El Senado de Puerto Rico citó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a una comisión total mediante un documento oficial que perfila una pesquisa amplia sobre contratación gubernamental, incluyendo vínculos con la firma Politank, adjudicaciones en múltiples agencias y posibles conflictos de interés, según la carta firmada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

El documento de 15 páginas requiere que el funcionario comparezca con respuestas sustentadas en evidencia, en un proceso legislativo en el que deberá contestar preguntas y presentar documentación.

“Cada contestación deberá estar sustentada por la documentación correspondiente”, establece la citación.

Aquí el documento:

Politank en el centro de la investigación

Uno de los ejes principales de la vista será la relación de Domenech con la firma Politank Corp., que fundó antes de asumir funciones en el gobierno.

La citación del Senado enumera preguntas sobre vínculos con Politank, adjudicaciones millonarias y posibles conflictos de interés en varias dependencias.

El documento detalla que clientes vinculados a la empresa han recibido contratos del gobierno central tras su llegada al Ejecutivo, reflejando un aumento significativo en los montos adjudicados.

Según la citación, el valor de contratos asociados a estos clientes aumentó en más de $83.9 millones desde enero de 2025. El documento incluye tablas con contratos otorgados a clientes históricos y otros individuos identificados como cabilderos registrados.

El Senado busca establecer si Domenech se inhibió de participar en procesos relacionados con estos clientes, si delegó funciones y si sostuvo comunicaciones con personas vinculadas a la firma tras asumir su cargo.

Agencias bajo escrutinio

La pesquisa también se extiende a múltiples agencias y corporaciones públicas donde se han adjudicado contratos relevantes o se han levantado interrogantes sobre procesos de contratación.

Entre los casos señalados figuran:

• Departamento de Salud: adjudicación de contratos vinculados a Intervoice en el programa Medicaid
• ASES: contrato de seguros médicos que supera los $97 millones
• PRITS: procesos de aprobación de contratos tecnológicos
• AAA: contratos y enmiendas otorgados a Accenture
• Departamento de Educación: procesos de subasta y adjudicaciones relacionadas a proyectos específicos

En el caso de Intervoice, el Senado cuestiona un proceso de solicitud de propuestas (RFP) adjudicado por más de $14 millones apenas semanas después de que Domenech asumiera como secretario de la Gobernación.

“El RFP… fue adjudicado en marzo de 2025 — apenas semanas después de que usted asumiera”, lee la carta.

Contratistas y expansión de acuerdos

La citación también examina contratos otorgados a empresas privadas y posibles ampliaciones contractuales sin nuevos procesos competitivos.

Entre ellos, se destaca el caso de Accenture, que ha recibido más de $12.4 millones en contratos desde enero de 2025, incluyendo enmiendas para expansión de servicios.

Asimismo, se incluyen cuestionamientos sobre Stonepath Solutions, firma vinculada a proyectos en el Departamento de Educación, con contratos que suman cerca de $329,000.

AFAAF, deuda y posibles conflictos estructurales

Otro componente relevante de la investigación se centra en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAAF), que Domenech dirige como parte de sus funciones.

El Senado plantea posibles conflictos de interés relacionados con procesos de reestructuración de deuda, incluyendo la participación previa de Politank en negociaciones con bonistas.

El documento señala que la firma recibió millones en honorarios en procesos vinculados a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Además, se examinan vínculos con firmas asesoras como Houlihan Lokey y su rol en negociaciones con acreedores.

Más allá de contratos: economía, ERP y política pública

La citación amplía su alcance a temas de política pública, incluyendo:

• El retraso en la implementación del sistema financiero central (ERP) a cargo de Deloitte
• La reforma contributiva y su viabilidad fiscal
• El plan fiscal del gobierno y observaciones de la Junta de Supervisión Fiscal
• El uso de fondos del “rum cover-over”

En el caso del ERP, el Senado cuestiona el estado del proyecto tras años de desarrollo y contratos que superan los $80 millones.

Una pesquisa de alcance amplio

El documento advierte que las preguntas incluidas no agotan las áreas de investigación, dejando abierta la posibilidad de nuevos cuestionamientos durante la vista.

La comisión total, pautada para el 24 de marzo, se perfila como un punto de inflexión en el enfrentamiento entre el Senado y La Fortaleza.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, defendió este jueves la ejecución del proyecto de canalización del Río Piedras y advirtió que paralizarlo representaría un riesgo directo para la seguridad de decenas de familias en la zona metropolitana.

