El gobernador Pedro Pierluisi señaló el martes que evidentemente una persona fue responsable de echarle agua al tanque de combustible de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que se encuentra en una controversia obrero-patronal.

“Se refirió el asunto al CIC como debe ser, porque es obvio también para cualquiera que cientos de galones de agua en un tanque, obviamente eso no llegó ahí por lluvia y eso es obvio. Eso es obvio que ahí hubo una intervención indebida y por eso tiene que investigarse. Yo no sé quién lo hizo, pero es obvio. Y por cierto, me consta que también se ha confirmado ya que el agua no era agua de lluvia, era agua con cloro. O sea que es obvio que ahí ha habido una intervención indebida y que se tiene que investigar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia no quiso utilizar la palabra sabotaje.

“Bueno, porque yo no quiero imputarle a nadie nada en este momento dado, hasta que la policía pues concluya su investigación. Tengo que ser cuidadoso en eso” añadió.

“Ahí hay un conflicto laboral desafortunado, porque es importante que el personal de la AMA pues esté trabajando 24/7 siete en este asunto, incluyendo horas extras. Me consta que durante el fin de semana se estuvo trabajando para precisamente verificar que las guaguas pudieran operar, porque si tienen agua en sus tanques de combustible pudieran sufrir un daño irreparable. Así que la AMA está actuando responsablemente en lo que está haciendo”, sostuvo el gobernador.

El gobernador participó de la apertura del balneario Punta Salinas de Toa Baja, que ahora administra el municipio. A preguntas del incidente reportado en el Balneario Punta Santiago de Humacao, en el cual se acusa de dañar parte de la estructura abandonada con material pesado, Pierluisi Urrutia explicó que la administración municipal no quiso entrar en acuerdo con el gobierno para administrar las facilidades. Por lo tanto, cualquier trabajo que quieran realizar en el área tiene que coordinarse con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Cuando me hablas de Humacao, yo prometí antes de ser gobernador que lo iba a traspasar, le iba a pasar la administración al municipio de Humacao. Se le hizo el ofrecimiento al alcalde, pero él declinó. Se le hizo el ofrecimiento al alcalde, pero él declinó. Hubo negociaciones, se le entregó un proyecto de contrato de coadministración. Esto fue en algún momento el año pasado, y él decidió, y eso se respeta, que no estaba en posición de firmar el contrato. De todas maneras, el Departamento de Recursos Naturales ha estado coordinando con el municipio los trabajos que se tienen que llevar allí, entre otras cosas, para atender el emposamiento de agua que hay en esas facilidades. Y, por ejemplo, algo que se estaba discutiendo era el depósito de arena para, pues realmente que no hayan esa concentración de agua emposada que puede generar dengue, puede propiciar el dengue. Y estamos con una epidemia de dengue ahora mismo en Puerto Rico. Así que aquí el llamado es a trabajar coordinadamente. Es importante que esa comunicación se dé. A mí me consta, o me lo han informado, que el personal del municipio ha estado en comunicación con personal del Departamento de Recursos Naturales. Eso ocurre. Quizás la comunicación entre el alcalde y la secretaria no fue la mejor en épocas recientes, pero lo importante aquí es que sí que se atienda la situación. Pero eso sí, se tiene que hacer en equipo, se tiene que hacer de forma colaborativa, de forma coordinada”, mencionó.

Según el gobernador, mientras no se firme el acuerdo de administración, cualquier trabajo que se vaya a realizar en el lugar tiene que coordinarse con el Departamento Recursos Naturales.

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Los empleados de comedores escolares del Departamento de Educación convocaron a una manifestación para exigir aumento salarial y que se les hagan pagos que alegan están atrasados por parte de la agencia encargada del sistema público de enseñanza.

La manifestación será el viernes 9 de agosto frente a la sede del Departamento de Educación, desde las 2:00 de la tarde.

“Nos están diciendo desde hace muchos meses que están trabajando un plan de clasificación y retribución, pero no vemos que para ellos sea urgente y de prioridad. Los empleados llevan años con sueldos bajos y sin recibir un aumento salarial digno que les ha impedido poder sobrellevar el alto costo de vida y cumplir con sus obligaciones”, expresó Nelly Ayala, presidenta de la Unión de Comedores Escolares, en declaraciones escritas.

El detonante de la manifestación es el rechazo de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Ley 41-2024, firmada el 18 de enero de 2024 por el gobernador, que elevaba el salario base de los empleados a 12 dólares la hora. Actualmente, muchos empleados ganan 8.66 dólares la hora, y la nueva ley hubiera beneficiado a una gran cantidad de trabajadores.

Además, los empleados están molestos por no recibir el pago de las horas trabajadas durante el evento atmosférico Fiona. Por más de 20 años, el Departamento de Educación ha pagado a razón de 1.5% las horas trabajadas conforme lo establece el convenio. Sin embargo, una nueva interpretación de la Oficina del Inspector General (OIG) indica que el pago es incorrecto. “Esto me indigna muchísimo porque los empleados de comedores son de los primeros en ser convocados a trabajar para alimentar al pueblo durante y después de las emergencias y no los consideran primeros respondedores ni les pagan rápido y correctamente”, añadió Ayala.

La negociación del convenio colectivo, que lleva casi tres años, también es una fuente de frustración. Aunque se ha acordado más de una tercera parte de los artículos propuestos, aún quedan pendientes los artículos económicos como salario, plan médico y bono. “Luego de culminar y llegar a un acuerdo final, el convenio debe ser presentado a la JCF para su aprobación final, lo que crea mayor retraso para la tan esperada justicia a los trabajadores de comedores”, concluyó Ayala.

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La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe donde reveló que el Municipio de Isabela y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) realizaron dos acuerdos interagenciales que se registraron hasta 13 meses después de ser formalizados.

El Informe revela que los acuerdos interagenciales y una enmienda por $52,800, entre el municipio y el DCR, se registraron en la Oficina del Contralor hasta 13 meses después de formalizados. Estos acuerdos para pagar diferenciales de sueldos a empleados en destaque, se remitieron a la Oficina en el 2023, luego que los auditores solicitaron la información como parte de la auditoría. Según el informe del Contralor, esta situación tiene el efecto de que documentos públicos no estuvieron accesibles a la ciudadanía en el tiempo requerido.

La auditoría de tres hallazgos señala que al 11 de mayo de 2022, no se habían preparado las conciliaciones bancarias de dos cuentas especiales que el Municipio abrió en enero y febrero de 2021. Por reglamentación, las conciliaciones bancarias se tienen que preparar todos los meses. Esta deficiencia no le permite al Municipio contar con información actualizada, completa y confiable sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones.

El Municipio de Isabela, cuyo alcalde es Miguel E. Méndez Pérez remitió 16 registros del Informe Mensual de Nóminas y Puestos del 2021 y 2022, a la Oficina del Contralor hasta once meses más tarde. La ley, la reglamentación vigente y once cartas circulares, disponen entre otras, que la entidad tiene hasta 30 días consecutivos, finalizado el mes, para enviar este informe. Se indicó que el hecho de no estar al día con el envío de los informes mensuales, “propicia la falta de transparencia y confianza en el Municipio”.

El presupuesto de Isabela ascendió a $12,574,756, $12,598,876, $12,923,693 y $16,123,255, del 2019 al 2022 respectivamente. El Municipio tenía preparados sus estados financieros, que reflejaron superávits acumulados por $35,114,667, $35,075,447 y $35,482,345, del 2019 al 2021, respectivamente.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Isabela cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este primer informe de Isabela, cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2022.

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