La organización sin fines de lucro Urbe Apie, el Centro de Apoyo Mutuo y comerciantes locales se unen para celebrar la cuarta edición del festival de arte “Despierta Verano”, del 5 al 7 de julio, en el casco urbano de Caguas.

Este evento artístico y cultural transformará la comunidad con la participación de talentosos artistas y muralistas de la región, quienes darán vida a las calles Gautier Benítez, Jiménez Sicardó, Vizcarrondo y Acosta, denominadas como “La Cuadra Social”, con obras impresionantes y provocativas.

“Despierta Verano 2024″ tiene como objetivo motivar y ampliar los espacios públicos para encontrarnos y construir juntos la comunidad en la que deseamos vivir y permanecer.

“El festival es parte de nuestra campaña ‘Permanece Revitaliza’, que lucha contra la gentrificación en Puerto Rico. En este caso, el arte y la cultura son nuestras herramientas para defender nuestro territorio y nuestra comunidad”, expresó Omar Ayala, líder comunitario y director de Urbe Apie.

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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la compañía CSA Group LLC firmaron un contrato de servicios de diseño, investigaciones de campo y consultoría para el dragado de los embalses Dos Bocas, Caonillas, Guajataca, Guerrero y Garzas, cuya primera fase tendrá un tiempo estimado de ocho meses, trascendió el jueves.

“El objetivo de este proyecto es retornar la capacidad de almacenaje que tenían esos embalses antes del paso de ambos huracanes por la isla”, indicó el director de operaciones y de HydroCo. de la AEE, ingeniero Jaime Umpierre Montalvo en declaraciones escritas.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) contempla la remoción de cerca de 4.2 millones de yardas cúbicas de sedimento en once embalses, con un costo estimado de 350 millones de dólares.

Umpierre Montalvo explicó que los huracanes Irma y María depositaron una cantidad significativa de sedimento en los embalses de almacenamiento de agua principales de la AEE, acortando la capacidad operativa de cada uno. El proyecto busca restaurar la capacidad de almacenamiento que tenían estos embalses antes de los huracanes.

El directivo de la AEE mencionó que dichos embalses proveen agua para la generación de energía, el sistema de riego de la corporación pública y agua cruda para más de 500,000 personas en las regiones norte, este y sureste de Puerto Rico. Destacó que los embalses Dos Bocas y Caonillas en Utuado son especialmente importantes, ya que se utilizan para la producción de energía hidroeléctrica y proveen entre 75 y 100 millones de galones de agua diarios a municipios del norte y del área metropolitana a través del Superacueducto de la Costa Norte.

Umpierre Montalvo añadió que con el proyecto de dragado se removerán aproximadamente 1.3 millones de yardas cúbicas de sedimento en Dos Bocas y 918,567 yardas cúbicas de sedimento en Caonillas. También adelantó que el contrato para el diseño de dragado de los seis embalses restantes, incluyendo Matrullas, Guineo, Guayabal, Lucchetti, Loco y Guayo, se contempla firmar en la primera semana de julio de 2024, tras recibir la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

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El alcalde del Municipio de Cataño, Julio Alicea Vasallo, exigió al secretario del Departamento de Justicia que se incluyan más convictos por corrupción y corporaciones a la demanda presentada esta semana a nivel federal para el recobro de fondos públicos.

Según expresó el mandatario municipal a través de una misiva enviada al secretario de Justicia, en la demanda faltaron varias personas que estuvieron envueltas en esquemas de corrupción, principalmente en el municipio de Cataño, como parte del caso del exalcalde, Félix “Cano” Delgado Montalvo.

“Al examinar las partes en los 15 casos judiciales instados por el Departamento de Justicia, noté que existen funcionarios y/o contratistas que fueron responsables de actos de corrupción con relación al Municipio de Cataño y que no fueron incluidos en las demandas”, expresó el actual alcalde.

Entre los contratistas que, Alicea Vasallo, exige que se incluyan en la demanda se encuentran, Pedro Marrero Miranda, exdirector de Obras Públicas del municipio, el contratista José L. Bou Santiago y su empresa Bou Maintenance Services, Corp. y Island Builders, Corp del empresario Oscar Santamaría.

Pedro Marrero Miranda, quien fungió como director de Obras Públicas bajo la administración de Félix Delgado Montalvo y se declaró culpable por un esquema de sobornos con la empresa J.R Asphalt, Inc. Marrero cobraba de J.R. Asphalt el equivalente a un dólar por cada metro cuadrado de asfalto que removieran, así como por la otorgación de contratos y certificación de facturas.

Mientras que Bou Santiago y su empresa Bou Maintenance Services, Corp. obtuvo contrato con el municipio en el año 2019 para proveer servicio de techado respecto al Parque La Esperanza. El Municipio de Cataño pagó a la corporación $190 mil por el servicio contratado, pero mediando soborno y esquema de “kickbacks” entre el alcalde Félix Delgado Montalvo y Bou Santiago.

Por último, Island Builders, Corp. era propiedad del empresario Oscar Santamaría Torres, quien hizo pagos en efectivo al exalcalde Delgado Montalvo para que se otorgaran contratos a favor de la corporación.

“Por todo lo anterior, a través de usted, le solicito al Departamento de Justicia, que al igual que se hizo con los más de 30 convictos, presente demandas en contra de las personas naturales y jurídicas antes mencionadas para que le devuelvan al gobierno de Puerto Rico el dinero obtenido de manera ilegal e inmoral. Puerto Rico y el Municipio que dirijo no merecen menos”, concluyó el alcalde.

Esta semana, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a más de treinta convictos por corrupción, en un esfuerzo para recuperar los fondos públicos malversados y los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias.

