CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada asegura que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, un hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien le convocó a una reunión en la que supuestamente estaría otro líder del cártel y el gobernador del estado pero donde, en cambio, fue secuestrado y llevado a Estados Unidos contra su voluntad, según una carta divulgada el sábado por su abogado.

En el escrito de dos páginas, mecanografiado y sin rúbrica hecho público por Frank Pérez, Zambada afirma que fue golpeado, maniatado y encapuchado antes de que ser subido a un avión privado que le llevaría a territorio estadounidense donde fue entregado a las autoridades mientras que Guzmán López se rendía.

Además de los pormenores de ese 25 de julio que acabó con los dos narcotraficantes arrestados en Texas, la carta del histórico capo de 76 años de edad deja entrever el tipo de relación que tenía con las autoridades de Sinaloa, en el noroccidente de México, ya que, según su versión, acudió a la cita para “ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos” del estado. Además, afirmó que entre su personal de seguridad estaba un comandante de la policía judicial sinaloense.

La misiva se hizo pública un día después de que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijera que Guzmán López entregó a Zambada en una operación en la que el gobierno de Estados Unidos no había participado, disipando así los rumores de que “El Mayo”, con problemas de salud, pudiera haberse entregado.

Según “El Mayo”, actualmente encarcelado y acusado en cortes estadounidenses de diversos cargos por narcotráfico, él fue citado a una reunión por Guzmán López en la que participaría también Iván Guzmán, otro hijo de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otro exparlamentario de ese estado.

Cuando llegó al lugar de la reunión, un centro de eventos de las afueras de Culiacán, la capital sinaloense, Zambada afirma que había “un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes” que asumió eran pistoleros de los hijos de “El Chapo”, una facción rival del cártel conocida como “Los Chapitos” pero con la que, según los expertos, El Mayo mantenía interlocución.

Zambada dice que saludó al exdiputado, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día, y que luego vio a Guzmán López —”a quien conozco desde chico”— pero la carta no menciona que hubiera visto al gobernador, del partido Morena, el mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rubén Rocha, en declaraciones a medios locales tras los arrestos, dijo que ese día había salido de Sinaloa y estaba en Los Ángeles. Su oficina no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentario.

El presidente mexicano, que tenía previsto este sábado una acto en Sinaloa, dijo que esperaría a hacer comentarios hasta después de escuchar al gobernador.

Zambada dice que, “confiando en la naturaleza de la reunión y de la gente involucrada”, siguió a Guzmán López a una habitación que estaba obscura. Ahí, “me tiraron al suelo, me colocaron una capucha oscura en la cabeza, me ataron y me esposaron”. Según su versión, le provocaron “heridas significativas” en la espalda, rodillas y muñecas.

Después, continúa la carta, le echaron en la parte trasera de una camioneta donde fue llevado hasta una pista de aterrizaje a unos 20 minutos de distancia para meterlo en un avión rumbo a Texas en el que solo estaba él, el piloto y Guzmán López.

“El Mayo” Zambada, el capo mexicano más viejo y astuto, eludió a las autoridades durante décadas, nunca hasta ahora había pisado una cárcel y era conocido por su poder corruptor y su habilidad negociadora con todo el mundo, incluidos grupos contrarios, con lo que todos los expertos ya pronosticaban que, una vez detenido, pudiera comenzar a fluir información de sus contactos con todo tipo de autoridades.

No obstante, suena cuando menos extraño que fuera a mediar en una disputa política entre el gobernador y el exdiputado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, había dicho el viernes que Zambada llegó a Texas “contra su voluntad”, entregado por Guzmán López, en lo que calificó como “una operación entre los cárteles” en la que el gobierno de su país no participó de ninguna manera, aunque Guzmán López sí había barajado en varias ocasiones su entrega con autoridades estadounidenses.

“No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, aseguró Salazar.

El diplomático señaló que el avión se supone despegó de Sinaloa y que el piloto ni era empleado de su gobierno ni era ciudadano estadounidense.

En la carta, Zambada asegura que Héctor Melesio Cuén, un político que también fue alcalde de Culiacán y rector de la Universidad de Sinaloa, fue asesinado en el mismo recinto y al mismo tiempo que él fue secuestrado. Las autoridades del estado habían informado que su homicidio ocurrió en otro lugar cuando desconocidos intentaron robar su camioneta.

Zambada está acusado de varios cargos, incluido el de asociación delictiva para fabricar y distribuir fentanilo.

Las autoridades consideran que “El Mayo” estaba más involucrado en las operaciones cotidianas del cártel que quien fuera su jefe más conocido, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019.

