El Senado de Puerto Rico celebrará el próximo martes, 24 de marzo, una comisión total para interrogar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en una comparecencia que analistas coinciden tendrá un alcance inusualmente amplio y difícil de anticipar en sus resultados.

La convocatoria estableció que el funcionario deberá responder sobre una extensa lista de asuntos que incluyen desde el cumplimiento del Plan Fiscal, procesos de contratación y subastas, hasta permisos, reconstrucción y la efectividad de la Orden Ejecutiva 2025-008, que definió los deberes y funciones de su posición dentro de la Rama Ejecutiva.

Este foro legislativo, a diferencia de una vista ordinaria, permitirá que todos los senadores participen directamente en el interrogatorio, sin un orden rígido de temas, lo que amplía el margen de cuestionamientos.

El analista político Jorge Colberg explicó que esa amplitud responde a las múltiples funciones que concentra Domenech dentro del ejecutivo. No obstante, advirtió que el proceso debe tener un propósito claro más allá del señalamiento público.

“A él lo están citando en calidad de las dos posiciones que él ocupa, el secretario de la Gobernación y el director de AFFAF”, explicó.

Colberg añadió que el objetivo debe ser que el cuerpo legislativo pueda generar acción concreta tras la vista. “Se supone que el propósito de esta sesión es que al finalizar la misma, el senado esté en condiciones de presentar legislación para enmendar leyes o para medidas correctivas”, indicó.

Sus expresiones se dan en en medio de un conflicto entre el senado y La Fortaleza, luego de que el gobierno no entregara información solicitada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, relacionada con contratos del exsecretario de Departamento de Justicia, Antonio Sagardía.

Ante esto, precisó que la vista se perfila no solo como un ejercicio de fiscalización, sino también como un espacio clave para esclarecer cuestionamientos públicos sobre la gestión gubernamental.

En ese escenario, el profesor y exsecretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanod (DTRH), Víctor Rivera, planteó que la comisión total podría responder tanto a un propósito institucional como a uno político. Explicó que, desde la perspectiva política, el proceso podría estar dirigido a debilitar la figura de mayor confianza de la gobernadora.

“Aquí puede haber un fin público y puede haber un fin político (…) El político puede ser volarle a la gobernadora su persona de mayor confianza”, sostuvo.

No obstante, subrayó que, en el plano gubernamental, la investigación también podría enfocarse en examinar la gestión pública del funcionario y posibles conflictos de interés.

¿Cómo será la Comisión Total?

En la convocatoria, se incluyó temas estructurales del gobierno, como la reforma gubernamental y la reorganización de la rama ejecutiva, así como áreas específicas como contratación, subastas, permisos, nombramientos y el manejo de fondos federales de reconstrucción.

También se contemplan asuntos relacionados con el cumplimiento del Plan Fiscal, la situación de las corporaciones públicas y la efectividad de políticas públicas implementadas por la gobernadora.

Esta amplitud, según los analistas, podría convertir la vista en un proceso de varias horas con múltiples líneas de cuestionamiento. Colberg detalló que, ante la cantidad de temas, es prácticamente imposible anticipar cómo se desarrollará la comisión, ya que la dinámica dependerá de los propios legisladores.

“¿Qué va a pasar allí? Bueno, pues no sabemos y es difícil predecir. Ahí se hacen reglas especiales de debate. El presidente del cuerpo, con los portavoces, determina el tiempo por delegación, que van a ser varias horas. Cada legislador puede preguntar del tema que desee, en el orden que desee, siempre y cuando sea sobre los asuntos de naturaleza pública, que está cobijado bajo el marco de esa citación”, explicó el analista.

Asimismo, subrayó que los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, lo que amplía el margen de sus expresiones durante la vista, siempre dentro del marco de asuntos públicos.

Por su parte, Rivera destacó que la amplitud del temario convierte la convocatoria en un instrumento particularmente poderoso, al permitir examinar múltiples dimensiones de la gestión gubernamental en un mismo foro. De hecho, advirtió que el proceso podría evolucionar más allá de una sola vista si surgen elementos que sustenten investigaciones adicionales.

“Si el senado se convence de que aquí hay algo más, de que detrás de esas preguntas hay unas contestaciones que confirman unas tesis, unas sospechas, no tengas la menor duda de que la legislatura va a seguir investigando y que va en su momento determinado a hacer unos referidos sobre lo que ellos pudiesen entender, que son unas conductas de corrupción política, de aprovechamiento de un puesto y de muchas cosas más. Si eso fuera el caso”, sostuvo.

Rivera comparó el potencial de la Comisión Total con el caso del Cerro Maravilla, que comenzó como un proceso legislativo antes de escalar a la esfera judicial.

Por su parte, la exsecretaria de la gobernación Zoé Laboy planteó que el elemento central de la vista debe ser la recuperación de la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

Explicó que la figura de Domenech ha estado rodeada de cuestionamientos que, independientemente de su validez, han impactado la percepción ciudadana.

“Una de las cosas más importantes es la falta de confianza del pueblo puertorriqueño en las instituciones. (…) Siempre ha habido esta nube sobre Domenech, de si en efecto está haciendo lo correcto por el pueblo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la comisión total debe servir para aclarar esas dudas de forma definitiva ante el país.

“Yo esperaría que las preguntas vayan dirigidas a por fin dejar claro si en efecto la duda esa que se ha creado es justificada o si Francisco Domenech tiene toda la información para probarle al pueblo puertorriqueño que él sí está trabajando allí, que está allí para servir y no para servirse”, expresó.

Además, Laboy aclaró que, de levantarse una investigacion más allá del hemiciclo, cualquier resultado dependerá, en última instancia, de la gobernadora, aunque la presión política pueda influir en su decisión.

“(…) Si saliera algo que amerita ser investigado, el senado puede referirlo para investigación, pero al fin y al cabo haya o no esa información, sea o no referido para una investigación, la gobernadora decide (…) Pero si ella decide mantenerlo y termina como terminó Ciary, habrá ya un daño político”, culminó Laboy.

Más allá del contenido, los analistas coincidieron en que el contexto político y la figura citada hacen de esta comisión total un evento poco común en la historia reciente, al tratarse de la persona de mayor confianza de la gobernadora siendo citada ante todo el senado.