El junte multisectorial contra los aumentos a la factura de luz advirtió sobre las posibles consecuencias nefastas de la decisión emitida la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos relacionada con el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El grupo, compuesto de organizaciones comerciales, religiosas, cooperativistas, titulares de condominios, sindicales, ambientales, comunitarias, educativas, culturales, profesionales y de trabajadores y pensionados enfatizaron que el pueblo no puede costear más aumentos a la luz para pagarle a los bonistas dado las condiciones actuales de la economía del país y las condiciones del sistema eléctrico.

“La jueza recibió cientos de testimonios de ciudadanos, personas jubiladas, personas cuya salud depende de equipo médico, trabajadores, comerciantes y muchos otros que coinciden que no es posible soportar más aumentos en la tarifa de un sistema eléctrico que no sirve,” planteó la Lcda. Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

“La decisión del Primer Circuito es preocupante, porque no toma en consideración la situación actual de la AEE, y al no hacerlo abre la puerta a comprometer a todos los consumidores a un pago a los bonistas que resulte insostenible y mayor aún del que propuso la Junta de Control Fiscal”, añadió.

La decisión del tribunal apelativo apoyó parcialmente el argumento de un grupo de bonistas de la AEE quienes plantearon que tienen un reclamo de $8.5 mil millones de dólares de la AEE, no solamente los $2.388 mil millones que la jueza determinó el año pasado. No obstante, el tribunal también dijo que los bonistas no necesariamente van a recibir esa cantidad, sino que solo tienen derecho a los ingresos netos futuros de la AEE, y le dejaron a la jueza Swain estimar la magnitud de esta cantidad. Aunque la AEE puede generar ingresos nuevos aumentando la tarifa, no puede hacer esto sin límite porque los nuevos aumentos también provocarán menos ventas de electricidad a través de cierres de negocios, migración fuera de la isla o instalaciones de sistemas fotovoltaicos.

“Ahora está en las manos de la jueza Swain determinar si es viable para el sistema eléctrico generar ingresos adicionales a través de más aumentos en la tarifa para pagarle a los bonistas,” explicó Edna Diaz, vicepresidenta del Centro Unido de Detallistas. “No es viable para nosotros costear más aumentos en la factura para pagarle a los bonistas mientras el sistema eléctrico sigue empeorando. Ya nuestros pequeños comerciantes estamos sufriendo los apagones constantes y las pérdidas económicas que conllevan”, insistió Blondet.

De igual forma, Juan Rosario, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE planteó que cada dólar que se paga a los bonistas es un dólar que no se está invirtiendo en la rehabilitación del sistema eléctrico.

“No va a haber dinero que sobra si tomamos en consideración las inversiones urgentemente necesarias para restablecer una red eléctrica confiable. Los bonistas que están insistiendo en que se les paguen $8.5 mil millones están completamente desvinculados de la realidad diaria del pueblo de Puerto Rico”, destacó Rosario.

En el caso de los residentes de condominios, la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, la Lcda. Marimar Perez-Riera señaló el impacto de más aumentos a la luz en este sector.

“Los titulares de condominios son quienes van a sufrir el doble impacto de esta decisión, pagando, no solamente un aumento para su consumo individual, sino también uno para los gastos operacionales del condominio. Además, lamentablemente muy pocos de los titulares tienen la opción de instalar sistemas fotovoltáicos para mitigar el impacto de aumentos a la luz, así quedando secuestrados al costo impuesto por LUMA,” puntualizó.

La jueza Swain programó una conferencia judicial para el 10 de julio en donde las partes van a conversar las implicaciones de la decisión para el Plan de Ajuste de la Deuda AEE que está actualmente frente a la jueza. Este plan de ajuste propone aumentar la tarifa durante los próximos 35 años para pagar $2.5 mil millones en deuda de la corporación pública.

Según explicó el licenciado, Rolando Emmanuelli Jiménez, en una entrevista previa con Metro Puerto Rico, las reglas de las leyes de quiebra establecen que “si no hay ingreso neto, los bonistas no cobran”.

“No es correcto (que hay que pagar toda la deuda) porque la decisión solamente atiende el aspecto técnico de la naturaleza de los bonos y lo que resuelve, que es importante y que cambia el juego, es que la garantía de los bonistas se extiende al flujo de efectivo neto de la Autoridad, tanto presente como futuro. Y eso es diferente a lo que la jueza (Laura Taylor Swain) resolvió, que era que la garantía se extendía a las cuentas donde efectivamente se había depositado ese ingreso neto y lo que hizo ella fue calcular entonces lo que no estaba asegurado. Y ahí, fue que llegó a los $2.3 billones de dólares, pero ya esa suma de dinero, que supuestamente era lo que se debía a los bonistas, se descarta. El Circuito dice que así no es, que se calcula el valor de los bonos, dice que es el valor, el face value de los bonos, más los intereses acumulados”, aclaró Emmanuelli Jiménez.

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Las autoridades informaron este jueves, una muerte violenta, reportada a eso de las 10:53 de la mañana, a orillas de la carretera 459, frente Automeca Technical College, en el pueblo de Aguadilla.