Vanda Felbab-Brown, investigadora de un centro de estudio de la Brookings Institution, recordó tras la detención que Zambada es considerado el narcotraficante más influyente porque “ha desarrollado extensas redes de corrupción durante muchos gobiernos, a lo largo de una amplia geografía y de lo más alto del gobierno mexicano a las instituciones municipales”.

En su carta, este narcotraficante considerado por los expertos como un capo mucho menos sanguinario que “Los Chapitos”, llamó a la gente de Sinaloa a “contenerse y mantener la paz”.

“Nada puede resolverse con violencia. Hemos ido por ese camino antes y todo el mundo pierde”, agrega uno de los líderes de la organización criminal considerada como una de más violentas y poderosas del mundo.

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CARACAS (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó el sábado que, una vez culminada la fase de recolección material probatorio, se inicia el peritaje formal a los resultados electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio, solicitado por el presidente Nicolás Maduro, un recurso que ha sido cuestionado por observadores extranjeros que dudan de la independencia del organismo.

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en una rueda de prensa que tras la comparecencia de los actores convocados y “recolectados los instrumentos electorales”, los magistrados de la sala electoral “se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y/o digital”.

El Tribunal Supremo tramita un recurso contencioso electoral presentado por Maduro sobre los resultados oficiales que son cuestionados por la oposición, que sostiene que triunfó el candidato unitario, Edmundo González Urrutia, mientras el oficialismo acusa a la coalición de querer desconocer su victoria decretada por la autoridad electoral.

Aunque en esta ocasión Rodríguez no mencionó el tiempo que llevará la etapa de evaluación, el 5 de agosto dijo que la sala “inicia peritaje del material consignado por un lapso de hasta 15 días prorrogables”. La sentencia que se emita tendrá carácter de cosa juzgada y ser inapelable y de “obligatorio acatamiento”, señaló.

El Centro Carter, que fue invitado por el organismo electoral venezolano a observar los comicios del 28 de julio en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, había cuestionado la independencia del eventual análisis del tribunal. Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo en entrevista telefónica con The Associated Press que “no es una evaluación independiente”.

El Centro Carter aseguró anteriormente que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela y señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la difusión de los resultados.

Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González 5,3 millones, aunque hasta el momento no ha hecho públicas las actas del escrutinio pese a las exigencias de la comunidad internacional. Mientras que la oposición afirma haber recopilado el 83% de las actas que señalan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.

Rodríguez dejó constancia que, de los 10 candidatos convocados a la instancia judicial, y otros 38 representantes políticos, el postulante de la oposición, González Urrutia, no acudió al llamado por lo que “no cumplió con la orden de citación desacatando con su inacción el mandato de ésta”. No se refirió a las posibles consecuencias de ello.

La titular del Tribunal Supremo agregó que González Urrutia no consignó las actas de escrutinio, listado de testigos y material alguno, y que si bien los representantes de los tres partidos que lo postularon atendieron la cita del Tribunal, tampoco aportaron material electoral alguno que pudiera ser evaluado como prueba de sus denuncias de irregularidades en los resultados de los comicios.

“No les quepa la menor duda que impartiremos justicia”, atendiendo a la Constitución y las leyes vigentes, dijo la magistrada.

Maduro compareció la víspera ante ese tribunal y dijo que respondió el interrogatorio que se le hizo “de manera legal”.

María Corina Machado, líder de la oposición, aseguró el sábado en su red social X que “nosotros ganamos, todos lo saben y tenemos las actas para demostrarlo”.

La coalición opositora ha expresado también su desconfianza en la acción del Tribunal Supremo al que considera cercano al régimen.

Venezuela quedó sumida en una crisis postelectoral tras las elecciones presidenciales que se reflejó en protestas callejeras. Las fuerzas del orden del país sudamericano han detenidos a miles de ciudadanos a los que la Fiscalía acusa de propiciar actos violentos y “terroristas”.

La comunidad internacional y organismos de defensa de los derechos humanos han condenado y solicitado la libertad de los detenidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas pidió la víspera, a través de su portavoz, Liz Throssell, la liberación de los apresados “arbitrariamente de inmediato”, y reitero el derecho de todas las personas a protestar pacíficamente y expresar su pensamiento “libremente y sin miedo”.

El canciller colombiano, Luis Murillo, afirmó el sábado en declaraciones a la radio W Radio, que los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, y de México, Manuel López Obrador, con su par venezolano, Nicolás Maduro, mantendrán la próxima semana una reunión virtual, como parte de una gestión diplomática para superar la crisis.

Murillo precisó que se trata de una primera conversación y que, de aceptarse una “mediación”, se tendrá que dialogar con todos los actores. La posición del grupo que realiza la “gestión diplomática, dijo, es “que se disipe cualquier duda, que se avance en poder tener los niveles de garantías y credibilidad en este proceso”.

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