El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitió una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico para Puerto Rico y las islas cercanas.

Esto significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en unas 48 horas.

Según el boletín de las 5:00am, el potencial ciclón tropical cinco se encuentra en la latitud 14.4 grados norte, 52.5 oeste y se mueve a unas 25 mph al oeste. El sistema tiene vientos de 30 millas por hora.

Se espera que el sistema se convierta en tormenta tropical antes de o a medida que alcance las Islas de Sotavento, donde se emitió una vigilancia de tormenta tropical. Las condiciones de tormenta podrían comenzar desde el martes para esta zona.

Del mismo modo, el CNH indicó que las fuertes lluvias podrían ocasionar inundaciones repentinas en el área local, deslizamientos de tierra hasta el jueves en la noche en Puerto Rico.

Entretanto, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan indicó el sábado que, independientemente del desarrollo, se esperan períodos de fuertes lluvias en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con una alta probabilidad de observar inundaciones y deslizamientos de tierra, así como condiciones marinas peligrosas.

La temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre, alcanza su pico en agosto y septiembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó que la temporada de huracanes de 2024 será “muy superior a la media”, con entre 17 y 25 tormentas con nombre. Se prevén hasta 13 huracanes y cuatro huracanes de categoría tres o mayor.

¿Cómo prepararse para enfrentar un sistema atmosférico?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) recomienda que todas las personas posean un plan de emergencia que incluya rutas de evacuación, un punto de encuentro para la familia y la ubicación de refugios cercanos.

De la misma forma, la entidad exhorta a que las familias tengan un kit de emergencia con suministros de agua y alimentos no perecederos para al menos 72 horas, medicamentos, un botiquín de primeros auxilios, linternas, baterías adicionales y un radio de baterías o de manivela.

Asimismo, es esencial mantener documentos importantes a salvo en bolsas impermeables, incluyendo identificaciones, pólizas de seguro, información médica y registros bancarios.

Para proteger el hogar, FEMA sugiere la instalación de persianas de tormenta o paneles de madera para las ventanas, asegurando las puertas y el garaje, y revisando el techo para reforzar áreas vulnerables.

Otros consejos son:

• Mantener una lista de contactos de emergencia y comunicar los planes de evacuación a familiares y amigos.
• Incluir suministros para mascotas en el kit de emergencia e identificar refugios que acepten animales.
• Tener dinero en efectivo.
• Realizar prácticas preventivas como podar árboles y ramas que puedan caer sobre la casa y limpiar desagües y canales de lluvia.

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A medida que se acerca la fecha de regreso a clases, fijada para mañana martes, 13 de agosto, varias escuelas continúan en proceso de construcción y gremios magisteriales no anticipan que estén en condiciones óptimas al inicio de este semestre debido a retrasos en el proceso de renovación por parte del Departamento de Educación (DE).

Así lo detalló Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), quien además señaló que el organismo magisterial se encuentra en proceso de evaluar los planteles escolares.

“Hemos encontrado escuelas que sí están listas, hemos encontrado también escuelas que no están, escuelas que están bajo construcción y que van a iniciar niños en esas condiciones, que van a iniciar ahora, el próximo martes. Por ejemplo, en la escuela José Miguel Lugo de Ajuntas, que es un problema severo con el teatro escolar, con las infiltraciones de agua en el techo, que ha incidido en que se afecte, obviamente, el salón de agricultura, obviamente, el teatro, y eso ha generado que tengan problemas de apagones constantes, problemas de energía eléctrica, hongo”, expresó Martínez.

Según la líder magisterial, algunas escuelas aún tienen sus complejos deportivos afectados por el Huracán María, que cumplió siete años este pasado septiembre.

“Tienen los complejos deportivos de las escuelas inexistentes, afectando, sobre todo, a los estudiantes y a los procedentes del curso de educación física”.

Otra escuela mencionada por Martínez fue la escuela Alejandro Junior Cruz en Toa Alta, actualmente en proceso de reparación. La administración aguarda una decisión final sobre si los estudiantes iniciarán el nuevo año escolar de manera virtual, ya que el plantel no reúne las condiciones para recibirlos físicamente.

“A pesar de que hay unas aulas que ya están terminadas, tienen que pasar por la entrada principal, donde lo que hay es polvorín, tierra, bueno, todo, todo fruto de esta reparación”, informó.

