, aunque la exclusión más grave afecta a la diáspora: de los casi 8 millones de venezolanos en el exterior, solo 69.000 están habilitados para votar debido a requisitos de residencia legal excesivos no contemplados en la Constitución.
● Equidad en la contienda. La competencia actual es incompatible con estándares internacionales debido al ventajismo oficialista. El uso sistemático de recursos del Estado, la hegemonía de medios públicos y la aplicación de leyes restrictivas (como la “Ley contra el Odio” y la “Ley Simón Bolívar”) generan una asimetría determinante que silencia a la oposición.
● Irregularidades durante la jornada electoral. La presencia del Plan República genera un entorno militarizado que, en ocasiones, deriva en la restricción del acceso a testigos y observadores. Además, se han documentado prácticas de coacción social, abuso del voto asistido y compra de votos mediante beneficios económicos.
Cualquier convocatoria electoral que pretenda verdaderamente conducir a una transición democrática debe estar precedida por las siguientes reformas, categorizadas por su urgencia y profundidad:
● Restablecimiento de la independencia del CNE y del Poder Judicial. Es imperativa una renovación institucional del CNE con rectores designados según lo establecido en la Constitución, garantizando una participación plural y transparente sin intervención discrecional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La despolitización de los órganos internos y de las Oficinas Regionales Electorales (ORE) es fundamental para romper la cadena de mando centralizada que resta autonomía a las juntas municipales y regionales electorales, que son los órganos subalternos del CNE, encargados de organizar los procesos electorales en sus respectivos ámbitos geográficos.
● Garantías plenas de transparencia y verificabilidad. La ley debe exigir la publicación inmediata de resultados desagregados por mesa de votación en formatos abiertos. Es necesario restituir todas las auditorías postelectorales y reincorporar el código QR en las actas de escrutinio para garantizar la trazabilidad completa del proceso.
● Reforma integral del Registro Electoral y voto en el exterior. El Registro Electoral debe transformarse en un sistema permanente de inscripción accesible en todo el territorio. El voto en el exterior debe ser reconocido como un derecho exigible, simplificando requisitos y ampliando los centros de votación bajo supervisión internacional.
● Eliminación de inhabilitaciones y restauración de libertades. Se debe derogar la potestad de la Contraloría para inhabilitar candidaturas sin sentencia judicial firme y revisar las inhabilitaciones vigentes para restituir derechos políticos. Asimismo, es crucial el cese de la persecución política y la derogación de normas que incentivan la autocensura, garantizando la libertad de expresión, reunión y movilización.
● Observación internacional independiente. Una elección creíble requiere la invitación sin condiciones a misiones calificadas (OEA, UE, Centro Carter y ONU) y la derogación de figuras restrictivas como la “veeduría” o “acompañamiento”, permitiendo el acceso irrestricto a todas las fases del ciclo electoral.
El sistema automatizado de votación y la identificación biométrica podrían mantenerse únicamente bajo condiciones de gobernanza democrática y control independiente. La biometría debe contar con garantías legales explícitas de no vinculación entre identidad y voto. Igualmente, la infraestructura logística del CNE es aprovechable solo si se asegura la neutralidad e imparcialidad política de su personal técnico.
Es pronto para saber si estamos a las puertas de una transición democrática, ya que, aunque ha habido muestras de que se está avanzando en esa dirección, quienes detentan el poder son los mismos que bajo la administración de Nicolás Maduro. Así, no hay garantías de una democratización, pero hay que aprovechar la oportunidad que se presenta para exigir una apertura, la restitución de los derechos políticos y la mejora de las condiciones de competitividad electoral.
La integridad electoral es un concepto integral que requiere autoridades electorales independientes, profesionales y técnicas, un registro electoral inclusivo y un entorno de libertad política. Sin estas reformas estructurales previas, cualquier proceso comicial carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar al país.
