Una mujer de 31 años residente del municipio de Orocovis fue ingresada en prisión este sábado por maltrato a personas de edad avanzada y obstrucción a la autoridad pública, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Se trata de Angela M. Torres Burgos, quien presuntamente agredió con las manos a sus padres en diferentes partes del cuerpo, causó daños a la residencia de estos y se resistió al arresto.

La agente investigadora Vivian Camacho, consultó el caso con la fiscal Nailymar Arroyo, quien instruyó la radicación.

La prueba se presentó ante la juez Natali Hernández Diaz, del Tribunal de Aibonito, quien luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $80mil, la cual no prestó, siendo esta ingresada al Complejo Penitenciario de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.

Arrestan a hombre en Juana Díaz por maltrato y portación de arma blanca

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Especiales del área de Ponce, arrestaron a Enrique Torres Rosado, de 45 años y residente de Juana Díaz, por violaciones a la Ley 54 y portación de armas blancas.

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2026, cuando Torres Rosado utilizó fuerza física contra su ex pareja consensual. Durante el incidente, el sujeto también rompió dos televisores, un abanico, un celular marca Samsung y otros dispositivos móviles.

La agente Carmen G. Colón Ortiz, de la División de Arrestos de Ponce, diligenció la orden de arresto y la presentó ante el juez Carlos J. Capo Hernández del Tribunal de Ponce. El juez ordenó el ingreso de Torres Rosado al Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, tras no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó pautada para el 10 de febrero de 2026.

Carolina del Sur registra ya el brote de sarampión más grave en Estados Unidos en los últimos 25 años, tras confirmar 874 casos desde octubre, superando el brote ocurrido en Texas el año pasado, que dejó 762 contagios y dos muertes infantiles.

Según datos divulgados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el estado ha reportado 58 nuevos casos en solo tres días, mientras que 222 contagios corresponden a niños menores de cinco años, uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad altamente contagiosa.

A nivel nacional, los CDC contabilizan 588 casos de sarampión en lo que va de 2026, una cifra inferior a los 2,267 casos reportados durante todo 2025, aunque el brote concentrado en Carolina del Sur ha encendido alertas sanitarias. Al menos 18 personas han sido hospitalizadas por complicaciones relacionadas con la enfermedad, aunque hasta el momento no se han confirmado muertes.

Las autoridades federales informaron que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha destinado un millón de dólares en asistencia para apoyar la respuesta estatal, mientras los CDC colaboran con las autoridades locales para investigar los patrones de transmisión del virus.

Este repunte ocurre bajo la dirección del secretario de Salud federal, Robert Kennedy Jr., conocido por su postura crítica hacia las vacunas. Desde su departamento se indicó que la vacunación continúa siendo una herramienta clave para prevenir el sarampión, aunque funcionarios federales han señalado que se evalúan las dinámicas específicas de transmisión en cada brote.

El subdirector principal de los CDC, Ralph Abraham, sostuvo recientemente que aún no se ha demostrado una transmisión continua del sarampión a partir del brote previo en Texas, un elemento clave para preservar el estatus de Estados Unidos como país libre de sarampión. No obstante, expertos en salud pública advierten que la concentración de casos en comunidades con baja vacunación representa un riesgo significativo de expansión.

El sarampión es una enfermedad viral prevenible mediante vacunación, pero puede causar complicaciones graves, especialmente en menores de edad y personas no inmunizadas, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a reforzar la inmunización y la vigilancia epidemiológica

La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés), Annette Martínez Orabona, reiteró la oposición de la organización al Proyecto del Senado 923, que enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para redefinir el concepto de “ser humano” como el “concebido en cualquier etapa de gestación”, y exhortó a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar la medida.

Aunque el proyecto fue enmendado durante su trámite legislativo para especificar que la nueva definición no debe alterar el derecho al aborto en Puerto Rico, la ACLU sostuvo que mantiene su rechazo a la medida por entender que no contó con una discusión adecuada ni con la participación de todas las partes afectadas.