Durante la evaluación de los planteles, Martínez identificó canchas llenas de excremento de palomas y, en la escuela Rexville Elemental en Bayamón, grietas que atraviesan las paredes, permitiendo incluso ver a través de ellas hacia el otro lado del plantel.

“Es importante que ahora tomen cartas en el asunto, lo dicen también los compañeros de la escuela Benigno Carrión en Cayey, que también están contruyendo en la escuela. Los compañeros de la Jesús M. Suárez de Carolina que también nos dicen que falta un maestro por nombrar y que falta las mesas y las sillas que les prometió el Departamento para remplazar los pupitres”.

El Departamento de Educación ha podido instalar nuevos aires acondicionados en las escuelas, pero la presidenta de la Federación destacó que no cuentan con la subestación necesaria para encenderlos.

“No hay una subestación que tolere la carga eléctrica, y así te puedo decir de muchas otras escuelas que estamos visitando directamente”, dijo.

Los bultos que salieron caros

Después de que se hizo público que se compraron 24 mil bultos con el nombre de la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, a un costo superior a los 240 mil dólares, Martínez calificó la situación como “muy lamentable”.

“Claro que los maestros merecen un bulto, los estudiantes también, pero no puede ser un bulto sobreprecio, no puede ser un bulto donde quien se vaya a beneficiar de la venta, sea donante de los partidos existentes en el país, tanto el PNP como el PPD, como ha salido a relucir, y que se haya utilizado el nombre de la secretaria para hacerse campaña, así mismo para nosotros parece más que lamentable, más que innecesario, precisamente acabando de hablar de lo que estamos viendo en las escuelas del país, que la prioridad del Departamento haya sido invertir en bultos sobreprecios para hacerse campaña a sí mismo, realmente es muy lamentable, es injustificable”, concluyó.

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Tras la solicitud de escoltas realizada por parte del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y el candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández, al Departamento de Seguridad Pública (DSP) para el periodo electoral, diversos expertos en el campo han expresado sus opiniones al respecto.

“Realmente, obviamente esto ayuda un poco a agilizar la cosa de ellos moverse a las diferentes actividades. Entiendo que no la tienen todo el tiempo, que solamente para algunas actividades, no justas en las 24 horas, es lo que tengo entendido. Pero he atacado el tema un par de veces, porque la realidad es que la información que tengo de la policía, esta unidad… Los efectivos son parte de ella, y estén cuidando a alguien o no, pues les pagan, por decirlo de cierta forma, ¿no? (…) haya quien cuidar o no, como quiera ellos están”, destacó el abogado y analista político, Eduardo López.

El DSP tiene que otorgar servicios de escolta o seguridad solamente a candidatos que aspiran a las posiciones de comisionado residente o gobernador, pero solo si es solicitado. Aunque no haya una solicitud, el personal aguarda su disponibilidad y es remunerado.

Asimismo, el abogado resaltó que “lo que pasa es que es la ley. La ley establece que a esas personas se les tiene que dar. Hay algunos que la rechazan, que no la utilizan. Hay algunos que la utilizan, como te digo, parcialmente. Pero más que nada, del elemento de seguridad, es para ellos poder moverse en las cosas de campaña”.

López, aunque destacó que el servicio a escolta está garantizado por ley, no conoce de alguna amenaza que los Populares podrían enfrentar durante el periodo electoral.

Por su parte, el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio identificó que se debe ejecutar un análisis para así identificar la necesidad de los candidatos por el servicio.

“Hay una oficina específicamente que lleva a cabo un estudio en lo que es algo que se llama un análisis de reto. Y de acuerdo a ese análisis, pues entonces se le brindan o no se le brindan las escoltas. En este caso, pues es bien raro ver porque, por lo menos en el tiempo en que yo estaba, el servicio era limitado solamente para personas corriendo para gobernador. Entiendo yo que han visto algo que normalmente no se ve en Puerto Rico. Obviamente en Puerto Rico tenemos un nivel de criminalidad bastante alto”, indicó Claudio.

Para el exmonitor, el punto clave para analizar son los retos que presentan estos candidatos.