De acuerdo al reporte de la Uniformada, recibieron una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, la cual alertaba que se encontró el cuerpo de un hombre en la mencionada carretera.

Al llegar los agentes a la escena, se toparon con el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

Los agentes hallaron varios casquillos de bala en el lugar.

Agentes de la División de Homicidios, investigan este incidente.

Identifican a hombre asesinado en salida de Los Paseos en Cupey

Un hombre fue asesinado en pleno expreso en la zona de Cupey, en San Juan poco después de la 1 de la madrugada. Sicarios abrieron fuego en la vía pública donde las autoridades recuperaron sobre 200 casquillos de bala.

Agentes, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, fueron alertados sobre una muerte violenta, en la salida de Los Paseos, San Juan, hacia el pueblo de Caguas. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron un auto Toyota Yaris color gris con varios impactos de bala y en su interior el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Javier A. Figueroa Galarza, de 22 años.

Paramédicos del municipio se personaron al lugar e indicaron ausencia de signos vitales.

Figueroa Galarza poseía expediente criminal por Infracciones a la Ley de Armas.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

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El candidato a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Popular Democrático (PPD), el licenciado Pablo José Hernández Rivera, informó que en su visita a la capital federal le ha expresado a los congresistas que deben enfocarse en la crisis de energía que enfrente la Isla y no en debatir sobre el tema del estatus político de Puerto Rico.

“Durante mi más reciente visita a Washington me reuní con los encargados del tema de energía en las oficinas de seis senadores que pertenecen, precisamente, al Comité de Energía. El grupo incluyó demócratas y republicanos. En cada una de las reuniones los dos temas principales fueron la crisis energética de la Isla y el estatus”, detalló Hernández Rivera, quien afirmó existe consenso bipartita para atender el tema energético.

Con relación al estatus del Archipiélago, Hernández Rivera concluyó que existe consenso en que el tema del estatus “no va a avanzar en este Congreso y existe resistencia republicana a la estadidad, por una cuestión política y fiscal”. Además, dijo impera “un ambiente de ignorancia así como de receptividad sobre la inclusión del Estado Libre Asociado (ELA) y su mejoramiento”.

En términos del estatus, Hernández Rivera repasó: “El mero hecho de que la vista se celebrara a nivel de subcomité un martes por la tarde antes de un día feriado, era indicativo de la poca prioridad que tenía. Las vistas de estatus suelen llevarse a nivel del Comité de Energía en pleno. Esto evidencia la falta de interés en el tema, el cual quedará en suspenso, ya que apenas quedan seis semanas de sesión las cuales se centran en temas más relevantes y simbólicos para las elecciones generales”, aseguró mientras informó que la vista pautada para el pasado martes fue suspendida por un asunto de calendario.

Al momento se desconoce sí en efecto se convocará una nueva vista para discutir el futuro del estatus de Puerto Rico.

“De mis reuniones concluyo que los republicanos querían que la vista se celebrara, no para adelantar el tema, sino para atacar a los demócratas por el manejo de este. Específicamente, objetaban que el tema se discutiera a nivel de subcomité y que el proceso estuviera diseñado para fabricar una mayoría artificial a favor de la estadidad mediante la exclusión del ELA”, sostuvo el aspirante a la silla en Washington D.C.

“Oí críticas a los llamados delegados o cabilderos de la estadidad también. Además, existe confusión sobre la diferencia entre el ELA y la libre asociación, lo que me permite deducir que tienen la impresión de que los populares estamos representados en dicha fórmula. La realidad es que existe consenso en que el proyecto de estatus no se atenderá por este Congreso”, afirmó Hernández Rivera, quien dijo está listo para deponer ante cualquier foro sobre su postura con relación a los temas medulares de la isla que incluyen el desarrollo económico y el bienestar social.

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La investigación preliminar del Departamento de Justicia sobre unos contratos municipales suscritos por el exalcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado Montalvo, concluyó que no existen elementos constitutivos de delito para tomar acción penal, informó el jueves el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

“La conclusión de Justicia fue justificada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), que aunque acogió la recomendación de no tomar acción penal, entiende que el asunto merece un examen más profundo desde el punto de vista administrativo,” expresó Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

La querella presentada por el actual alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, buscaba que se examinara si los contratos suscritos con el licenciado Edgar Sánchez Mercado y el contratista Gerry Díaz Santiago desviaron fondos públicos para la defensa de Delgado Montalvo. La preocupación de Alicea Vasallo radicaba en la vaguedad de los informes suscritos por estos contratistas, careciendo de una descripción detallada de sus servicios.

Aunque la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia no encontró ilegalidad, el Panel encontró preocupaciones administrativas fuera de su jurisdicción penal. Estas preocupaciones fueron detalladas para el referido a la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.

El Panel señaló que “la contratación de servicios profesionales o consultivos se debe realizar excepcionalmente y solo cuando la entidad gubernamental no cuente con los recursos internos necesarios o cuando la experiencia del contratista sea necesaria para los fines contratados,” según el Artículo 2 de la Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA.

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