“Aunque el Proyecto del Senado 923 fue enmendado como parte de su trámite expedito en la Legislatura, para especificar que la alteración en la definición de ‘ser humano’ en nuestro Código Penal aplica a instancias que no deben alterar el derecho al aborto en Puerto Rico, la ACLU de Puerto Rico mantiene una postura en contra de esta medida y exhorta a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar el proyecto”, dijo Martínez Orabona.

Martínez Orabona señaló que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de forma expedita y sin celebrar vistas públicas, lo que, a su juicio, coarta el derecho participativo y deja al país sin un historial legislativo claro que permita interpretar correctamente la intención de la ley en un tribunal. Indicó que, de surgir controversias judiciales, debería constar de manera oficial que el proyecto no tiene relación con el derecho al aborto, responsabilidad que —afirmó— el liderato legislativo no cumplió.

“El Senado, como ha hecho costumbre desde el pasado año, aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas. Igual proceder tuvo la Cámara de Representantes, añadiendo enmiendas de forma apresurada (…) Este proceder no solo coarta el derecho participativo que enmarca la democracia, si no que nos deja desprovistos de un récord o historial legislativo que recoja de forma oficial esas expresiones”.

La directora ejecutiva de la ACLU advirtió además que, aunque el proyecto plantea en su exposición de motivos la intención de armonizar disposiciones civiles y penales, su efecto real ha sido generar incertidumbre y confusión jurídica. Recordó que, tras la radicación de la medida, la propia gobernadora expresó públicamente su intención de retirarla al entender que se había presentado por error y que el asunto ya estaba cubierto por la legislación que se buscaba armonizar.

“Aunque el Proyecto del Senado 923 busca, según su exposición de motivos, mantener coherencia entre disposiciones civiles y penales, el efecto real es haber creado incertidumbre y confusión (…) La gobernadora tiene ante sí los elementos suficientes, incluyendo su propio récord público, para vetar este proyecto”, concluyó.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reaccionó este sábado luego de que se informara que varios jugadores boricuas de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) no recibieron autorización para participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pautado para el mes de marzo.

A través de un comunicado de prensa publicado en la plataforma social Facebook, González Colón detalló que sostuvo conversaciones con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles. De la misma forma, indicó que la no autorización de siete de los atletas debe ser “reevaluada de manera inmediata”.

“Hablé con José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol y Tuti Muñoz, promotora del Clásico del Caribe, evento en el que el Gobierno de Puerto Rico es el mayor auspiciador. Ante el reclamo legítimo del presidente de la Federación, nos unimos a su petición de reconsiderar la autorización para que nuestros estelares jugadores puedan participar”, dijo la primera ejecutiva.

Y agregó: “Consideramos que la no autorización de siete de nuestros atletas debe ser reevaluada de manera inmediata. Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con el orgullo de nuestra isla, apoyando a quienes nos representan con talento y dedicación”.

González Colón señaló, además, que espera hablar con Jim Small, presidente del WBC, para buscar alternativas.

“Estaremos pendiente a la decisión final y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que tengamos a los nuestros jugando”, concluyó la mandataria, quien dijo considera “otras gestiones”.

Más temprano, Quiles afirmó que se encuentra evaluando la posibilidad de que la selección nacional de la isla no participe del WBC. A través de una entrevista con Jay Fonseca en YouTube, Quiles se mostró frustrado ante la situación de los jugadores principales de la plantilla, como Francisco Lindor y Carlos Correa, que no podrán vestir el uniforme de Puerto Rico.

“Es posible que Puerto Rico vaya a presentar una plantilla que no es la que el país está esperando, y más cuando MLB determina que una de las sedes será Puerto Rico para que las estrellas jueguen y ellos no le permitan a las estrellas de Puerto Rico jugar”, expresó Quiles.

El presidente federativo fue enfático en que se está considerando seriamente que Puerto Rico no participe del torneo.

“Ya está considerado. Si no podemos participar en igualdad de condiciones, está discutido. Estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico; vamos a ver qué pasa en estos días. La decisión está casi tomada de que Puerto Rico no participe”, dijo.

Sus expresiones se dan luego de que, en horas de la tarde del viernes, las Grandes Ligas enviaran una carta a la federación indicando que múltiples jugadores, entre los que también se encuentra José Berríos, no podrá participar del torneo.