“Tiene que haber un estudio y un análisis donde el reto que representa ese candidato en la sociedad, en el ambiente que está desplegado. Yo, por lo menos, no he oído de ningún reto específico a alguno de esos candidatos, al menos que, obviamente, no se haya dicho”, concluyó.

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Tras la solicitud de escoltas realizada por parte del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y el candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández, al Departamento de Seguridad Pública (DSP) para el periodo electoral, diversos expertos en el campo han expresado sus opiniones al respecto.

“Realmente, obviamente esto ayuda un poco a agilizar la cosa de ellos moverse a las diferentes actividades. Entiendo que no la tienen todo el tiempo, que solamente para algunas actividades, no justas en las 24 horas, es lo que tengo entendido. Pero he atacado el tema un par de veces, porque la realidad es que la información que tengo de la policía, esta unidad… Los efectivos son parte de ella, y estén cuidando a alguien o no, pues les pagan, por decirlo de cierta forma, ¿no? (…) haya quien cuidar o no, como quiera ellos están”, destacó el abogado y analista político, Eduardo López.

El DSP tiene que otorgar servicios de escolta o seguridad solamente a candidatos que corren para comisionado residente o gobernador, pero solo si es solicitado. Aunque no haya una solicitud, el personal aguarda su disponibilidad y es remunerado.

Asimismo, el abogado resaltó que “lo que pasa es que es la ley. La ley establece que a esas personas se les tiene que dar. Hay algunos que la rechazan, que no la utilizan. Hay algunos que la utilizan, como te digo, parcialmente. Pero más que nada, del elemento de seguridad, es para ellos poder moverse en las cosas de campaña”.

López, aunque destacó que el servicio a escolta está garantizado por ley, no conoce de alguna amenaza que los Populares podrían enfrentar durante el periodo eleccionario.

Por su parte, el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio identificó que se debe ejecutar un análisis para así identificar la necesidad de los candidatos por el servicio.

“Hay una oficina específicamente que lleva a cabo un estudio en lo que es algo que se llama un análisis de reto. Y de acuerdo a ese análisis, pues entonces se le brindan o no se le brindan las escoltas. En este caso, pues es bien raro ver porque, por lo menos en el tiempo en que yo estaba, el servicio era limitado solamente para personas corriendo para gobernador. Entiendo yo que han visto algo que normalmente no se ve en Puerto Rico. Obviamente en Puerto Rico tenemos un nivel de criminalidad bastante alto”, indicó Claudio.

Para el exmonitor, el punto clave para analizar son los retos que presentan estos candidatos.

“Tiene que haber un estudio y un análisis donde el reto que representa ese candidato en la sociedad, en el ambiente que está desplegado. Yo, por lo menos, no he oído de ningún reto específico a alguno de esos candidatos, al menos que, obviamente, no se haya dicho”, concluyó.

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A medida que se acerca la fecha de regreso a clases, fijada para mañana martes, 13 de agosto, varias escuelas continúan en proceso de construcción y gremios magisteriales no anticipan que estén en condiciones óptimas al inicio de este semestre debido a retrasos en el proceso de renovación por parte del Departamento de Educación (DE).

Así lo detalló Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, quien además informó que el organismo magisterial se encuentra en proceso de evaluar los planteles escolares.

“Hemos encontrado escuelas que sí están listas, hemos encontrado también escuelas que no están, escuelas que están bajo construcción y que van a iniciar niños en esas condiciones, que van a iniciar ahora, el próximo martes. Por ejemplo, en la escuela José Miguel Lugo de Ajuntas, que es un problema severo con el teatro escolar, con las infiltraciones de agua en el techo, que ha incidido en que se afecte, obviamente, el salón de agricultura, obviamente, el teatro, y eso ha generado que tengan problemas de apagones constantes, problemas de energía eléctrica, hongo”, expresó Martínez.

Según la líder magisterial, algunas escuelas aún tienen sus complejos deportivos afectados por el Huracán María, que cumplió siete años este pasado septiembre.

“Tienen los complejos deportivos de las escuelas inexistentes, afectando, sobre todo, a los estudiantes y a los procedentes del curso de educación física”.

Otra escuela mencionada por Martínez fue la escuela Alejandro Junior Cruz en Toa Alta, actualmente en proceso de reparación. La administración aguarda una decisión final sobre si los estudiantes iniciarán el nuevo año escolar de manera virtual, ya que el plantel no reúne las condiciones para recibirlos físicamente.