El Departamento de Justicia presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, por una cuantía total que supera los treinta millones de dólares. Entre los demandados figuran exalcaldes como Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, Abel Nazario Quiñones y José Luis Cruz Cruz, así como exlegisladores y otros funcionarios públicos.

Además de los exfuncionarios, la demanda incluye a corporaciones como J.R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp, en un esfuerzo integral por recuperar los fondos públicos y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.

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La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés) realizó nuevamente este jueves un llamado al gobernador, Pedro Pierluisi, para que proteja la política de medición neta de la Isla, a la luz de un nuevo análisis sobre la distribución de ingresos de las familias con instalaciones solares.

El llamado surge en respuesta a dos cartas emitidas por la Junta de Supervisión Fiscal, amenazando con intentar anular la crucial Ley 10 de 2024, que protege la medición neta en Puerto Rico.

Los resultados del estudio de SESA revelan que aproximadamente el 30% de las familias con sistemas de energía solar se encuentran en la categoría de ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés), por lo que cualquier amenaza a esta población vulnerable pueda resultar en que no puedan costear ni instalar paneles solares.

Además, el análisis demuestra que alrededor del 60% de las personas que instalan energía solar son de ingresos bajos, moderados o medios. Esto significa que el 30% de los que instalan energía solar en sus hogares ganan menos de $48,000 anuales para una familia de cuatro en la isla, y el 60% gana menos de $72,000.

“Ante la inestabilidad de la red eléctrica en Puerto Rico, evidenciada por los recientes apagones que dejaron a más de un millón de personas sin electricidad y los apagones continuos en múltiples municipios del sur de la isla, la energía solar se torna en una solución cada vez más crítica. Proyectamos que 50,000 familias instalarán energía solar este año, pero si se devalúa, aun levemente, la crucial política de medición neta (vigente ininterrumpidamente en la isla desde creada por ley en 2007) esto resultaría en una reducción de al menos 30% en instalaciones solares, y solo 35,000 hogares adoptarán la energía solar este año. Mas alarmante aún: quienes se quedarían fuera cada año y sin protección contra apagones serán precisamente 15,000 familias de ingresos bajos y moderados”, aseguró PJ Wilson, presidente de SESA.

Wilson explicó, además, que cualquier devaluación de la medición neta también limitaría sustancialmente el beneficio a más de 50,000 familias de muy bajos ingresos que actualmente se proyecta recibirán sistemas solares y de baterías de muy bajo costo o gratuitos con varios fondos federales, incluyendo el Fondo de Resiliencia de Puerto Rico de $1 mil millones del DOE de Estados Unidos y los programas HUD CDBG-DR y CDBG-MIT.

“Es esencial mantener la política actual de medición neta para Puerto Rico. El Programa de Medición Neta garantiza el acceso equitativo a la energía solar, especialmente para los más vulnerables. No es el momento para promover cambios al Programa ni podemos permitir que se elimine. Ahora más que nunca, la gente lo necesita,” sostuvo Wilson.

“SESA hace un llamado al Gobernador para defender con firmeza la Ley 10 de Puerto Rico, que protege la crucial política de medición neta en la Isla al menos hasta 2031. Instamos al Gobernador a mantenerse firme en oposición a las amenazas de la Junta de Supervisión Fiscal para intentar anular esta ley crucial”, concluyó.

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Las autoridades investigan una muerte violenta ocurrida en horas de la madrugada del jueves en la zona de Santurce.

Según el informe de las autoridades, agentes del Negociado de la Policía, adscritos al precinto de Barrio Obrero, llegaron hasta la avenida Eduardo Conde, en Villa Palmeras en Santurce tras se alertados sobre un alegado accidente de tránsito. Sin embargo, en el interior del vehículo volcado se encontró el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala en su cuerpo.

A pesar de que el cuerpo del sujeto tenía heridas de bala, en la escena las autoridades no encontraron casquillos de bala. La Policía se encuentra realizando peticiones a negocios aledaños y a la Universidad del Sagrado Corazón (USC) para tener acceso a las cámaras de seguridad e investigar los hechos.

La víctima fue identificada como Víctor Juan Enríquez De Jesús de 44 años, quien trabajó como asesor legislativo e incluso tuvo aspiraciones políticas bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP). Además, trabajó en la emisora radial Caribe 1540 AM de la zona de Guayama.

Tras darse a conocer la noticia, el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, exigió a las autoridades que investiguen todos los ángulos del asesinato, ya que se trata de una persona perteneciente a la comunidad LGBTQ+.

Serrano fue enfático en que se trata de un incremento en suceso violentos contra personas de la comunidad LGBTQ+. Según indicó, se trata de cuatro asesinatos en el 2024 contra miembros de la comunidad.

“Este asesinato es el cuarto de una persona LGBTQ+ en lo que va del año. Esto es alarmante, por lo que pedimos tanto a la Policía como al FBI a que se investiguen todos los ángulos, incluyendo el de odio, por tratarse de un miembro de nuestras comunidades LGBTQ+. Sus protocolos exigen que así se investigue cada caso en contra de una persona LGBTQ+. Esperamos que cumplan con su deber y se haga justicia en este caso”, expresó Serrano.

“Este incremento en la violencia no se da en un vacío. Los grupos fundamentalistas, liderados por Proyecto Indignidad, nos han declarado la guerra. Su retórica, acompañada de sus acciones de odio, en contra de nuestra comunidad LGBTQ+ está incitando a la violencia en contra nuestra. Basta ya de demonizar a nuestra gente. Su odio tiene consecuencias fatales y reales en nuestras vidas. Basta ya”, añadió.

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