En horas de la madrugada del sábado, la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas también informó que Francisco Lindor no podrá participar.

En la publicación, se indica que la ausencia de Lindor se debe a una operación de limpieza que se le realizó en el codo derecho.

“Debido a la operación de limpieza que Francisco Lindor se realizó en el codo derecho a principios de esta temporada baja, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026”, lee la comunicación.

“Francisco está obviamente decepcionado por no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones del seguro del CMB, no es elegible para jugar en los juegos del CMB. Participará plenamente en todas las actividades de los entrenamientos de primavera”, añade.

Lindor representa otra importante baja para el equipo, luego de que Carlos Correa también anunciara que no podrá vestir el uniforme de la isla en el torneo.

Correa confirmó al medio The Athletic que su decisión se debe a la falta de seguro en su contrato con los Astros de Houston, que podría poner en riesgo su salario de $31 millones si sufre una lesión durante el torneo.

“Es demasiado riesgo para tomar, jugar sin seguro”, dijo a The Athletic.

La FBPR sometió en diciembre de 2025 la lista preliminar de 35 jugadores, como parte del proceso de conformación del equipo nacional que representará a la isla.

Cabe destacar que Puerto Rico es la sede de la primera ronda del torneo, que se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn.

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan el hallazgo de una osamenta reportado en la mañana del viernes en el barrio Ensenada, en el municipio de Rincón.

Según informó la Policía, una llamada al Distrito de Rincón alertó a las autoridades sobre el hallazgo de lo que aparentaba ser un cráneo humano en la carretera PR-115, kilómetro 15.6. Al llegar al lugar, los agentes realizaron una búsqueda por el área y localizaron una osamenta cubierta por árboles secos, cerca de una pendiente.

El caso es investigado por el agente Ángel Morales Acevedo, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Ariel Irizarry, en unión al fiscal Shaquille Mercado Rivera.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la identidad de la osamenta ni sobre las circunstancias del hallazgo, mientras continúa la investigación.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José “Che” Pérez, anunció este sábado la radicación de un proyecto que busca adiestrar a todo el personal gubernamental dispuesto a certificarse como guardavidas o rescatistas acuáticos.

La iniciativa pretende evitar el ahogamiento de personas en las alrededor de 799 millas de costas en Puerto Rico.

“El programa de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), actualmente cuenta con una matrícula de menos de 30 guardavidas, y la mayoría están destacados en los cuatro balnearios que administra la agencia. Además, los fenómenos climáticos y las marejadas inusuales, producto del cambio climático, agravan los riesgos, afectando tanto a la población local como al turismo, el cual constituye una parte vital de la economía de Puerto Rico. Este proyecto viene a atender una situación particular con una solución real y ejecutable a corto plazo”, expresó el Representante por Acumulación.

El Proyecto de la Cámara 1040 crearía la nueva “Ley de Capacitación de Servidores Públicos como guardavidas de Puerto Rico”.

“Resulta necesario crear un programa estructurado y permanente de capacitación para servidores públicos, que permita que personal dispuesto de todas las agencias, puedan ser adiestrados como guardavidas certificados. Este programa no solo fomentará la prevención de tragedias, sino que también desarrollará un cuerpo de servidores públicos hábiles que puedan ser activados en situaciones de emergencia nacional, eventos atmosféricos extremos, desastres naturales o durante los meses de mayor flujo turístico, conforme a la política pública establecida por el Gobierno”, agregó el legislador.

La pieza legislativa, radicada el pasado 13 de enero, también establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificará y asignará los fondos necesarios para la ejecución inicial del programa, y deberá incluir partidas recurrentes.

De acuerdo a la data más reciente del Instituto de Ciencias Forenses, en el 2025, 10 personas fallecieron ahogadas en las playas, 9 en ríos o charcas y dos en piscinas privadas.

En septiembre de 2025, Pérez convocó a 15 agencias y entidades sin fines de lucro, así como alcaldes, a una reunión cumbre en El Capitolio para atender la crisis de ahogamientos en Puerto Rico, esto ante la histórica cifra de 21 personas ahogadas el año pasado.