“A pesar de que hay unas aulas que ya están terminadas, tienen que pasar por la entrada principal, donde lo que hay es polvorín, tierra, bueno, todo, todo fruto de esta reparación”, informó.

Durante la evaluación de los planteles, Martínez identificó canchas llenas de excremento de palomas y, en la escuela Rexville Elemental en Bayamón, grietas que atraviesan las paredes, permitiendo incluso ver a través de ellas hacia el otro lado del plantel.

“Es importante que ahora tomen cartas en el asunto, lo dicen también los compañeros de la escuela Benigno Carrión en Cayey, que también están contruyendo en la escuela. Los compañeros de la Jesús M. Suárez de Carolina que también nos dicen que falta un maestro por nombrar y que falta las mesas y las sillas que les prometió el Departamento para remplazar los pupitres”.

El Departamento de Educación ha podido instalar nuevos aires acondicionados en las escuelas, pero la presidenta de la Federación destacó que no cuentan con la subestación necesaria para encenderlos.

“No hay una subestación que tolere la carga eléctrica, y así te puedo decir de muchas otras escuelas que estamos visitando directamente”, dijo.

Los bultos que salieron caros

Después de que se hizo público que se compraron 24 mil bultos con el nombre de la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, a un costo superior a los 240 mil dólares, Martínez calificó la situación como “muy lamentable”.

“Claro que los maestros merecen un bulto, los estudiantes también, pero no puede ser un bulto sobreprecio, no puede ser un bulto donde quien se vaya a beneficiar de la venta, sea donante de los partidos existentes en el país, tanto el PNP como el PPD, como ha salido a relucir, y que se haya utilizado el nombre de la secretaria para hacerse campaña, así mismo para nosotros parece más que lamentable, más que innecesario, precisamente acabando de hablar de lo que estamos viendo en las escuelas del país, que la prioridad del Departamento haya sido invertir en bultos sobreprecios para hacerse campaña a sí mismo, realmente es muy lamentable, es injustificable”, concluyó.

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La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) acudió al tribunal para reclamar incumplimientos sobre las tarifas a los proveedores de remedios provisionales para los estudiantes de educación especial, fijadas por el Departamento de Educación (DE) desde 2015.

La acción se realizó mediante una petición de intervención en el longevo caso de Rosa Lydia Vélez. El organismo lleva más de un año reclamando tarifas justas para los servicios de remedio provisional a los estudiantes de educación especial.

Al plantear su legitimación activa para intervenir en el pleito, la APPSSRE expuso que sus miembros prestan servicios de terapias relacionadas a aspectos de salud y desarrollo a estudiantes de educación especial bajo la Unidad de Remedio Provisional del Departamento de Educación (URP) como parte del cumplimiento con las estipulaciones del caso Rosa Lydia Vélez en las áreas ocupacional, física, habla y lenguaje, educativa, acuática, psicológica, audiológica, visual y en optometría.

Sostuvieron en su recurso legal que las acciones y omisiones del DE han tenido el efecto consistente de mantener desprovistos de servicios necesarios a un número sustancial de niños elegibles bajo las leyes y reglamentos.

En su súplica al tribunal, la APPSSRE plantó que las tarifas que paga el DE a los proveedores de servicios bajo remedio provisional “se han mantenido casi absolutamente estancadas desde el año 2015, sin que con el paso de los años se hayan considerado ajustes razonables por el efecto inflacionario acumulado de nuestra economía, y sin que se hayan utilizado para mejorarlas los fondos asignados para las emergencias (tormentas, terremotos y pandemia) destinados a servicios a los niños, entre otros, lo que ha resultado en remuneración inferior al promedio de los honorarios cobrados por especialistas que prestan servicios de terapias a otras agencias del gobierno de PR, o a través de instituciones educativas que contratan con el DE”.

Estimaron la depreciación en el valor de lo que se paga por sus servicios en un 30 % desde hace casi una década.

“Es imperativo que este Honorable Tribunal intervenga y escuche a las partes de este histórico caso, así como a los comparecientes, para no continuar dejando al arbitrio del DE mantener virtualmente estancados por debajo del justo valor en el mercado el pago por servicios a los niños de educación especial elegibles a Remedio Provisional”, esbozó el organismo mediante su representación legal.

