La tarde del miércoles, la fiscalía general venezolana anunció la apertura de una nueva investigación penal por la publicación de un sitio web difundido por actores de la oposición, en el que dieron a conocer las actas electorales que muestran que su candidato Edmundo González obtuvo significativamente más votos en los comicios del 28 de julio.
La investigación penal se inicia por la publicación en una página web denominada http://resultadosconvzla.com/, donde “de forma notoria y comunicacional se publican presuntos documentos forjados o falsificados con los que se pretende usurpar ilegalmente funciones del CNE, causando la difusión de esta falsa información zozobra” en el país, dice un comunicado difundido por el fiscal general, Tarek William Saab a través de su cuenta de X, antes Twitter.
Los responsables de la publicación y página serán investigados por la comisión de los presuntos delitos de “instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”, dice el documento.
En un principio la oposición divulgó copias de las actas escaneadas a través de un link. Pero el viernes pasado, tras varios días de ataques de Maduro y sus aliados contra González y Machado, dio acceso público a las bases de datos directamente vía Internet.
El anuncio de la fiscalía se hace el mismo día en que el candidato opositor Edmundo González debía acudir a la citación del Tribunal Supremo de Justicia que abrió un proceso solicitado por el presidente Nicolás Maduro para que realice un peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria al mandatario en medio de reclamos por falta de transparencia de los comicios y presiones internacionales.
Los representantes de los tres partidos que lo postularon, sin embargo, sí atendieron la citación y exigieron la publicación de los resultados oficiales aún pendientes, como dicta la ley.
La ausencia de González, un exdiplomático de 74 años, había sido confirmada previamente por su comando de campaña a The Associated Press.
“Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no sólo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio” en las elecciones, indicó González en un comunicado divulgado en las redes sociales.
González y la líder opositora María Corina Machado —quien se erigió como el motor de su candidatura tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicas justo después de anunciar su intención de participar en los comicios— se mantienen a resguardo desde la semana pasada. Mientras González no ha sido visto en público desde entonces, el sábado Machado se sumó a una manifestación en Caracas para apoyar a González, que asegura que ganó la elección.
Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años y fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) —un organismo colegiado de mayoría oficialista— sin que el detalle de los votos estuviera públicamente disponible, ha dicho que está dispuesto a mostrar la totalidad de las actas de escrutinio. La oposición, en tanto, afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González ganó.
González figuraba entre los primeros en la lista para acudir el miércoles al máximo tribunal entre otros dirigentes opositores.
“La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y ‘certificar’ unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, insistió el exdiplomático.
No está claro si González podría enfrentar consecuencias legales por su decisión de no presentarse a la audiencia.
La magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Electoral, advirtió el lunes en una audiencia televisada que la no comparecencia ante esa instancia legal acarreará consecuencias correspondientes previstas en la ley, sin dar detalles.
Los representantes de los tres partidos que postularon a González como candidato unitario Manuel Rosales, José Luis Cartaya y José Simón Calzadilla, atendieron la citación del Tribunal.
“Enfrentamos por separado un exhaustivo interrogatorio” sobre del proceso electoral, dijo a la prensa Rosales, gobernador del estado Zulia, resaltando que acudió personalmente, mientras González hizo uso de la “vía epistolar”.
“Todos nosotros estamos reclamando respeto al voto… y los resultados electorales”, agregó Rosales.
Por su parte, Calzadilla comentó que “salimos de este alto tribunal con más dudas que cuando llegamos y no se nos aclaró qué estábamos haciendo ni en qué consistía esta interpelación por parte de los magistrados”.
Catalogó como “irregular” el proceso y afirmó que las instituciones deben “ponerse al servicio de la trasparencia y exigirle al CNE que acate las disposiciones de la ley electoral, que indican que en “un plazo de 48 horas debería concluir el proceso de totalización (de los votos) con la debida tabulación mesa por mesa”.
El anuncio de que el Tribunal Supremo —donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas— realizaría una auditoría de los comicios inmediatamente generó críticas.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch también han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela.
Tres días después de los comicios, Maduro pidió al máximo tribunal que realizase el “peritaje de los resultados” y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del CNE el día de la votación.
A la par de las acusaciones de fraude en Venezuela, la presión internacional para que el gobierno venezolano y el organismo electoral, controlado por el gobierno, transparente los resultados se ha acrecentado.
Varios líderes de la región, incluidos sus aliados el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, han instado a que se publique el desglose completo de los resultados electorales.
Los críticos del mandatario, entre ellos Machado, han dicho que en lugar de acudir al Tribunal Supremo lo que correspondía era exigir “transparencia” al CNE en la difusión de los datos completos de la votación, mesa por mesa.
Por su parte, el Fiscal General Tarek William Saab informó el lunes que se abrió un proceso penal contra González y Machado por su “abierta incitación” a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes, de acuerdo con la Fiscalía.
Desde la semana pasada Maduro y sus aliados han exigido que se aplique la justicia a los dos opositores a los que acusaron de promover las protestas ocurridas en distintas regiones luego de que el organismo electoral proclamó la reelección del mandatario.
El Ministerio Público informó de la decisión luego de que Machado y González urgieron a los militares a “impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones”.
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