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Durante la cuarta vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por Ricardo Rey “Chino” Ocasio Ramos, sobre la Resolución de la Cámara 438, que ordena investigar el alcance y los efectos sociales, ambientales y comunitarios del proyecto, Quiles sostuvo que la iniciativa responde a una necesidad urgente de mitigación de inundaciones.

“El proyecto es bueno. No hacer nada pone en riesgo la vida de las personas”, sostuvo el funcionario al responder preguntas de la comisión.

Al mismo tiempo, aclaró que el DRNA no tiene injerencia directa en la gerencia del proyecto, que corresponde al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

Esta medida busca evaluar la pertinencia de la canalización del Río Piedras, así como sus posibles efectos sobre comunidades aledañas, particularmente en sectores como Villa Nevárez, Reparto Metropolitano, Jardines Metropolitanos y University Gardens.

“Nosotros no hacemos expropiaciones; hacemos adquisiciones. Yo no tengo ningún otro interés que no sea el bienestar de la gente. Esos canales no tienen la capacidad y, a medida que continúe lloviendo, se van a desbordar. Hay familias en riesgo inminente”, expresó el titular del DRNA.

Asimismo, subrayó que existe un riesgo evidente y que no debe ser ignorado sobre todo en las estructuras que están alrededor y en cercanía a las quebradas Ana y Josefina. “El riesgo inminente es real, palpable e irrefutable”, agregó.

La Resolución de la Cámara 438 también busca evaluar si las comunidades potencialmente afectadas han tenido acceso a información clara, oportuna y suficiente sobre el proyecto, así como revisar los mecanismos de participación ciudadana, especialmente entre adultos mayores de 65 años, quienes representan una parte significativa de la población en el área metropolitana.

Bajo este contexto, varios legisladores plantearon su preocupación sobre las posibles expropiaciones y el valor del mercado actual, ya que podría no reflejar un precio justo para las familias que podrían verse afectadas.

Finalmente, el presidente de la comisión, Ocasio Ramos, destacó: “estamos aquí para garantizar que cualquier proyecto que impacte a nuestras comunidades se ejecute con transparencia, responsabilidad y atención a la seguridad de las familias. No podemos poner en riesgo a nuestros ciudadanos; por eso evaluamos cada detalle de esta iniciativa con rigor y compromiso”.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow y la agente especial a cargo interina del Negociado de Investigaciones Federales, Claudia Dubravetz le hicieron una advertencia el jueves, a las instituciones bancarias sobre las transacciones con efectivo en los préstamos hipotecarios.

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“Por ejemplo, si un dueño estaba pagando la hipoteca mediante depósito directo y cambió a una persona desconocida pagando la hipoteca en efectivo. Las instituciones financieras tienen la obligación de conocer sus clientes, y la obligación de radicar informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés)”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

“Esos delitos financieros no son delitos sin víctimas. Como pueden ver, en muchas ocasiones son medios para facilitar crímenes violentos que tienen un impacto directo a la calidad de vida de nuestras comunidades. Que esta sirva como advertencia. Quienes crean que puedan facilitar y ocultar actividad criminal violenta detrás de transacciones financieras complejas deben entender que el FBI y nuestros colegas de ley y orden seguiremos la evidencia hasta el final”, añadió Dubravetz.

Muldrow mencionó que mantienen buena comunicación con las instituciones financieras, pero hay que mejorar en el monitoreo de las transacciones en efectivo, sobretodo si la persona hacia sus pagos mediante otros métodos.

“Y yo sé que ellos entienden su responsabilidad y nosotros siempre estamos en comunicación con esas instituciones financieras. Lo que estamos anunciando hoy es que siempre hay áreas donde se puede poner más atención. Entonces esa es una área donde nosotros hemos visto un aumento en ese tipo de transacciones para ocultar y comprar propiedades. Y estamos diciendo que es un momento para chequear sus récords, sus transacciones en el pasado para ayudarnos a nosotros a enfrentar y atacar ese tipo de crímenes y como siempre hemos hecho las instituciones financieras están en el ‘front line’ ellos están trabajando directamente con los clientes con la gente que tiene acceso a sus cuentas y pues ellos son nuestros ojos y oídos en la calle. Y nosotros siempre agradecemos el trabajo que ellos hacen, pero también es nuestra responsabilidad para anunciar esquemas como este para que pueda prestar más atención en eso. Cuando van a hacer el pago, si llevan efectivo en una bolsa, pues debe ser una clave de que algo está pasando”, mencionó.

