El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que autoriza a la policía municipal a documentar, investigar y referir para posible procesamiento penal las actuaciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza dentro de la ciudad.

La medida fue anunciada en una conferencia de prensa y responde al creciente rechazo público a las operaciones federales de inmigración, particularmente tras incidentes ocurridos en Minnesota que resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.

“Como parte de esta orden, nuestro departamento de policía documentará la actividad de ICE y la Patrulla Fronteriza e intentará identificar a los agentes en el lugar de los hechos. Esta evidencia se conservará y, por orden de mi oficina, se remitirá a la Fiscalía estatal para su posible procesamiento”, expresó Johnson.

El alcalde señaló que la decisión también busca preparar a la ciudad ante un posible aumento de la presencia de fuerzas federales, luego de que el presidente Donald Trump manifestara su intención de reforzar los operativos en ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Chicago.

“Seguiremos aprendiendo y trabajando con otras ciudades del país mientras enfrentamos este momento”, sostuvo el funcionario municipal, al destacar que la orden forma parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional para responder a las políticas migratorias del Ejecutivo federal.

Johnson fue particularmente crítico del accionar de los agentes federales, a quienes acusó de actuar fuera de los parámetros legales y de socavar la confianza pública en las fuerzas del orden.

“No les importa su estatus de ciudadanía. No les importa el debido proceso. Ni siquiera les importa la inmigración. Estos agentes federales están socavando la confianza en las fuerzas del orden”, afirmó el alcalde, al describir las actuaciones del ICE como generadoras de “caos y destrucción”.

El alcalde también calificó a la administración Trump como un “régimen autoritario” y aseguró que la orden ejecutiva envía un mensaje de respaldo a las comunidades afectadas por los operativos migratorios. “Esta orden ofrece esperanza”, indicó, al enmarcar la iniciativa dentro de una respuesta más amplia frente a lo que describió como abusos sistemáticos.

Desde diciembre, el Gobierno federal ha intensificado las operaciones antiinmigración en Minnesota bajo el argumento de combatir el crimen. Sin embargo, muertes durante intervenciones, así como la detención de un niño de cinco años, han provocado una ola de indignación y protestas en distintos puntos del país, reavivando el debate sobre los límites del poder federal en materia migratoria.

La reciente desclasificación masiva de documentos del Departamento de Justicia sobre el caso Jeffrey Epstein expuso comunicaciones comprometedoras que involucran al cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Según reportes publicados este viernes por medios como The Telegraph y The Sun, un correo electrónico escrito por el propio Epstein afirma que Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual tras mantener encuentros con mujeres de nacionalidad rusa.

El contenido del mensaje, que data de la época en que ambos mantenían una relación cercana, detalla que el magnate tecnológico solicitó asistencia médica de forma discreta para tratar la infección.

De acuerdo con la información difundida por Telecinco, el correo sugiere que Gates incluso pidió antibióticos específicos para su esposa de aquel entonces, Melinda French Gates, con el objetivo de tratarla de manera preventiva o curativa tras el presunto contagio derivado de sus actividades extramatrimoniales.

Detalles de la filtración y contexto

El intercambio de mensajes revela un nivel de confianza y dependencia entre Epstein y Gates que contradice las declaraciones previas del filántropo, quien en reiteradas ocasiones intentó minimizar su vínculo con el delincuente sexual convicto.

Esta filtración surge en el marco de la liberación de más de tres millones de páginas de documentos judiciales, imágenes y videos que el gobierno estadounidense puso a disposición del público este 30 de enero. Los archivos exponen la dinámica de la red de

Epstein, donde el intercambio de mujeres y la recopilación de información comprometedora sobre figuras de alto perfil eran prácticas habituales.

Hasta el momento, los representantes de Bill Gates no emitieron una respuesta oficial ante estos señalamientos específicos contenidos en los nuevos expedientes. Analistas legales señalan que, si bien estos correos no constituyen necesariamente una prueba de un delito criminal por parte de Gates, sí dañan severamente su imagen pública y refuerzan las interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su amistad con Epstein.

La enviada del presidente estadounidense, Donald Trump, para Venezuela, Laura Dogu, llegó este sábado a Caracas para asumir funciones como encargada de negocios, en lo que representa un nuevo paso en el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela.

La llegada de Dogu fue confirmada por el canciller venezolano, Yván Gil, quien informó que la visita forma parte de la agenda de trabajo entre ambos gobiernos.

Según indicó el funcionario, el objetivo del encuentro es “marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

Dogu sustituye en el cargo a John McNamara, quien viajó a Caracas hace aproximadamente dos semanas para evaluar una posible reanudación gradual de las operaciones diplomáticas entre ambos países. Tras ese acercamiento inicial, el Gobierno venezolano confirmó que también enviaría una delegación a Washington.

La diplomática estadounidense cuenta con una trayectoria amplia en la región, habiendo fungido previamente como embajadora en Honduras y Nicaragua. Además, se desempeñó como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y como subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI.

Este movimiento diplomático ocurre en un contexto político inusual, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense. Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la Presidencia de forma interina y alcanzó acuerdos con Washington que incluyen la venta de petróleo venezolano y un proceso de liberación de personas detenidas, tanto venezolanas como extranjeras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional no intervenir en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata ante protestas o disturbios, salvo que las autoridades locales o estatales soliciten asistencia federal.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Trump informó que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no desplegar intervención federal “bajo ninguna circunstancia” en ciudades demócratas “a menos que y hasta que nos pidan ayuda”.

No obstante, el mandatario dejó claro que el Gobierno federal sí protegerá edificios y propiedades federales. “Vamos a custodiar, y con grandes medios, los edificios federales que están siendo atacados por lunáticos, agitadores e insurreccionistas bien pagados”, expresó.

Trump indicó que ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza aplicar estrictamente la protección de instalaciones federales. Además, lanzó una advertencia directa a quienes participen en actos violentos durante manifestaciones.

“No van a escupir a la cara a nuestros agentes, no van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros coches y no van a lanzar adoquines a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas”, afirmó, al advertir que quienes lo hagan “sufrirán una consecuencia igual o mayor”.

El presidente señaló que su mensaje fue remitido también a autoridades estatales y municipales, a quienes instó a proteger sus propias instalaciones y cumplir con su responsabilidad de resguardar propiedades federales.

Como ejemplo, Trump mencionó un incidente ocurrido en Eugene, Oregón, donde, según dijo, personas irrumpieron en un edificio federal, causaron daños y acosaron a empleados, sin que la Policía local interviniera. “No vamos a permitir que vuelva a pasar”, sostuvo.

Trump afirmó que, si las autoridades locales no pueden manejar disturbios, el Gobierno federal intervendrá cuando se solicite ayuda, tal como —según dijo— ocurrió durante los disturbios en Los Ángeles el año pasado.

Finalmente, reiteró que fuerzas federales, incluyendo ICE, la Patrulla Fronteriza y, de ser necesario, el Ejército, estarán disponibles para proteger propiedades federales, pero subrayó que la intervención se realizará únicamente tras una solicitud expresa de los gobiernos locales.

“Me eligieron por una política de control de fronteras, de seguridad nacional y de ley y orden. Eso es lo que quiere Estados Unidos y eso es lo que está teniendo Estados Unidos”, concluyó.