La organización ha realizado desde el año pasado manifestaciones y comunicaciones por sus reclamos, pero no se ha resuelto el asunto.

La presidenta de la APPSSRE, Ruth Concepción explicó que a través de la petición de intervención ante la jueza a cargo del pleito Rosa Lydia Vélez buscan justicia tarifaria que apoye la rentabilidad de sus corporaciones lo que simultáneamente señala que redundaría en un aumento en la oferta, calidad y estabilidad de los servicios a los estudiantes del programa de Educación Especial.

Concepción alegó que el gobierno ha delegado sobre los Proveedores la responsabilidad de garantizar los servicios durante la pandemia al no dar acceso a las ayudas federales destinadas a la continuidad de estos servicios. “Mientras todavía estamos recibiendo el impacto económico de la pandemia, de la inflación y otros, el DE ha operado bajo una bonanza nunca vista y ha utilizado fondos especiales de la pandemia para subvencionar servicios obligados y recurrentes no presupuestados en el Fondo General. De otra parte, de manera contradictoria y cuestionable, el gobierno ha defendido y está avalando contrataciones y gastos dentro del DE que desangran el presupuesto las cuales tienen poca o ninguna relevancia para la razón de ser del DE, los estudiantes”, dijo Concepción a Metro.

En cuanto al inicio del nuevo año escolar, la presidenta de la APPSSRE dijo que no tienen grandes expectativas. “Anticipamos que el DE continuará con su cultura de violaciones de derecho hacia los estudiantes del programa de Educación Especial, donde cada vez más se superarán en su capacidad para sistematizar la obstaculización del acceso de los servicios y demostrar un falso cumplimiento con sus obligaciones para con una población tan vulnerable.

Escucharemos durante las primeras dos semanas un DE justificando y/o minimizando su incapacidad para otorgar a los estudiantes un inicio de año escolar digno y distinto a como concluyó”, señaló.

Concepción lamentó que algunos políticos se fijen de manera momentánea en las situaciones del DE. Agregó que estos son también responsables de la crisis que impera en el DE. “Mientras prevalezca la impunidad ante las violaciones de derechos de los estudiantes de educación especial y se continue normalizando el uso de los fondos del DE para contrataciones que benefician a todos menos a los estudiantes, la población que servimos y sus familias continuarán sufriendo el peor de los maltratos institucionales que pueda existir”, lamentó.

El reto de educación especial

La semana pasada, la secretaria del DE, Yanira Raíces, reconoció en entrevista con Metro Puerto Rico el reto de recursos para la corriente de Educación Especial. Específicamente, se refirió a la contratación de maestros con especialidad en niños con autismo. Algo que igualmente fue reconocido por el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, quien hizo un llamado a las escuelas de pedagogía sobre la necesidad de formar más maestros especializados en esta población.

Sobre los T1, que trabajan asistiendo a los estudiantes de educación especial, Raíces dijo que estaban en un 85 % de reclutamiento.

“Educación Especial siempre es un reto”, dijo Raíces la semana pasada.

Caso Rosa Lydia Vélez

El pleito que lleva más de cuatro décadas, nació en el 1980 cuando Rosa Lydia Vélez demandó al DE porque no le brindaba los servicios educativos que necesitaba su hija, Isamar Malaret, quien nació con perlesía cerebral. En el 1981, el pleito se certificó como una demanda de clase que afectaba a todos los estudiantes de la corriente de educación especial.

Poco más de dos décadas más tarde, en el año 2002 el Tribunal ordenó al DE a informar cada año el cumplimiento de acciones relacionadas con la provisión de los servicios a los integrantes de la clase. El incumplimiento de esta orden representaba multas diarias de miles de dólares. Sin embargo, en octubre del año pasado el DE se anotó una victoria cuando se eliminó la vigilancia directa de 11 estipulaciones.

En ese momento, tanto los padres como estudiosos del proceso levantaron bandera sobre las repercusiones de menguar la vigilancia al DE sobre los servicios que deben brindar a la comunidad de estudiantes de educación especial.

Puerto Rico cuenta con sobre 80,000 estudiantes en la corriente de educación especial.

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