Las expresiones de ambos funcionarios se dieron en una conferencia de prensa en la que anunciaron acusaciones criminales contra Edwin Navarro Artavia y Kyria Navarro Santiago por supuestamente conspirar para lavar dinero producto del narcotráfico mediante transacciones de bienes raíces en Puerto Rico.

Según la acusación, ambos ayudaron a lavar dinero a través de la compra de 23 propiedades residenciales propiedades residenciales en varios pueblos para la organización criminal de Nelson “El Burro” Torres Delgado.

En medio del choque público entre el Senado y La Fortaleza, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, no descartó la posibilidad de retomar el diálogo con la gobernadora Jenniffer González, aunque dejó claro que cualquier conversación tendría límites definidos.

Durante una entrevista radial (Jugando Pelota Dura), al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a reunirse nuevamente con la mandataria para atender las diferencias, respondió: “Yo no tengo ningún problema en reunirme, las diferencias son las diferencias”. Agregó que “hablar es una cosa y estar de acuerdo es otra”.

Rivera Schatz insistió en que no tiene objeción a conversar, aunque subrayó que no cederá en asuntos de fondo. “Yo no negocio principios, valores”.

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Las expresiones surgen en un contexto de fricciones públicas entre ambos líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), particularmente por la convocatoria a la comisión total para interrogar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Críticas directas a Domenech

En ese mismo intercambio, el presidente del Senado también dejó clara su postura sobre el funcionario, lo que añade presión al escenario político.

“A mí no hay quien me convenza que Francisco Domenech le sirve para algo. Punto”

Aunque reconoció que el proceso debe permitir esclarecer los hechos, sostuvo que será el país quien evalúe los resultados.

Posible presencia de la Gobernadora

Rivera Schatz también abordó el escenario de una posible comparecencia de la gobernadora durante la comisión total, en medio de especulaciones sobre su participación.

El líder senatorial sostuvo que no tiene objeción a que la mandataria esté presente en la vista, e incluso sugirió que podría beneficiarse de escuchar directamente el intercambio.

“No tengo ningún problema en que si quiere estar ahí y presenciar la pregunta, sería bueno, porque así ella se va a enterar personalmente”, dijo.

Añadió que su presencia no alteraría el desarrollo del proceso legislativo.

Rivera Schatz también indicó que, hasta el momento, no ha recibido confirmación de asistencia por parte de la gobernadora.

No obstante, reiteró que, de asistir, se le daría espacio dentro del proceso. “Si me llaman de Fortaleza… con mucho gusto le hacemos el acomodo”, aseguró.

A pesar del tono crítico, Rivera Schatz evitó cerrar completamente la puerta a una eventual recomposición de la relación política con la gobernadora, en momentos en que el conflicto se desarrolla tanto en el plano institucional como partidista.

La gobernadora Jenniffer González Colón evitó confirmar si acudirá a la comisión total del Senado pautada para el próximo 24 de marzo, en medio de la controversia política que rodea la citación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y los señalamientos públicos del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria se limitó a decir que aún no ha tomado una decisión y que prefiere esperar a que llegue la fecha. “Vamos a esperar a ver qué pasa ese día”, expresó en más de una ocasión, sin ofrecer detalles adicionales sobre su posible comparecencia o los temas que se discutirían en la audiencia.

González Colón también esquivó entrar en el fondo de la controversia y rechazó reaccionar directamente a las críticas de Rivera Schatz relacionadas con Domenech. “No voy a caer en eso”, sostuvo, marcando distancia de la disputa pública que se ha intensificado en los últimos días dentro del propio Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según la gobernadora, las diferencias responden a una dinámica política que busca desviar la atención de los trabajos de su administración. En ese sentido, insistió en que no se prestará para alimentar conflictos. “Para pelearse necesitan dos y yo estoy enfocada en trabajar”, afirmó.

La incertidumbre sobre su asistencia añade tensión a la citación legislativa, que ha sido interpretada como un nuevo episodio en el choque entre La Fortaleza y el liderato del Senado. Mientras tanto, la figura de Domenech continúa en el centro de la controversia, sin que desde el Ejecutivo se adelanten posturas concretas sobre cómo se manejará el proceso.

Por ahora, la gobernadora opta por el silencio estratégico y deja en suspenso si dará el frente en un escenario que promete ser políticamente cargado.